La madre del preso político José Miguel Estrada denunció públicamente que Yanín Pernía, su pareja y también privada de libertad por motivos políticos, fue víctima de una brutal agresión sexual colectiva dentro del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el principal centro de reclusión para mujeres del país.
La denuncia fue difundida por la periodista Maryorin Méndez desde las afueras de la cárcel Rodeo I, donde la familiar aseguró que al menos 30 custodios participaron de forma directa en los abusos contra Pernía. Según el crudo testimonio, los funcionarios del penal habrían utilizado tanto la violencia física y sexual como sus propias armas de reglamento para infligir el daño.
Denuncian que la presa política Yanín Pernía fue abusada sexualmente por 30 custodios https://t.co/6pXE22jwlF pic.twitter.com/9ZvQymt6zO
— Monitoreamos (@monitoreamos) May 20, 2026
Graves secuelas y exigencia de excarcelación
La familiar detalló que la integridad de la detenida se encuentra gravemente comprometida, presentando severas secuelas físicas y psicológicas producto del ensañamiento institucional. Ante el reciente anuncio parlamentario sobre la revisión de causas penales, la vocera cuestionó los criterios de selección aplicados por el gobierno para el otorgamiento de los beneficios procesales.
“Ella está en el INOF, fue violada por 30 custodios, entonces, ¿para ella no hay excarcelación? Ella ha sufrido psicológicamente y vaginalmente está sufriendo de tanto maltrato por la violación sexual que le afectaron esos 30 custodios, que aparte de su pene también le introducían el arma de reglamento”, denunció públicamente la familiar, exigiendo la asignación inmediata de medidas humanitarias y esquemas de protección especial.
Sentencia máxima y denuncias de tortura
Yanín Pernía, de profesión mesoterapeuta, fue arrestada en el año 2018 tras ser vinculada al caso del presunto atentado con drones perpetrado contra Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas. Tras un proceso judicial cuestionado, la ciudadana fue condenada a cumplir una pena de 30 años de prisión, la sanción penal máxima contemplada en la legislación venezolana.
Desde el momento de su captura inicial, diversas organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos han denunciado que Pernía sufrió desaparición forzada temporal, golpizas recurrentes, asfixia mecánica y descargas eléctricas en los sótanos de los organismos de inteligencia. Esta nueva agresión bajo la custodia estatal se suma a los expedientes de tratos crueles, inhumanos y degradantes que cursan ante las relatorías de las Naciones Unidas.
