Al menos 51 presos comunes fallecieron entre abril y julio de 2026 en Venezuela, según un conteo publicado el viernes 7 de agosto por la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«En los 15 años de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario han vulnerado sistemáticamente los derechos de la población penal», afirmó el OVP en su cuenta de X.
En este contexto, subrayó el hacinamiento en las cárceles como una muestra de la «falta de voluntad política» del gobierno y mencionó como ejemplo que en el penal conocido como El Marite, en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), la capacidad es de «700 presos y actualmente tiene una población superior a 1.000».
La ONG reiteró que el Estado tiene el deber de velar por las personas bajo su custodia y exigió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo investigar la gestión del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que, a su juicio, «no garantiza el acceso a la salud de las personas privadas de libertad».
OVP consideró que algunos fallecidos padecían “enfermedades prevenibles”
El martes 4 de agosto, el OVP indicó que algunos de los fallecidos padecían “enfermedades prevenibles o tratables”, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa, diarreas agudas y otras patologías que difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada.
«Cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte: está obligado a explicar por qué ocurrió, quién dejó de actuar y qué medidas adoptará para impedir que estos hechos continúen repitiéndose», subrayó entonces la organización.
Por tanto, exhortó a la Fiscalía a que inicie una investigación «transparente, exhaustiva e imparcial» sobre cada fallecimiento, a fin de determinar las responsabilidades que correspondan.
Las muertes más recientes registradas
El viernes 7 de agosto, el OVP denunció la presunta muerte de dos reclusos bajo custodia en el Centro de Formación del Hombre Nuevo Dr. Francisco Delgado, conocido como El Marite (Zulia).
De acuerdo con una publicación realizada por la organización independiente en su cuenta de X, se trata del caso de Leonel Alberto Rincón Cumares y John Jairo Vargas, quienes habrían fallecido por complicaciones de salud y falta de atención médica durante julio de 2026.
A juicio de la ONG, estas muertes demuestran una “falta de voluntad política” hacia la población penitenciaria, donde afirmaron que persisten problemas de hacinamiento en las cárceles.
«El Marite tiene una capacidad para albergar a 700 presos y actualmente tiene una población superior a 1.000 personas, lo que representa una ocupación que supera 143 % y un hacinamiento mayor a 43 %«, denunció la ONG.
El OVP reiteró que el Estado tiene el deber de velar por las personas bajo su custodia. En este sentido, solicitó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo investigar la gestión del Ministerio para el Servicio Penitenciario, que, de acuerdo con la organización, no garantiza el acceso a la salud de las personas privadas de libertad.
Este contenido incluye información suministrada por la Agencia EFE. Editado, verificado y contextualizado por el equipo editorial de El Diario. Conoce nuestra política sobre el uso de contenidos de EFE aquí.
