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  • Foro Penal y JEP reportaron que los casos se registraron entre el 29 de agosto y el 1° de septiembre en los estados Táchira, Portuguesa, Bolívar, Yaracuy, Lara, Barinas, Guárico, Mérida, Zulia y Caracas

Diferentes organizaciones de derechos humanos reportaron la excarcelación de varios adolescentes detenidos durante las protestas postelectorales que se registraron desde el 29 de julio. La ONG Foro Penal indicó que en total se verificaron 86 excarcelaciones ocurridas entre el 29 de agosto y el 1° de septiembre.

Se tratan de 74 hombres y 12 mujeres, de entre 14 y 17 años de edad. Todos recibieron medidas cautelares de libertad restringida. Con esto, se reduce a 28 el número de menores de edad que continúan detenidos por las protestas postelectorales, luego de que la cifra llegara a más de 150 en su punto más álgido.

Distribución por estado

De acuerdo con Foro Penal, la distribución por estado de los jóvenes excarcelados fue:

Altos Mirandinos: 8 hombres y 1 mujer.
Caracas: 12 hombres y 4 mujeres.
Amazonas: 1 hombre.
Anzoátegui: 6 hombres.
Bolívar: 3 hombres.
Carabobo: 4 hombres.
Cojedes: 2 hombres.
Lara: 6 hombres y 2 mujeres.
Mérida: 6 hombres y 2 mujeres.
Nueva Esparta: 2 hombres y 2 mujeres.
Portuguesa: 5 hombres.
Táchira: 12 hombres y 1 mujer.
Yaracuy: 1 hombre.
Zulia: 6 hombres.

Preocupación

Tanto Foro Penal, así como otras organizaciones como Provea, Cecodap o Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han denunciado que a los jóvenes detenidos en las protestas se les ha intentado imputar diferentes delitos como terrorismo, incitación al odio, vandalismo o ataque al centinela, los cuales podrían acarrear penas de más de 15 años de cárcel, violando la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna). 

“Es inaceptable que menores de edad sean objeto de detenciones arbitrarias y abusos en el contexto de su derecho a la protesta pacífica. Exigimos la liberación inmediata del grupo restante de adolescentes que aún se encuentra privado de libertad, así como de el respeto a sus derechos conforme a los establecido en la Lopnna y la Constitución”, declaró JEP.

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Por el momento no se sabe la distribución de cuántos adolescentes hay detenidos en cada estado. Solo se han conocido casos puntuales como el de Victoria Morillo, de 16 años de edad, quien había sido detenida en Caracas el 29 de julio y estuvo en el grupo de excarcelados del 29 de agosto. O el de los adolescentes Diego Gallardo (15 años) y Ray Saldivia (14), arrestados en Carúpano, estado Sucre. Fueron trasladados a Caracas sin aviso a sus padres para ser enjuiciados y su paradero actualmente se desconoce. 

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Traslados

#TeExplicamosLaSemana | Domingo 29 de octubre
Penal de Tocuyito, en el estado Carabobo. Foto: EFE/ Rayner Peña R

En los últimos días se han difundido denuncias sobre el traslado de presos políticos de todas las edades a diferentes cárceles desde varios estados del país. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que al menos 700 detenidos habrían sido cambiados de centro hacia las cárceles de Tocorón y Tocuyito, tal como había prometido Nicolás Maduro al inicio de las protestas. También al Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como “Fénix Carabobo”.

En un comunicado, indicó que a los detenidos se les rapó el cabello y vistió con uniformes azules antes de ser trasladados en autobuses sin avisar a sus familiares ni abogados. En redes sociales se pudo ver videos de personas desesperadas corriendo detrás de estos autobuses y pidiendo a las autoridades por lo menos la lista de nombres de los transferidos. 

El OVP indicó que el primer grupo salió el 25 de agosto del Internado Judicial Capital Yare III, donde están la mayoría de los detenidos en Caracas, en al menos 14 autobuses. Luego, el 27 de agosto, se reportaron salidas de transportes desde el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Francisco, estado Zulia, y la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la PNB, en Barinas. Igualmente en calabozos policiales de Táchira y Apure. 

Un caso destacado fue el 30 de agosto en Nueva Esparta, donde un lote de presos políticos de la isla fue subido a un avión con rumbo a La Guaira, donde luego abordaron autobuses hacia una cárcel no especificada. 

“Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza, por lo que desde el OVP estamos monitoreando y documentando la situación. Preocupa en gran medida que estas personas privadas de libertad no han sido sometidas a chequeos físicos ni psicológicos, aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad”, señala. 

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