La libertad de expresión en Venezuela enfrentó nuevas restricciones durante julio, un mes marcado por la emergencia provocada por los terremotos y por las limitaciones de conectividad. De acuerdo con el monitoreo de Espacio Público, durante el periodo se registraron 15 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión, principalmente vinculadas con hechos de intimidación y censura.
La organización publicó el 9 de agosto en su página web el reporte correspondiente a julio, en él identificó 18 víctimas, de las cuales 14 fueron periodistas o reporteros, lo que representa 77,78 % del total. Entre los 16 victimarios identificados, los cuerpos de seguridad concentraron la mitad de los casos, con ocho registros, seguidos por funcionarios públicos, quienes habrían sido responsables de cuatro hechos.
El Distrito Capital y La Guaira concentran 6 de cada 10 casos registrados durante el mes. En particular, La Guaira, uno de los territorios más afectados por los terremotos del 24 de junio, se convirtió en escenario de restricciones a la cobertura periodística y cuestionamientos sobre el acceso a información pública durante la emergencia.
Señalamientos contra periodistas durante la emergencia
Espacio Público advirtió sobre un incremento de los discursos oficiales dirigidos contra medios de comunicación y periodistas que cubrieron la emergencia. En su informe, la organización recordó que el 2 de julio, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, utilizó la expresión “laboratorios mediáticos” para referirse a las denuncias ciudadanas relacionadas con la respuesta estatal tras los terremotos y cuestionó las alertas difundidas durante la emergencia.
También resaltó que el 15 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, calificó como una “guerra mediática” la cobertura realizada por medios extranjeros en La Guaira y Caracas. Ese mismo día, el gobernador de Monagas, Ernesto Luna, pidió a medios y periodistas de la entidad suspender durante 15 días la difusión de información relacionada con los sismos.
Para Espacio Público, estos episodios forman parte de un patrón de estigmatización que dificulta el trabajo de la prensa y limita el derecho de los ciudadanos a recibir información durante situaciones de emergencia.
Restricciones y falta de información oficial
La organización también cuestionó la falta de transparencia institucional en la gestión de la crisis. Espacio Público había advertido que el decreto de Estado de Emergencia por el doble terremoto debía garantizar el acceso a la información pública y no convertirse únicamente en un instrumento para administrar la situación.
Según su balance, durante las horas posteriores a los sismos se produjeron retrasos en la publicación de información técnica por parte de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), mientras persistieron restricciones para la cobertura periodística en morgues e infraestructuras afectadas.
La falta de información también alcanzó la ayuda internacional. Espacio Público señaló que Venezuela recibió asistencia de al menos 37 países por más de 780 millones de dólares, sin que existiera información pública suficiente sobre la distribución de esos recursos.
Internet debilitó el acceso a información
Las restricciones a la libertad de expresión también estuvieron relacionadas con el deterioro de la conectividad. La organización mencionó que tras los terremotos, el servicio de Internet se vio especialmente afectado en las zonas más golpeadas, dificultando la comunicación de las comunidades y el trabajo de los periodistas desplegados en terreno.
Para Espacio Público, las fallas de conectividad agravaron el aislamiento informativo de poblaciones afectadas por la emergencia, al limitar tanto la posibilidad de informar como el acceso de los ciudadanos a datos necesarios para enfrentar la crisis.
A estas restricciones se sumó el uso de reclamos de derechos de autor como mecanismo para retirar contenido periodístico de plataformas digitales. La organización recordó que en mayo y junio los medios de comunicación Armando.Info y El Pitazo perdieron sus cuentas de Instagram tras reclamos de copyright que calificó como falsos, y advirtió que este tipo de mecanismos pueden ser utilizados para silenciar contenidos periodísticos.
Organizaciones expresaron preocupación
Ante las restricciones registradas durante la emergencia, ocho organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de prensa emitieron el 15 de julio un pronunciamiento conjunto en el que expresaron su preocupación por las limitaciones impuestas a los medios.
Espacio Público también publicó una guía de autocuidado destinada a periodistas que cubren situaciones de crisis, con recomendaciones para proteger su integridad física y emocional durante el trabajo en zonas afectadas por desastres.
La organización alertó además sobre las consecuencias de la decisión anunciada por Delcy Rodríguez el 24 de julio de denunciar el Estatuto de Roma, al considerar que esta medida profundiza el aislamiento jurídico internacional de Venezuela y deja a los ciudadanos en una situación de mayor indefensión ante la Corte Penal Internacional.
