El 30 de abril, el presidente Nicolás Maduro decretó un incremento en el ingreso mínimo integral indexado que reciben los trabajadores públicos y pensionados en Venezuela. Sin embargo, este anuncio no podría considerarse propiamente un aumento de salario, ya que se trata de una modificación en los beneficios monetarios adicionales que son otorgados de forma discrecional a empleados de la Administración pública.
El ajuste no tiene incidencia sobre prestaciones sociales, utilidades o pensiones futuras, lo que limita su alcance y carácter estructural dentro de la política salarial nacional.
¿Qué es el ingreso mínimo integral indexado?
Voceros del oficialismo han dicho que el ingreso mínimo integral indexado está formado por dos pagos: el del “bono de guerra económica” y el bono de alimentación.
El término “indexado” se establece porque es una cantidad mensual que se calcula en dólares, pero se paga en bolívares de acuerdo con la tasa oficial del Banco Central (BCV).
De esta forma, el monto no influye en el pago de vacaciones, utilidades, bonificaciones de fin de año, ni en las prestaciones sociales que deben pagarse al finalizar la relación de trabajo. Al tratarse de una asignación no salarial, no generan obligaciones legales para el empleador en materia de derechos laborales consolidados.
Para el 1° de mayo de 2025, el ingreso mínimo integral indexado fue fijado a 160 dólares mensuales. El “bono de guerra económica” subió de 90 a 120 dólares y el bono de alimentación se mantiene en 40 dólares.
Tres años sin aumento del salario mínimo en Venezuela
El salario mínimo en Venezuela fue fijado en 130 bolívares en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares. Desde entonces, el gobierno de Nicolás Maduro no ha realizado nuevos incrementos en el sueldo base, optando en su lugar por aumentar progresivamente beneficios paralelos.
Actualmente, el sueldo mínimo equivale a 1,48 dólares al cambio oficial, lo que implica una depreciación del 95 % en tres años.
La inflación, aunque menor que en los picos de hiperinflación vividos entre 2017 y 2020, sigue siendo elevada. Economistas como José Guerra estiman que la inflación anual podría superar el 150 % en 2025, impulsada por la desconfianza en el bolívar y la caída de las reservas internacionales del BCV, lo que a su vez presiona el tipo de cambio al alza.
Asimismo, el 25 de abril de 2025, el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) publicó un informe sobre la actualidad económica del país en el que afirmó que hubo una disminución del -2,7 % en el crecimiento económico entre enero y marzo de 2025.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y otros gremios sindicales han denunciado que el sistema de bonos perpetúa la precarización laboral, al tiempo que reduce las obligaciones del Estado en materia de seguridad social.
La política de bonificación salarial
El gobierno venezolano ha implementado desde el año 2022 una política de bonificación salarial que representa un desafío en la mejora de las condiciones laborales a largo plazo, ya que, de acuerdo con denuncias de voceros gremialistas, los ajustes realizados no alcanzan a cubrir las necesidades fundamentales de los trabajadores.
La falta de un cambio estructural impide que estos beneficios adicionales tengan un impacto real en la calidad de vida de los ciudadanos, lo que limita su acceso a una estabilidad económica más sólida y a una mayor seguridad social.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) como Acceso a la Justicia sugieren que es crucial que los ajustes salariales y los beneficios adicionales estén alineados con los derechos laborales establecidos por la ley para así garantizar que tanto los trabajadores activos como los jubilados puedan acceder a una protección integral que garantice salud, vivienda y pensiones adecuadas.
El panorama económico de un trabajador o jubilado en Venezuela
Representantes de gremios de trabajadores de la Administración pública en Venezuela han señalado que el ingreso base, junto con los beneficios adicionales, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de los empleados.
En marzo de 2025, por ejemplo, un docente necesitó el equivalente a 46,21 veces su salario promedio para poder cubrir el costo de la canasta básica de alimentos, que ese mes alcanzó los 526,83 dólares para una familia tipo de cinco personas. La información fue presentada en un informe publicado el 25 de abril por la ONG Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
El salario promedio de los profesores y maestros, de unos 11,40 dólares al mes, representa el 2,2 % del costo de la canasta y supone un déficit del 97,8 %, de acuerdo con el reporte del Cendas.
De acuerdo con estimaciones de la organización, un venezolano requirió 105,3 dólares para cubrir los costos esenciales de alimentación. Con el ingreso mínimo integral indexado de 160 dólares, una persona podría cubrir alrededor del 65,8 % de estos gastos, sin considerar otros compromisos adicionales. Esto evidencia que, pese al ajuste, sigue siendo insuficiente para enfrentar el costo de vida en el país.
Lo que establece la Constitución venezolana sobre el salario mínimo
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 91 que todo empleado tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
También señala que el sueldo mínimo debe ser ajustado periódicamente, tomando en cuenta el costo de la canasta básica. Esta disposición busca garantizar un ingreso justo que se corresponda con la realidad económica del país.
Además, la Carta Magna indica que el Estado tiene la obligación de asegurar la progresividad de los derechos laborales, lo que incluye la protección del poder adquisitivo del ingreso mensual y, de esta forma, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y pensionados.
