El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este martes 3 de noviembre la reforma parcial de la Ley contra el Odio, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, y reiteró su exigencia de derogar completamente esta legislación.
A través de una publicación en su página web, la organización advirtió que el proyecto, aunque elimina las penas de prisión de entre 10 y 20 años previstas en la normativa de 2017, mantiene mecanismos de control sobre la expresión pública, incorpora sanciones económicas elevadas y atribuye al Ejecutivo facultades para investigar y sancionar administrativamente conductas relacionadas con la difusión de mensajes y opiniones.
El SNTP sostuvo que la reforma no resuelve los problemas que han marcado la aplicación de la legislación durante nueve años, período en el que, según denunció, ha sido utilizada para perseguir a periodistas, trabajadores de la prensa, defensores de derechos humanos y ciudadanos.
El sindicato indicó que desde 2020 ha documentado la judicialización de al menos 27 trabajadores de la prensa mediante el artículo 20 de la Ley contra el Odio. A su juicio, la discusión legislativa no puede limitarse a sustituir las penas de prisión por sanciones administrativas, sino que debe considerar las detenciones, restricciones a la libertad, amenazas y demás consecuencias derivadas de su aplicación.
Multas y las facultades sancionadoras
Uno de los principales cuestionamientos del sindicato se refiere a las sanciones económicas contempladas en la reforma, que oscilan entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela.
El proyecto también establece entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario o programas educativos.
El SNTP consideró que estas medidas pueden comprometer el patrimonio de periodistas, trabajadores independientes, medios pequeños y ciudadanos, además de generar autocensura y dificultar la continuidad de proyectos informativos.
La organización también manifestó preocupación por las facultades que se atribuyen al Ministerio de Interior y Justicia para sustanciar y decidir procedimientos administrativos sancionadores relacionados con expresiones públicas.
En este sentido, advirtió sobre los riesgos de que una autoridad política pueda investigar y sancionar conductas vinculadas con la libertad de expresión, sin garantías suficientes de imparcialidad, defensa y debido proceso.
Pidió revisar procesos y reparar a las víctimas
El sindicato también cuestionó que la reforma no establezca mecanismos expresos para revisar condenas, cerrar procesos judiciales, levantar medidas restrictivas, eliminar antecedentes o reparar a quienes han sido perseguidos mediante esta legislación.
Por ello, exigió el cierre de los procesos derivados de la aplicación de la Ley contra el Odio, la restitución plena de los derechos de las personas afectadas y garantías para el retorno seguro de periodistas y trabajadores de la prensa que se encuentran en el exilio.
El SNTP insistió en que la reforma debe acompañarse de medidas de justicia y reparación, así como de garantías de no repetición. Reiteró su llamado a la Asamblea Nacional para derogar completamente la Ley contra el Odio y revisar otras normas que, según denunció, han sido utilizadas para criminalizar la expresión y restringir el acceso a la información.
