Familiares de presos políticos reportaron la excarcelación de más de 50 detenidos por el caso “PDVSA obrero” de la cárcel de Yare en el estado Miranda.
Las excarcelaciones comenzaron en la tarde del 16 de abril, medida que sorprendió a los allegados de los presos políticos. Hasta el momento se habla de que 51 personas vinculadas con este caso habrían salido de prisión, pero se desconoce si se mantienen con medidas cautelares.
Periodistas y medios de comunicación publicaron en redes sociales fotografías y videos de las excarcelaciones a las afueras del penal mirandino. Otros de los excarcelados fueron llevados hasta el terminal de Santa Teresa del Tuy.
En las imágenes se puede observar a los excarcelados caminando hacia sus familiares entre aplausos y abrazos, algunos de los ex presos políticos presentaron señales de desgaste físico. Incluso uno de ellos salió de prisión con ayuda de una andadera.
Más detalles del caso
El caso “PDVSA obrero” abarca la detención de aproximadamente 170 trabajadores de distintas instalaciones, refinerías y plantas de operación de PDVSA.
Los arrestos iniciaron en el año 2024, en medio de investigaciones por presuntos hechos de corrupción, manejo irregular de materiales estratégicos y otros cargos como asociación para delinquir y contrabando.
Los familiares de las personas detenidas de estos hechos denunciaron que los procesos legales han estado llenos de irregularidades como falta de acceso a la plena defensa y violaciones del debido proceso, por lo que han solicitado en diversas ocasiones revisiones de expedientes.
Tras la aprobación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática en la Asamblea Nacional, las familias y representantes legales de estos detenidos solicitaron la libertad plena de estas personas a través de la amnistía. Sin embargo, las peticiones fueron desestimadas.
Entre los reportes de los familiares sobre las excarcelaciones del 16 de abril se habla de una supuesta “orden presidencial”, pero esto aún no se confirma.
Tanto la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como la Asamblea Nacional habrían asomado la posibilidad de estudiar los casos que quedaran por fuera de la amnistía para considerar otorgar perdones o insultos.