La organización no gubernamental (ONG) Reporteros Sin Fronteras (RSF) y seis instituciones aliadas emitieron el 12 de agosto un comunicado para denunciar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo y la libertad de expresión en Venezuela durante los últimos cuatro años.
La evaluación fue presentada de cara al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de Naciones Unidas que revisa periódicamente la situación de los derechos humanos en los Estados miembros.
ARC – Artists at Risk Connection, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), PEN International, PEN Venezuela y RSF participaron en la elaboración del documento, que será considerado durante el 54.º periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU, previsto para enero y febrero de 2027.
¿Qué documentaron las organizaciones sobre la libertad de prensa?
El informe señaló que Venezuela no cumplió plenamente las recomendaciones aceptadas durante el tercer ciclo del EPU, realizado en enero de 2022.
De acuerdo con las organizaciones, durante los cuatro años siguientes aumentaron las restricciones contra periodistas y voces críticas, en un contexto marcado por la censura, las presiones legales, las limitaciones para acceder a información pública y un marco jurídico que consideran contrario a los estándares internacionales.
Uno de los datos destacados corresponde a 2025, cuando se registraron 26 trabajadores de la prensa encarcelados, de acuerdo con la documentación presentada ante Naciones Unidas.
Artur Romeu, director de RSF para América Latina, afirmó que la presión sobre los medios independientes ha limitado la capacidad de los periodistas para informar a la población y consideró que el nuevo EPU representa una oportunidad para que las autoridades asuman compromisos concretos.
¿Cómo afectan los bloqueos y las restricciones al acceso a la información?
Las organizaciones también alertaron sobre el bloqueo de medios de comunicación, sitios web de organizaciones de la sociedad civil y plataformas digitales.
A su juicio, estas restricciones, junto con las dificultades para acceder a información, han contribuido a la expansión de los llamados desiertos informativos, que afectarían a más de la mitad de la población venezolana.
El documento también cuestionó la vigilancia y la censura en línea y pidió garantizar el acceso a internet de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
¿Qué medidas recomendaron al Estado venezolano?
Entre las recomendaciones presentadas ante Naciones Unidas está la derogación o reforma de leyes que, según las organizaciones, restringen de manera indebida la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
También solicitaron levantar los bloqueos contra medios, organizaciones y plataformas digitales, así como poner fin a la vigilancia ilegal y a la censura en internet.
El informe pidió además detener las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y acciones judiciales contra periodistas, trabajadores de medios, artistas, escritores, actores culturales y defensores de derechos humanos.
Las organizaciones plantearon investigar los ataques contra la prensa, establecer responsabilidades y garantizar reparación para las víctimas.
Asimismo, recomendaron que los periodistas, defensores de derechos humanos y actores culturales venezolanos que se encuentran en el exilio puedan acceder a mecanismos de protección internacional y que no sean objeto de intimidación o represalias por su actividad desde el extranjero.
Para las organizaciones, la aplicación de estas medidas permitiría reducir el clima de miedo y autocensura que han documentado y avanzar hacia un entorno más seguro y plural para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela.
