- Los detenidos fueron trasladados desde la Comunidad Penitenciaria de Coro, en Falcón, hasta el Fuerte Militar Guaicaipuro de Charallave, en el estado Miranda, luego de participar en una huelga de hambre en junio de 2024 | Foto: Una Ventana a la Libertad
La organización no gubernamental (ONG) Una Ventana a la Libertad denunció el 14 de noviembre que los familiares de 8 privados de libertad en Falcón tienen cinco meses sin verlos. Indicaron que su última comunicación fue mediante una llamada telefónica el 24 de octubre.
De acuerdo con la ONG, los detenidos fueron trasladados en junio desde la Comunidad Penitenciaria de Coro hasta el Fuerte Militar Guaicaipuro de Charallave, en el estado Miranda.
Los detenidos fueron identificados como:
-Eduardo José Calderón Carreño
-Jonathan Alexander Brito Bracho
-Melvin Ismael Romero Blanco
-Oswaldo José Chirinos Díaz
-Willianger Zambrano
-Jairo Ivanohes Polanco Robles
-Daniel Alberto Mendoza Arias
-Rayberlu Maskeyber Márquez Bautista
En una publicación en su página web, la organización indicó que esta medida se implementó luego de que los presos se sumaron a la huelga de hambre realizada en varios penales y centros de detención preventiva en junio de 2024 para pedir “agilización de causas y mejores condiciones para garantizar la salud de los detenidos”.
“Todos se fueron sanos de Coro (…) supimos que están enfermos, unos han caído más que otros, pero tienen tuberculosis. Los pusieron a pasar hambre y sed; pasaban días sin un trago de agua. Tenemos cinco meses que no los vemos. No sabemos cómo están”, declaró uno de los familiares a la organización.
Presos denunciaron falta de alimentación
De acuerdo con los testimonios de los parientes, las autoridades habían permitido que los privados de libertad se pudieran comunicar una vez al mes con sus familiares.
Las personas aseguraron que en estas comunicaciones los detenidos pedían que los ayudaran a salir del luga,r ya que tenían “mucha hambre” y se encontraban enfermos.
Los familiares de estos 8 privados de libertad contaron a la ONG que en visitas al Ministerio de Penitenciaría y otros organismos coincidieron con parientes de detenidos en otros estados y realizaron una lista de al menos 99 presos que fueron reubicados de las cárceles en las que se encontraban sin aviso a su abogados o familiares, y que se encuentra en condición de desaparecidos.
“Supimos que los sacaron de Guaicaipuro, pero deben empezar el castigo de seis meses en el centro al que los llevaron. Ya tienen casi cinco meses en ese castigo, sin visitas, sin paquetería, sin familia, sin comunicación. Empezar de cero los va a matar, porque ya están enfermos. Nuestros familiares necesitan atención médica y alimentación”, dijo otra familiar.
Las personas piden ayuda a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que intercedan por este grupo de privados de libertad para que les permitan cumplir sus condenas con las condiciones que establece la Ley.
La huelga de junio
El 9 de junio de 2024, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que la población penitenciaria recluida en varias cárceles de Venezuela había iniciado una huelga de hambre para exigir medidas humanitarias, traslados a penales en sus ciudades de origen y el fin del retardo procesal.
En medio de esas protestas, el presidente Nicolás Maduro designó a Julio García Zerpa como nuevo ministro para el Servicio Penitenciario, en sustitución de Celsa Bautista.
El 12 de junio, familiares de presos que se unieron a la huelga de hambre nacional y manifestaron frente al Palacio de Justicia, en Caracas. Los asistentes también solicitaron la presencia del ministro de Servicios Penitenciarios.
El OVP informó el 13 de junio que se puso fin a la huelga y que además, se realizó el traslado de un grupo de privados de libertad a la sede del Palacio de Justicia en Barquisimeto, estado Lara, con el fin de que sus expedientes sean revisados.
La ONG dijo que, al parecer, este operativo obedece a una respuesta por parte del ministerio del Servicio Penitenciario en medio de la huelga de hambre pacífica que llevaron a cabo los presos en más de 51 cárceles del país.