- A través de un comunicado, el gobierno argentino aseguró que en ese país existe la separación de poderes
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina repudió las órdenes de aprehensión que este 18 de septiembre solicitó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, contra el mandatario de ese país, Javier Milei, y demás funcionarios de su gobierno. En un comunicado, cuestionó la validez del caso de la confiscación de un avión venezolano en territorio argentino como justificación de la investigación penal.
Indicó que el caso del Boeing 747-300 de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur) fue resuelto por el Poder Judicial sin intervención del Ejecutivo. Igualmente, su envío a Estados Unidos en enero de 2024 obedeció al cumplimiento de acuerdos internacionales.
Investigación
Durante unas declaraciones desde el Ministerio Público, Saab indicó que dos fiscales de su organismo adelatan una investigación por el presunto robo del avión de Emtrasur. Indicó que apelará a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional para solicitar la aprehensión del presidente Milei, así como de la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Saab indicó que la convención permite a un Estado ejercer su jurisdicción para intervenir en delitos cometidos contra una aeronave registrada por ese país o contra uno de sus ciudadanos, aunque este ocurra fuera de su territorio. En este caso, el fiscal planea imputar al mandatario y sus funcionarios por delitos como robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad y simulación de hecho punible, entre otros cargos tipificados en las leyes venezolanas.
También informó que otros dos fiscales fueron designados para investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Milei contra el pueblo argentino, basado en el principio de jurisdicción universal. Este mismo concepto, avalado por la justicia internacional, actualmente es aplicado por Argentina para investigar también al gobierno de Nicolás Maduro. Sobre este caso específico no hubo mención en el comunicado de la Cancillería argentina.
Caso Emtrasur
El 6 de junio de 2022, un avión de Emtrasur, empresa filial de la aerolínea estatal Conviasa, intentó aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Bueno Aires, proveniente de México. Al no poder surtir combustible allí, intentó volar a Uruguay, pero se le negó el permiso para ingresar a su espacio aéreo. Regresó entonces a Ezeiza, donde las autoridades argentinas ordenaron la confiscación de la nave y la retención de sus 19 tripulantes, de los cuales cinco eran iraníes y 14 venezolanos.
La decisión se tomó en atención a un reclamo de Estados Unidos, pues el Boeing de Emtrasur era arrendado a la aerolínea iraní Mahan Air. Esta estaba sancionada por el Departamento del Tesoro, por lo que tanto su traspaso al gobierno venezolano como sus operaciones en Latinoamérica estaban prohibidas. Igualmente, se ordenó investigar al capitán de la tripulación, Gholamreza Ghasemi, por haber sido miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, considerada por Washington como un grupo terrorista.
Todo ese proceso ocurrió durante el gobierno del peronista Alberto Fernández, quien pese a su cercanía con Venezuela, no se opuso a la medida por ser precisamente un caso manejado por el Poder Judicial. Entre septiembre y octubre de 2022 liberaron a los tripulantes, quienes regresaron a Venezuela. Sin embargo, el avión permaneció en un limbo judicial hasta enero de 2024, ya con Milei en el poder, cuando el el juez federal Federico Villena ordenó su decomiso definitivo.
Al mes siguiente, el avión fue enviado a Estados Unidos, donde permaneció bajo custodia del Departamento del Tesoro hasta que finalmente lo desmantelaron como parte de una inspección. A nivel diplomático, el gobierno de Maduro respondió con una bloqueo del espacio aéreo venezolano para cualquier aernave argentina.
Historial del conflicto
En los últimos meses, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina se deterioraron considerablemente por los roces entre Nicolás Maduro y Javier Milei. Por ejemplo, en julio de 2024, Argentina anunció que se reincorporaría a la denuncia contra el gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI). Esta había sido presentada en 2018 por el entonces presidente argentino Mauricio Macri junto a los gobiernos del Grupo de Lima. Sin embargo, Alberto Fernández se retiró del caso tiempo después.
La situación empeoró con el asilo de seis activistas opositores en la Embajada de Argentina en Caracas, los cuales han sido objeto de múltiples asedios por parte de los cuerpos de seguridad venezolanos. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, Argentina fue uno de los países que mostró su desconfianza en los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto llevó a la expulsión de los diplomáticos argentinos en el país, quedando su Embajada y los opositores asilados en ella bajo protección de Brasil.
Por su parte, en julio de 2023, el fiscal argentino Carlos Stornelli abrió una investigación contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y cinco oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2014. En abril de este año la causa fue asumida por la Cámara Federal de Buenos Aires, amparada en el principio de jurisdicción universal.
Justamente el 17 de septiembre la Fiscalía argentina se reunió con representantes del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y venezolanos víctimas de violaciones de derechos humanos. Desde allí ratificaron la solicitud hecha a principios de mes a la CPI de emitir órdenes de captura contra Maduro y otros altos funcionarios.