Email
- Los diputados consideraron que en el país persiste la represión y persecución sistemática contra opositores al gobierno de Nicolás Maduro
Un total de 243 parlamentarios de 12 países de Latinoamérica emitieron un comunicado el 27 de marzo para respaldar la investigación que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) contra el gobierno de Nicolás Maduro por cometer presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Los diputados que conforman esta misiva pertenecen a estos países:
-Argentina
-Chile
-Bolivia
-Costa Rica
-Colombia
-Honduras
-Guatemala
-México
-Panamá
-Perú
-República Dominicana
-Uruguay
“Apoyamos plenamente las Investigaciones que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva a cabo actualmente en virtud del Estatuto de Roma, sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno venezolano para exigir la responsabilidad a sus autores”, reza el comunicado que fue compartido por el diputado argentino Damián Arabia en su cuenta en X.
En la misiva, los parlamentarios consideraron que en Venezuela continúa la represión y persecución sistemática contra los venezolanos luego de la ola de “detenciones arbitrarias” y otros crímenes establecidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma contra miembros y directivos de partidos políticos, periodistas, activistas y quienes se manifiestan en contra del gobierno de Maduro.
https://x.com/DamianArabia/status/1772965206890545184?s=20
La investigación de la CPI contra Venezuela
Desde el año 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal debido a la muerte de más de 150 personas durante las protestas antigubernamentales que se desarrollaron en el país durante el año 2017.
El 1° de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI emitió una sentencia sobre la reanudación de la investigación por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela, luego de que el gobierno de Maduro interpusiera un recurso para suspender dicha investigación en el año 2022.
La CPI insistió en que el gobierno de Maduro no tendrá acceso a información de las víctimas que enviaron denuncias.
“No encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”, señaló Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el caso de Venezuela I.
De acuerdo con esta decisión, el organismo internacional negó los recursos presentados por el gobierno de Nicolás Maduro. Consideró que el Estado venezolano no ha colaborado en la investigación de supuestas violaciones de derechos humanos.
En relación con las denuncias, la Sección de Participación y Reparación de la Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) recaudó 127 documentos suministrados por víctimas, los cuales fueron remitidos a los jueces de la Sala de Apelaciones de la CPI. En los documentos entregados se exponen casos de homicidio, torturas, desaparición forzada, encarcelamiento, violaciones, violencia sexual, entre otros.
Otras denuncias llevadas a la CPI contra Maduro
El 26 de marzo, la abogada Tamara Suju entregó a la CPI un informe sobre la presunta intervención del gobierno de Cuba en crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
“Hemos solicitado que se investigue dicha intervención dentro de la investigación que la Fiscalía realiza por el caso Venezuela I. Hoy hemos cumplido con el mandato de las víctimas que quieren que se haga justicia en sus casos”, escribió Suju en su cuenta en X.
La abogada acompañó la publicación con un video desde la sede ubicada en La Haya (Los Países Bajos), en el que aseguró que el gobierno cubano ha planificado e inducido los crímenes de lesa humanidad “con participación directa e indirecta”.
Otro caso que fue llevado a la Corte Penal Internacional fue el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Chile. Los antecedentes de este caso fueron entregados a la CPI por el abogado Juan Carlos Manrique el 12 de marzo, en representación de la familia del venezolano.
En una entrevista para el medio chileno La Tercera, Manrique comentó que esperaban que la Fiscalía de la CPI analice si este hecho puede ser considerado en la investigación que hay sobre el gobierno de Venezuela.
“Esperamos que, cumpliéndose los criterios, la Corte, que no ve casos individuales, sino que se dedica a la macrocriminalidad, incorpore este caso como un ejemplo más del uso de una política sistemática. Le va a corresponder a la Fiscalía. Nosotros vamos a seguir actuando de manera objetiva”, expuso el abogado.
