Decano de la UCAB señaló que la falta de datos oficiales frena la planificación de ayuda para La Guaira tras los terremotos

El economista Ronald Balza planteó la necesidad de publicar un registro de daños, reactivar el crédito bancario y diferenciar los programas de asistencia social
Fiorella Tagliafico
Fiorella Tagliafico - Redactora
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El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), advirtió que la ausencia de información pública sobre los daños materiales provocados por los terremotos del 24 de junio en La Guaira impide cuantificar el impacto económico real de la emergencia y definir los programas de ayuda necesarios para la zona.

Durante una entrevista concedida al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, el 13 de agosto, el especialista explicó que las estimaciones actuales se realizan sobre datos desactualizados debido a que en Venezuela no se publica el presupuesto nacional desde el año 2016.

Esta falta de registros oficiales, indicó Balza, genera amplios márgenes de error al momento de proyectar el costo de la reconstrucción.

“Cuando alguien tiene el poder absoluto para decidir dónde poner los recursos sin rendir cuentas pasan cosas que no sabes qué pasaron hasta que el desastre ocurre”, expresó Balza.

Ante este escenario, el decano planteó que las autoridades nacionales y regionales elaboren y publiquen un registro detallado de los daños que permita su análisis independiente por parte de especialistas dentro y fuera del país.

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Foto: Aldenix David Ocanto.

Clasificación de las ayudas y programas de asistencia

Durante su intervención radial, el decano de la UCAB sostuvo que los planes de asistencia estatal deben diseñarse y priorizarse en función de los recursos disponibles y las necesidades específicas de la población afectada.

Balza diferenció los criterios de asignación de acuerdo con el tipo de pérdida:

– Reconstrucción de infraestructura: los programas orientados a la vivienda deben dirigirse exclusivamente a las familias que perdieron sus inmuebles a causa del evento telúrico.

– Garantía de ingresos y alimentación: la asistencia alimentaria y financiera debe abarcar no solo a quienes perdieron sus casas, sino a los trabajadores y comerciantes que sufrieron la paralización de sus ingresos tras el cese de actividades económicas en la zona.

El economista enfatizó que la reinserción económica de los habitantes de La Guaira requerirá tiempo y acompañamiento estatal, dado que muchos ciudadanos perdieron familiares, lugares de trabajo, viviendas y relaciones comerciales.

“Definir bien los programas de asistencia debería ir en orden, dependiendo de los recursos que se tengan”, sostuvo el experto.

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Foto: Héctor Zavarce | El Diario

Efectos de la parálisis comercial

Al analizar la dinámica productiva, Balza explicó que la interrupción de las actividades en La Guaira genera afectaciones económicas que trascienden los límites de las zonas físicamente destruidas.

Como ejemplo de esta interconexión, el académico señaló que la paralización en el sector pesquero obliga a comerciantes y consumidores de otras regiones a trasladarse a mercados más lejanos, lo que incrementa los costos de transporte.

Asimismo, estimó que durante la etapa de reconstrucción, parte del sector comercial y turístico de la entidad se reorientará temporalmente hacia labores vinculadas a la rehabilitación de la infraestructura.

Por otra parte, Balza apuntó que la ejecución previa de un censo general de viviendas habría permitido identificar inmuebles disponibles y en buen estado en la zona para reubicar a las familias afectadas mientras se ejecutan las obras de recuperación.

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EFE/ Ronald Peña R

Condiciones financieras para la reconstrucción

En materia de financiamiento, el representante de la UCAB cuestionó que las medidas provisionales sean suficientes para cubrir la recuperación y abogó por la implementación de condiciones económicas que faciliten el acceso al crédito.

Entre las herramientas sugeridas, Balza mencionó la reducción del encaje bancario por parte del Banco Central de Venezuela (BCV) y la búsqueda de estabilidad de precios para reactivar los préstamos hipotecarios.

El economista reiteró que la falta de un presupuesto público actualizado impide conocer la procedencia de los fondos que el gobierno encargado asignará para atender la contingencia, así como evaluar las consecuencias inflacionarias o fiscales que generará dicho gasto en el resto del país.

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