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  • El Poder Legislativo aprobó la norma en segunda discusión y por unanimidad

La Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 aprobó en segunda discusión el 15 de agosto la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, una normativa que tiene como objetivo regular las actividades de estas organizaciones.

Con la nueva ley, las ONG tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “facismo , la intolerancia o el odio”.

Además, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.

De acuerdo con la normativa, los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la disolución de una organización social sin fines de lucro, a la que deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso.

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Previamente, varios organismos internacionales se pronunciaron en contra de la aceptación de dicha ley por su impacto negativo en los derechos humanos y en la democracia en general, debido a que restringe el derecho de asociación en Venezuela.

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Aprobación de la ley

El 24 de enero, la AN inició la discusión de la Ley de Fiscalización, Regulación y Actuación de las ONG, un proyecto impulsado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV),

En ese momento, el diputado Diosdado Cabello señaló que había identificado a 62 ONG que, a su juicio, recibían sus recursos desde otros países y las acusó de operar con fines políticos y de estar presuntamente involucradas en planes de desestabilización contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En este sentido, en la segunda discusión el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición de Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al “terrorismo” porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan “guarimbas” (protestas violentas).

“Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad”, dijo Cabello.

Otras implicaciones

La ley estipula que las ONG deberán notificar el financiamiento o donaciones que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, así como declarar las donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.

La normativa también señala que le corresponde al Ejecutivo el seguimiento y control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.

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La ley contempla la suspensión de una organización social sin fines de lucro por un lapso máximo de 30 días en caso de que esta incumpla las prohibiciones establecidas en esta norma.

La ONG Provea señaló que con la aprobación de la ley se está legalizando “la persecución” hacia la sociedad civil que ha denunciado abusos y acompañado a miles de víctimas “en estos tiempos oscuros para la historia del país”.

Un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país, violentando la independencia (fundamental) de la sociedad civil y amenazando con disoluciones y multas millonarias hacia las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, destacó.

En este sentido, la organización alertó a la comunidad internacional que la ley profundizará la persecución a las voces disidentes y “silenciará el espacio cívico que ha resistido los ataques” por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.

Críticas a la ley

El 13 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a la AN a abstenerse de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, ya que consideró que se restringiría el derecho de asociación en Venezuela.

“Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, indicó la CIDH en su cuenta de X.

El organismo multilateral resaltó que la discusión y posible aprobación de esta ley se lleva a cabo en un contexto de creciente represión por parte de las autoridades venezolanas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El mismo día, el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que rechace los proyectos de ley para regular el funcionamiento de las ONG. 

“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socavan el espacio cívico y democrático en el país”, solicitó Türk en una declaración leída en Ginebra por su portavoz, Ravina Shamdasani.

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