-- Publicidad --
  • De acuerdo con el vicerrector administrativo de la UCAB, el pago de esta contribución se vería reflejado en el precio de las matrículas | Foto principal: Jose Daniel Ramos @danielj2511

El vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Gustavo García, manifestó que las instituciones educativas no deberían pagar el 9 % correspondiente a la contribución especial fijada en la Ley de Protección de Pensiones.

El académico expresó que desde el gremio se han hecho diligencias ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) para que el sector educativo quede exonerado del pago de este impuesto.

Agregó que el impacto que sufrirían las universidades por la contribución especial establecida en la Ley de Protección de Pensiones sería similar al de los colegios debido a que son instituciones que prestan un servicio sin fines de lucro.

El único mecanismo que te queda es trasladar el costo de este tributo por la vía del precio a las familias”, dijo García en declaraciones reseñadas por el sitio web de Banca y Negocios. Asimismo, indicó que la UCAB tiene un año sin incrementar la matrícula de estudio.
Las universidades venezolanas no están preparadas para el regreso a clases
Foto: El Diario

A juicio del vicerrector administrativo de la UCAB, el pago de este tributo le hace “poco favor” a las instituciones educativas en términos generales.

-- Publicidad --

Por su parte, la miembro del consejo directivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, considera que este impuesto significa una “violación al derecho a la educación”, debido a que las instituciones educativas no desarrollan actividades económicas.

“Se ha violentado la normativa legal trasladando a la familia venezolana el impuesto y el Estado está evadiendo su responsabilidad como garante del derecho a la educación”, destacó Hernández.

En entrevista con el Circuito Éxitos, la líder gremial exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que las instituciones educativas sean excluidas de la obligatoriedad de pagar esta contribución.

La posición de la Andiep sobre la Ley de Protección de Pensiones

Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), advirtió el 5 de junio que la mensualidad de los colegios privados en Venezuela podría aumentar hasta un 6 %, debido a la contribución especial para el fondo de pensiones que entró en vigencia el 16 de mayo de 2024.

El decreto de la Ley de Protección de Pensiones podría incrementar entre 4, 5 y 6 % la mensualidad de cada estudiante, esto se debe a que la institución académica debe multiplicar el número de trabajadores que tiene por los dólares que percibe, a tasa del Banco Central de Venezuela, y eso debe ser dividido entre el número de estudiantes. La variación depende de la cantidad de alumnos”, detalló Romeo en una entrevista para El Diario.

Asimismo, indicó que este aumento aplicará para el periodo escolar 2024-2025, sin embargo, los padres, madres o representantes deben cancelar un retroactivo debido a que el decreto entró en vigor el 16 de mayo, cuando fue publicado en Gaceta Oficial.

“Los padres (madres o representantes) tendrán que pagar un retroactivo de mayo, junio, julio y agosto, en caso de haber pagado estos dos últimos por adelantado. Es decir, tienen que pagar el ajuste de las cuotas de escolaridad”, señaló Romeo.

Organizaciones científicas y médicas advierten sobre las consecuencias del regreso a clases presenciales sin planificación
Foto: El Diario

El decreto de la Ley de Pensiones

Mediante el decreto N° 4.952 de la presidencia de la República, el presidente Nicolás Maduro estableció que el monto a pagar por parte de las empresas privadas en Venezuela para la contribución especial implementada en la Ley de Protección Especial de Pensiones será del 9 %.

De acuerdo con la Gaceta Oficial, las empresas inscritas en el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE) no tendrán que pagar este impuesto ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) por un año a partir de la promulgación de ese decreto presidencial.

“El plazo máximo de duración del beneficio de exoneración establecido en este decreto será de un año, contado a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela”, dice la resolución en su artículo 4.

Noticias relacionadas