El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) , Pablo González, advirtió la necesidad de reestructurar el marco jurídico que rige el sector para hacer frente a la contracción del inventario habitacional y al incremento de la demanda tras los terremotos del 24 de junio.
Durante una entrevista en el programa “Dos más Dos”, de Unión Radio, González señaló que la atención de la emergencia requiere de las reformas inmediatas a la Ley de Arrendamiento de Vivienda y a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria para incentivar la construcción de nuevos desarrollos y aumentar los inmuebles en alquiler.
González agregó que la modificación de la legislación debe sustentarse en tres pilares fundamentales: el equilibrio de deberes y derechos entre las partes, la libertad contractual con procesos ágiles de restitución del inmueble y la posibilidad de indexar los cánones o pactarlos en moneda dura, al referirse al dólar..
A su juicio, la flexibilización de estas condiciones permitiría dinamizar el mercado de alquileres como respuesta inmediata ante la ausencia de un sistema hipotecario tradicional.
“Necesitamos acelerar el cambio legislativo. Si tuviésemos un marco jurídico favorable que permita llamar a la confianza a los promotores inmobiliarios, el primer metro cuadrado de vivienda nueva en Venezuela entraría al mercado dentro de 24 meses en un escenario absolutamente positivo”, precisó el presidente de la CIV.
Financiamiento alternativo y mercado de capitales
Ante la imposibilidad de la banca comercial de otorgar créditos hipotecarios de largo plazo bajo las actuales variables macroeconómicas, González indicó que la CIV adelanta mesas de trabajo con la Bolsa de Valores de Caracas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Explicó que el objetivo es diseñar instrumentos en el mercado de capitales que capten recursos de inversionistas para financiar a los promotores de infraestructura.
“Necesitamos generar fondos que a través de mecanismos y vehículos del mercado de capitales, que son los que garantizan la seguridad, la transparencia y la liquidez, puedan ser captados para que los promotores puedan desarrollar nuevos metros y unidades de vivienda”, destacó el vocero del gremio.
Asimismo, el dirigente gremial enfatizó que la producción de unidades habitacionales destinadas al arrendamiento representa la vía más expedita para atender las necesidades de alojamiento a corto plazo y advirtió que la demanda de inmuebles se incrementará en la medida en que se concreten los ingresos de inversión en la industria petrolera nacional.
Evaluación del programa de subsidios estatales
Con respecto a los anuncios del Ejecutivo Nacional para atender a las aproximadamente 17.000 personas ubicadas en refugios tras los terremotos, González aclaró que la medida gubernamental debe definirse técnicamente como un subsidio social a la demanda y no como un crédito bancario convencional.
En ese sentido, detalló que el esquema plantea el aporte estatal de un 80 % del valor del inmueble a través de un fondo público, mientras que el 20 % restante sería administrado mediante un fideicomiso por la banca para su cancelación a 25 años.
El presidente de la CIV puntualizó que la intermediación financiera en este mecanismo cumple una función estrictamente administrativa que busca convertir a los beneficiarios en propietarios formales y no en adjudicatarios temporales.
“Tenemos que ser responsables y no generar falsas expectativas en el mercado venezolano de que la banca tradicional está en capacidad de prestar a 15 o 20 años. La medida anunciada es un subsidio focalizado para atender a las personas que lo perdieron todo en la contingencia”, afirmó el vocero gremial.
Impacto en el mercado secundario de viviendas
Sobre el comportamiento del mercado secundario de viviendas, comprendido por el inventario disponible para compraventa o alquiler, González calificó de “temerario” ofrecer cifras definitivas sobre el volumen total de inmuebles perdidos tras el doblete sísmico, debido a que continúan las labores de levantamiento de data en las cuatro zonas de mayor afectación del país.
“No se puede hablar en este momento de cuánto es el estimado del mercado secundario, tenemos que resaltar que lo más importante es que después del 24 de junio lo que hubo fue una afectación importante en la disminución del inventario inmobiliario y que todavía no tenemos una dimensión correcta del número de viviendas que se perdieron”, puntualizó.
El representante gremial resaltó que, además del marco legal, se requieren mecanismos de financiamiento urgentes para la reparación de condominios y la atención del déficit habitacional en los estados afectados.
