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- Representantes del sector privado, economistas y el gobierno de Nicolás Maduro coinciden en la necesidad de una reforma en el sistema de Seguridad Social en Venezuela | Foto principal: José Daniel Ramos
La Asamblea Nacional (AN) aprobó el 7 de mayo la Ley de Protección de Pensiones. Esto con el propósito de “proteger” a las personas de la tercera edad de lo que calificó el presidente de la República, Nicolás Maduro, como un “bloqueo imperialista”.
Dicha resolución fue propuesta por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el 1° de mayo y Maduro confirmó dos días después que iría a discusión en la AN, sin que se consultara previamente con representantes del sector privado de Venezuela, pese a que la Federación de Asociaciones de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) entregó el 6 de mayo un proyecto de ley para ser discutido con el Parlamento.
A pesar de que la Ley de Protección de Pensiones fue aprobada sin consultar a las miembros de la asociación, Fedecámaras y el gobierno de Maduro coincidieron en la necesidad de formar un sistema de Seguridad Social para mejorar las garantías de los pensionados.
¿Beneficia o no a los pensionados?
El economista Andrés Guevara explicó el 9 de mayo en una entrevista para El Diario cuáles son las posibles consecuencias para trabajadores, pensionados y empleadores de la Ley de Protección de Pensiones. Destacó que la medida debe ser consistente con la realidad del mercado venezolano y no volverse una “carga parafiscal” para los empleadores.
Guevara señaló que la ley podría tener un impacto negativo en el sector privado, debido a que, a su juicio, no está acompañada de un “sentido de productividad” de las empresas y de un crecimiento empresarial.
En relación con los pensionados, Guevara recordó que el sistema de pensiones está basado en acumulación de ingresos en función del trabajo desarrollado en el tiempo, siempre y cuando se cumplan los parámetros legales. Sin embargo, si se cumple lo advertido por Guevara sobre la informalidad laboral, las personas pensionadas no se verán beneficiadas, debido a que no cotizararían lo que les corresponde.
“Todavía está el gran dilema sobre cómo se va a implementar esto (la ley), aún tenemos ese espacio para esperar. Creo que la vía hacia el sistema de pensiones y de retiro en Venezuela debería ser más hacia un nivel de entendimiento entre empleadores y empleados, en lugar de verlo como una carga para el empresario”, dijo el experto.
Añadió que actualmente el sector privado se encuentra en un momento complejo, especialmente las microempresas debido al nivel de costos operativos. Esto podría desencadenar en reducción de nómina, disminución de los papeles salariales, la pérdida del sentido de carrera de los empleados y la baja de la moral del ambiente organizacional.
Guevara instó al Estado a buscar medidas enfocadas en la productividad, generación de riqueza y la maximización del bienestar de los trabajadores. A su juicio, la Ley de Protección de Pensiones no cumple con estos parámetros.
“Pareciera que está más relacionado con un tema de coyuntura y no sé hasta qué punto se prevé las implicaciones que podría tener para la economía”, enfatizó.
Lo que dice la Ley de Protección de Pensiones
El debate entre el Estado y representantes del sector privado sobre si beneficia o no la Ley de Protección de Pensiones recae en que se estableció una nueva contribución de hasta 15 % de las empresas en lo que tiene que ver con salarios y bonos.
“El monto de la contribución especial prevista en esta Ley será de hasta el quince por ciento (15 %) del total de los pagos realizados por el contribuyente a las trabajadoras y trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial”, dicta el artículo 7 de la ley.
La resolución está compuesta por 13 artículos, entre los cuales, se señala que esta contribución será de tributario y especial, lo que implicará un ingreso adicional para el pago del fondo de pensiones.
Antes esto, el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, calificó la ley como un nuevo elemento de “presión fiscal” sobre el sector privado, a través de un video que publicó el 9 de mayo en su cuenta de X (antes Twitter).
“El Estado no tiene cómo financiar el sistema de pensiones (con más de 4 millones de pensionados), por eso piensa trasladar la responsabilidad del sostenimiento del sistema de pensiones al sector privado”, aseveró Oliveros.
El experto explicó que, en promedio, más del 50 % de la ganancias de una empresa van destinadas al pago de impuestos por lo que alertó que las más afectadas con la Ley de Protección de Pensiones serán los pequeños y medianos comercios.
A su juicio, el carácter discrecional de dicha ley podría crear niveles de diferenciación y competencia desleal, debido a que algunos sectores están exentos del pago de la alícuota o que la tasa fijada sea menor.
Oliveros concluyó, al igual que Fedecámaras, la importancia de crear un nuevo régimen de pensiones que incluya una reforma de Estado, ajustes en la Ley del Trabajo y un sistema de pensiones que permita la capitalización individual. Esto siempre y cuando haya un consenso integral entre el gobierno de Maduro y el sector privado en Venezuela.
