Gobierno venezolano lanzó consulta nacional para reportar trámites burocráticos

La iniciativa busca identificar los nudos críticos en organismos como el Saime, el Saren y el INTT para acelerar la digitalización y simplificación de procesos administrativos
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El Ejecutivo nacional abrió un proceso de consulta pública que tendrá una duración de 15 días continuos, con el objetivo de que la ciudadanía reporte de forma directa cuáles son los trámites administrativos más complejos, lentos y burocráticos del país. La recolección de datos servirá como base regulatoria para proceder a la simplificación e intervención de los procesos internos de las instituciones del Estado.

Esta medida de control institucional se ejecuta en el contexto de las facultades legales otorgadas al Ejecutivo mediante el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites, la cual ampara las reformas estructurales en la administración pública.

¿Cómo participar?

Durante las próximas dos semanas, los ciudadanos y los representantes de los sectores productivos podrán ingresar de forma directa a la plataforma web oficial habilitada por el gobierno para registrar sus reportes, quejas y propuestas de mejora: www.simplifica.gob.ve

Organismos y trámites prioritarios bajo evaluación

La consulta nacional busca identificar con precisión los nudos críticos que afectan la vida cotidiana del ciudadano venezolano, enfocando el diagnóstico en tres áreas:

  • Emprendedores y empresas: identificación de procesos engorrosos que impiden, retrasan o aumentan los costos para el inicio, registro formal y sostenimiento de actividades comerciales y nuevos emprendimientos en el país.
  • Identidad y Estado Civil: reportes sobre dificultades, retardos o requisitos excesivos vinculados al registro civil básico de las personas.
  • Instituciones clave del Estado: evaluaciones sobre el funcionamiento de los procesos ante el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) —como la obtención y renovación de licencias—, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), priorizando la revisión de estos dos últimos a pesar de que ya cuentan con nuevas plataformas tecnológicas y de autogestión.
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Foto: @VenezuelaSaime

Diagnóstico institucional para la digitalización

El propósito central de esta iniciativa es establecer un canal de comunicación e inventario directo con la población para consolidar un diagnóstico macro de la burocracia nacional. De acuerdo con el gobierno, este banco de datos ciudadano se complementará de forma simultánea con los informes técnicos internos que actualmente levanta cada ministerio, superintendencia e instituto adscrito.

Las autoridades encargadas del proyecto procesarán la información recolectada al cierre del lapso de 15 días. El fin último expresado en el decreto es optimizar la gestión pública, eliminar los requisitos redundantes que fomentan la gestoría informal y acelerar la migración definitiva de los servicios esenciales hacia plataformas digitales de alta eficiencia.

La reestructuración general del Ejecutivo

La activación de este mecanismo digital forma parte de un conjunto de medidas de reforma del Estado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este martes 26 de mayo la firma de dos decretos presidenciales de carácter vinculante, uno de los cuales contempla formalmente la reestructuración integral del gobierno.

Para dirigir esta transformación, la mandataria encargada designó al actual ministro de Educación, Héctor Rodríguez, como comisionado presidencial para la reestructuración y reingeniería del gobierno nacional. Este plan se ejecutará en coordinación directa con el vicepresidente sectorial de Planificación, estableciendo un plazo perentorio de 90 días para la presentación de un informe técnico y de trabajo conclusivo ante el despacho presidencial.

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Héctor Rodríguez | Foto: mppeducacion

Asimismo, mediante el mismo decreto ejecutivo, se nombró a la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira, como comisionada presidencial para la gestión eficiente del gobierno nacional, con la tarea de coordinar la optimización de los recursos financieros públicos.

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