Las detenciones y agresiones en contra de activistas y periodistas fueron documentadas por la organización no gubernamental Espacio Público
La organización no gubernamental (ONG) Espacio Público registró 67 violaciones a la libertad de expresión durante el mes de enero en Venezuela. Esta cifra equivale a 54 más que las contabilizadas en diciembre de 2024.
En el informe mensual, publicado el 5 de febrero, la ONG indicó que la mayoría de las violaciones reportadas fueron actos de censura y restricciones administrativas.
“También registramos nueve detenciones arbitrarias, principalmente periodistas y particulares”, indicó Espacio Público.
La ONG señaló que la mayor parte de las violaciones registradas en enero fueron perpetradas por parte del Estado, específicamente 30 las ejecutaron instituciones públicas, seguidas por ocho cuerpos de seguridad, tres funcionarios y una por el Poder Ejecutivo.
En total se documentaron 27 víctimas, entre ellas:
– 7 páginas o plataformas web
– 6 periodistas o reporteros
– 5 ciudadanos
– 5 comunicadores particulares
– 2 medios de comunicación
– Un camarógrafo o técnico
– Un trabajador público.
Censura a plataformas digitales
De acuerdo con la ONG, otras 20 violaciones a la libertad de expresión fueron perpetradas por operadores privados de Internet para restringir el acceso a páginas web y plataformas.
En ese sentido, Espacio Público documentó el bloqueo por parte de CANTV al sitio en Internet Canva, una herramienta de diseño gráfico en línea, así como la restricción de la aplicación TikTok durante todas las madrugadas de enero.
“En la mañana del 9 de enero, previo a la jornada de manifestaciones masivas de la oposición, el Observatorio de Internet VE sin Filtro reportó que amanecieron bloqueadas más de 230 DNS públicos, junto con 20 páginas web de servicios VPN y la red social TikTok, que en días previos ya había sido bloqueada por distintos proveedores y está bajo amenaza del Estado desde finales de 2024”.
También señalaron en el informe el bloqueo de la página web y la aplicación móvil de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, durante el 10 de enero. Esta restricción se aplicó desde las operadoras CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Airtek y G-Network con las técnicas de DNS, HTTPS/HTTP y TCP/IP.
Detenciones y agresiones
Espacio Público recordó que su director, Carlos Correa, fue interceptado por funcionarios encapuchados, sin identificación en los alrededores del Palacio de Justicia, en Caracas, el 7 de enero.
“El defensor de derechos humanos estuvo bajo desaparición forzada hasta el 16 de enero, cuando se notificó su excarcelación. Durante los ocho días que estuvo desaparecido, los organismos de seguridad del Estado no brindaron información precisa sobre su paradero a su esposa y abogados”, agregó Espacio Público.
La ONG también relató que el periodista y activista Ángel Godoy fue detenido de forma arbitraria y desaparecido por sujetos encapuchados que lo interceptaron cuando llegaba a su casa en Los Teques, estado Miranda.
Godoy es defensor de derechos humanos, director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y redactor del portal informativo Punto de Corte.
“El 9 de enero en Maracay, funcionarios de seguridad del Estado amenazaron y hostigaron a la periodista del diario El Siglo, Chiquinquirá Rivero, en el momento que cubría una protesta opositora. Los efectivos la amenazaron con quitarle su teléfono por tener fotos y videos de la represión policial en contra de las y los manifestantes”, reseñó Espacio Público.
La ONG también mencionó el caso del periodista y miembro del equipo de prensa de la dirigente María Corina Machado, Julio Balza, quien fue interceptado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) luego de cubrir la concentración opositora en el municipio Chacao el 9 de enero.
“La madre de Balza contó que él y su hermano fueron interceptados en el estacionamiento del centro comercial Sambil por varios hombres vestidos de negro con los rostros tapados. Desde su detención arbitraria, Balza se encuentra en desaparición forzada, dado que ningún cuerpo de seguridad da información sobre su paradero”, indicó la ONG.
