- El Poder Legislativo aprobó la norma en segunda discusión y por unanimidad
La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó en segunda discusión el 15 de agosto la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, una normativa que tiene como objetivo regular las actividades de estas organizaciones.
Con la nueva ley, las ONG tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “facismo , la intolerancia o el odio”.
Además, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.
Previamente, varios organismos internacionales se pronunciaron en contra de la aceptación de dicha ley por su impacto negativo en los derechos humanos y en la democracia en general, debido a que restringe el derecho de asociación en Venezuela.
Otras implicaciones
La ley estipula que las ONG deberán notificar el financiamiento o donaciones que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, así como declarar las donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.
La normativa también señala que le corresponde al Ejecutivo el seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
La ley contempla la suspensión de una organización social sin fines de lucro por un lapso máximo de 30 días en caso de que esta incumpla las prohibiciones establecidas en esta norma.
En este sentido, la organización alertó a la comunidad internacional que la ley profundizará la persecución a las voces disidentes y “silenciará el espacio cívico que ha resistido los ataques” por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
Críticas a la ley
El 13 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a la AN a abstenerse de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, ya que consideró que se restringiría el derecho de asociación en Venezuela.
“Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, indicó la CIDH en su cuenta de X.
El organismo multilateral resaltó que la discusión y posible aprobación de esta ley se lleva a cabo en un contexto de creciente represión por parte de las autoridades venezolanas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”, solicitó Türk en una declaración leída en Ginebra por su portavoz, Ravina Shamdasani.
