Provea, ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó este sábado25 de julio la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) y recordó que las investigaciones abiertas hasta ahora, así como las que puedan iniciarse durante el próximo año, no se verán afectadas por esta decisión.
A través de X, la organización subrayó que la salida de Venezuela entraría en vigencia un año después, por lo que los presuntos crímenes cometidos dentro de ese período, además de los previos, podrán ser investigados y sus responsables condenados en el futuro.
Asimismo, mencionó que el Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI, establece que la retirada “no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto”.
“Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro”, señaló la organización.
La CPI recuerda que el retiro no es inmediato
El viernes 24 de julio, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, anunció la decisión del gobierno de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un “sesgo” que concentra su labor de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos, y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.
Horas después, la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la CPI de acumular expedientes para agredir a los pueblos del “sur global”, entre ellos Venezuela, por lo que reiteró la decisión de retirar definitivamente al país de este organismo.
Por su parte, la CPI lamentó la decisión de Venezuela y recordó que la renuncia no tendrá efectos inmediatos, ya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año y mantendrá también sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.
En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no había recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional “sigue siendo un derecho soberano de los Estados”.
En 2018, la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela y, en 2021, inició una investigación formal que permanece activa.
En abril de 2022, Venezuela solicitó que se aplazara la investigación en favor de las actuaciones de sus autoridades nacionales, pero en junio de 2023 la Corte autorizó a la Fiscalía de la CPI a reanudarla al considerar que los procedimientos penales internos del país no reflejaban suficientemente el alcance de las pesquisas.
Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de “progreso real” en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.
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