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  • La falta de claridad sobre el alcance del reglamento y el desconocimiento de su impacto por parte de los representantes resulta contraproducente para la educación venezolana debido a que, según expertos consultados por El Diario, la contribución representa un incremento de la carga financiera para las familias

A Mariana*, representante de un alumno de tercer grado en una escuela privada de Caracas, le notificaron de manera verbal que, además de la mensualidad de lo que debía por el periodo escolar, tenía que pagar adicionalmente 4 dólares por cada cuota pendiente a propósito de la Ley de Protección de Pensiones.

El anuncio implicó que Mariana tuviera que planificar un nuevo presupuesto. Accedió a pesar de las dudas, pero no dejó de pensar en los padres que tienen dos y tres hijos inscritos en la institución educativa y que deben asumir esta nueva carga económica. 

A Martha* le tocó otro escenario. En el colegio le informaron que la administración asumirá el importe relacionado con la Ley de Protección de Pensiones, que entró en vigencia el 8 de mayo de 2024. Sin embargo, le informaron que será una medida temporal hasta septiembre, según le comentaron, mientras el plantel modifica su estructura de costos para el nuevo año escolar.

La representante explicó que para el comienzo de clases de su hija (septiembre) debe pagar 65 dólares solo por concepto de la mensualidad, cuando anteriormente el monto era de 50 dólares. Por eso considera que este aumento, derivado de la ley de pensiones que ahora pesa sobre los colegios privados, será contraproducente para ella, teniendo en cuenta los gastos administrativos del retorno a las aulas. 

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En el caso de la institución donde estudia el hijo de Daniela*, la cual es subvencionada, se acordó la cotización de la inscripción valorada en 200 dólares. Este monto incluye insignia, control de pago, consejo consultivo y dos meses de mensualidad, que se fijó en 50 dólares. 

Una institución subvencionada Es un establecimiento educacional que recibe financiamiento del Estado, pero al mismo tiempo puede cobrar una mensualidad por cada estudiante

Daniela mencionó que en la reunión se planteó el ajuste de los costos para cubrir el nuevo impuesto de protección a las pensiones. “También dijeron que el colegio asume una ayuda adicional para los maestros, además de sus sueldos y bonos, aunque no especificaron el monto”, agregó.

La representante esperaba un monto mayor para cubrir el nuevo impuesto de protección a las pensiones, ya que anticipaba que el reglamento exigiría una mayor contribución. Sin embargo, teme que la institución educativa se vea en la obligación de quebrantar estos acuerdos debido a la carga tributaria. 

Colegios ante la improvisación y falta de información clara 

Regreso a clases presenciales
Foto: Archivo

La Ley de Protección Especial de Pensiones es un reglamento para exigir al sector privado pagar mensualmente hasta el 9 % del total de su nómina a un fondo especial para financiar este gasto público. Sobre este punto, un empleado administrativo de una institución privada, quien prefirió resguardar su identidad, dijo para El Diario que actualmente existe mucho desconocimiento sobre cómo comenzará a afectar la ley de pensiones a las instituciones educativas privadas y a los representantes del gremio. 

La persona expresó que el porcentaje, que corresponde al reglamento, no está incluido en la estructura de costos de los colegios. En ese sentido, afirmó que algunos planteles educativos durante junio, julio y agosto no aumentaron las cuotas, ya que asumieron el pago sin tener una fuente económica para cubrirlo. Sin embargo, advirtió que los representantes educativos deben obligatoriamente ajustar los precios en el nuevo año escolar para seguir subsistiendo.

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A su juicio, la contribución se traduce en un impacto directo en las finanzas de las instituciones, sin ofrecer un retorno directo para la mejora de las condiciones laborales del personal docente o de las infraestructuras educativas.

“La realidad es que los planteles privados deben hacer aumentos para el periodo escolar que inicia en septiembre de 2024. Pero actualmente hay mucha desinformación y algunos padres no se han enterado de esta ley”, señaló el trabajador.

Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), dijo en junio de 2024 en una entrevista para El Diario que la mensualidad de los colegios privados en Venezuela podría aumentar hasta un 6 %, debido a esta contribución especial.

El representante explicó que la institución académica debe multiplicar el número de trabajadores por el monto en dólares que recibe, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) y luego dividir ese total entre el número de estudiantes. La variación en los costos dependerá de la cantidad de alumnos.

Organizaciones exigen la exoneración para el sector educativo privado

Unicef alerta sobre bajos niveles de aprendizaje y abandono escolar tras dos años de pandemia
Foto: Archivo

Tanto la Andiep como la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) han hecho pronunciamientos públicos para promover la exoneración de esta ley y que no aplique a los colegios privados y subvencionados. 

Nancy Hernández, fundadora de Fenasopadres, afirmó para El Diario que es crucial que el Estado venezolano considere una exoneración para los planteles educativos privados, dado que estas instituciones funcionan como asociaciones civiles sin fines de lucro. 

Para Hernández, esto significa que los propietarios de los colegios no obtienen ninguna ganancia adicional de su actividad educativa. Además, a su juicio, el sector educativo privado ya está severamente afectado por las cargas económicas impuestas, lo que agrava la situación.

¿Quiénes están exonerados de la ley de protección de pensiones? (recuadro)

La Gaceta Oficial Nº 42.881 establece que quedan exonerados del pago de la contribución especial los emprendimientos registrados ante el Registro Nacional de Emprendimientos (RNE).

La representante destacó que los colegios privados deben presentar y registrar sus operaciones ante la zona educativa bajo el riesgo de enfrentar problemas si no cumplen adecuadamente. La vocera también señaló que esta exigencia puede depender de la interpretación y disposición del funcionario encargado del registro, lo que introduce una dosis de arbitrariedad y dificultad adicional. 

En su opinión, dado el contexto económico actual, es fundamental que se promueva una exoneración para aliviar la presión financiera sobre los colegios privados y permitirles continuar con su labor educativa sin los obstáculos adicionales impuestos por estas regulaciones.

Hernández resaltó que el costo de la ley termina cayendo sobre la familia venezolana, porque asegura que el impuesto se transfiere directamente al fisco nacional, sin que se especifique cómo, cuándo y de qué manera beneficiará al sector educativo. 

“La propuesta es muy vaga, con espacios grises y oscuros en los cuales no se sabe dónde terminará el dinero ni cómo se reducirá el beneficio para los trabajadores”, opinó Hernandez. 

La falta de claridad y las irregularidades en el proceso de socialización de esta legislación, como señaló la representante, plantean serias preocupaciones para el sector educativo venezolano. La puesta en práctica del impuesto resultaría contraproducente porque, a su juicio, llevaría a muchos padres a migrar del sector privado por razones económicas. En ese sentido, en lugar de beneficiar al sector, Hernández concluyó que la ley de protección de pensiones se traduce en un aumento de la carga financiera que perjudica directamente a los estudiantes y sus familias.

*Algunos de los nombres fueron sustituidos por solicitud de los entrevistados. 

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