La salida de los cinco opositores que estaban asilados en la Embajada de Argentina en Caracas dejó al aire muchas incógnitas sobre cómo ocurrió, así como múltiples versiones dependiendo de los intereses políticos de sus voceros. Y una de estas gira en torno a cuál fue el papel que jugó el gobierno de Nicolás Maduro, y hasta qué punto estuvo al tanto de su salida.
La oposición y los gobiernos de Argentina y Estados Unidos se refieren a lo ocurrido como “una extracción” planificada que eludió con éxito la custodia de los agentes apostados alrededor de la sede diplomática. Por su parte, el oficialismo asegura que permitió la salida de los opositores mediante salvoconductos, tras un proceso de negociación del que todavía se desconocen los detalles.
A pesar de esta versión oficial de una salida acordada, desde que se anunció formalmente el hecho, el 6 de mayo de 2025, la oposición denunció una serie de represalias contra los activistas, específicamente a sus familiares y bienes en el país. Esto sumado a una nueva ola de detenciones de activistas, dirigentes políticos y ciudadanos.
Allanamientos
Apenas un día después de confirmar su salida del país, Magalli Meda, una de las asiladas en la embajada, denunció que funcionarios encapuchados ingresaron a su vivienda en un aparente allanamiento. A través de su cuenta de X, el 7 de mayo compartió imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de su casa, en las que se veía a varias personas vestidas de negro y chalecos antibalas inspeccionar sus pertenencias.
En las fotos no se podía apreciar ningún distintivo que permitiera identificar al cuerpo de seguridad involucrado en el allanamiento. La jefa de campaña de la líder opositora María Corina Machado alertó que los hombres cargaban maletines, por lo que les responsabilizó por cualquier cosa que pudieran dejar en su casa para incriminarla.
Dos días después, el 9 de mayo, Meda denunció una nueva incursión de agentes del gobierno, esta vez en la casa de su madre, en la urbanización Miranda de Caracas. Indicó que los funcionarios, nuevamente encapuchados y sin identificar, forzaron las cerraduras de la vivienda, y compartió videos de las cámaras de seguridad en los que se les ve recorriendo el lugar. No aclaró si su familia estaba en la ciudad al momento del allanamiento.
“La imagen de una Venezuela sumida en el terror, la imagen del irrespeto a lo más sagrado: la familia, y en este caso, a mi madre. La imagen violenta de una Venezuela por la que hemos luchado, para que esta pesadilla termine de una vez”, escribió en X al adjuntar las pruebas del operativo. Posteriormente agregó que los funcionarios se llevaron el vehículo de su familia, un Toyota Corolla 2011 de color gris.
Escalada
En paralelo, diferentes organizaciones han reportado un aumento en el número de detenciones por razones políticas en Venezuela en los últimos días. La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) advirtió en X el 8 de mayo que recibió múltiples reportes de arrestos, desapariciones forzadas, allanamientos, así como la incomunicación prolongada de presos políticos ya detenidos.
“Nos mantenemos alerta ante lo que parece ser una nueva escalada de persecución política en el país”, señaló.
Por su parte, el activista por los derechos humanos Marino Alvarado indicó que al menos ocho personas habían sido detenidas de forma arbitraria entre el 5 y 8 de mayo, mientras que varios dirigentes políticos y activistas han sido objeto de persecución. “Algunos han tenido que pasar a resguardo, otros tienen vigilancia permanente frente a sus casas y otros amenazados desde un programa de TV puntal de la persecución política”, escribió en X.
La activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Andreina Baduel, denunció el 8 de mayo que funcionarios en camionetas sin placas se encontraban frente a su casa tomando fotos y se fueron al ser confrontados. Baduel regresaba justamente de la actividad de la Ruta Global por la Justicia, organizada por el Clippve frente a las embajadas en Caracas para exigir mediación internacional en la liberación de presos políticos.
Sairam Rivas, dirigente política y también miembro del Clippve, reportó que fue hostigada esa misma noche por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien la acusó de estar involucrada en “supuestos planes terroristas y conspirativos”. Indicó que ha sido objeto de “un patrón sistemático de descrédito” desde el programa de televisión Con el mazo dando de Cabello.
Detenciones
Entre las detenciones denunciadas en los últimos días está el caso de Rafael Antonio Torres, profesor y secretario de formación del partido Proyecto Venezuela. Supuestos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo arrestaron el 5 de mayo en su casa en Los Teques, estado Miranda. Ese mismo día, funcionarios armados se llevaron a Raúl Amiel, diseñador y comerciante, en el sector Los Kioskos de San Cristóbal, en Táchira.
Un día después, el 6 de mayo, el Sebin también detuvo al periodista Mario Chávez Cohen y a su madre, en su vivienda en el estado Carabobo. Aunque la mujer fue liberada horas después, el militante del Partido Centro Democrático (PCD) actualmente permanece desaparecido, al igual que Rafael Torres.
El 7 de mayo, el médico Omar Vergel, miembro de la organización Médicos Unidos, fue detenido en su casa, en San Cristóbal. Horas después, la abogada Merlina Carrero, coordinadora de Creemos Alianza Ciudadana, fue arrestada fuera del colegio María Montessori, en la misma ciudad. El portal Punto de Corte reportó que otros miembros de esa ONG fueron perseguidos en distintos operativos, pero lograron escapar.
Posteriormente Médicos Unidos y Foro Penal confirmaron el 9 de mayo la liberación de Vergel y Carrero. Ambos estuvieron recluidos en la sede del Sebin en San Cristóbal, sin que se les mostrara una orden de captura ni presentación en tribunales.
Las versiones
Un día después de que se conociera la salida de los opositores de la embajada argentina, el ministro Diosdado Cabello negó que el hecho se tratara de una operación de rescate orquestada por Estados Unidos. En su programa de televisión, aseguró que la salida se produjo con autorización del gobierno, luego de un proceso de negociación con María Corina Machado, quien también acordó la salida del país de su madre, Corina Parisca.
Aseveró además que los colaboradores de Machado nunca estuvieron realmente encerrados en la embajada, y que siempre tuvieron garantías para salir cuando quisieran. Esto a pesar de que los propios opositores reportaron durante su año de estancia allí un constante asedio por parte de cuerpos de seguridad que vigilaban la residencia y limitaban el acceso de insumos. “Era un show lo que ellos tenían”, expresó Cabello.
Sin embargo, el 9 de mayo el ministro anunció el arresto de una persona presuntamente responsable de facilitar la salida del país de la periodista Claudia Macero, una de las asiladas. Dijo que el supuesto contrabandista la había ayudado a cruzar por la frontera en diciembre de 2024.
“Tenemos detenido al que la sacó, que era miembro de una banda de coyotes que hay aquí en Venezuela. Él está detenido y nos ha echado todos los cuentos. Él y otros que formaban parte de esa red. Tenemos financistas, transportistas, etc. En su teléfono encontramos las pruebas, entre eso la foto que mostré”, declaró.
Más declaraciones
Durante su programa radial Sin truco ni maña, Cabello aseguró que el detenido formaba parte de una red que pretendía ejecutar otra operación de escape para la activista Rocío San Miguel, detenida desde febrero de 2024. Indicó que San Miguel iba a ser llevada a una clínica para realizarle una operación, y que allí pretendían rescatarla para sacarla del país.
Cabe destacar que reportes médicos confirmaron que la activista sufrió una fractura de hombro alrededor de septiembre, la cual ha afectado su movilidad en el brazo.
Por otro lado, el profesor y escritor Jorge Olavarría acusó el 9 de mayo en su cuenta de X a Cabello de estar detrás de un supuesto plan contra su esposa, Magalli Meda. Indicó que las sospechas del presunto plan fueron las que impulsaron la operación de rescate en la embajada, aunque no dio mayores detalles sobre el supuesto proceso ni del rol que cumplió.
