En la fotografía tomada el 12 de agosto a la mesa de negociación parecían caber las expectativas e ilusiones de todo un país. A la derecha, estaban los representantes del gobierno encargado de Delcy Rodríguez, encabezado por Jorge Rodríguez; a la izquierda, la comisión delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera.
Ese día, se acordaron dos puntos clave como partida hacia una transición política en Venezuela: la gestión de activos internacionales para atender a las víctimas de los terremotos del 24 de junio, y emprender un proceso de reforma y reinstitucionalización del sistema judicial, específicamente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El diputado Sergio Vergara debió estar en esa fotografía, como miembro del equipo negociador de la AN 2015. Sin embargo, al residir en Estados Unidos bajo asilo político, debía gestionar un permiso especial para viajar a Venezuela que se demoró, por lo que no pudo incorporarse a este primer ciclo de conversaciones. Aun así, no fue ajeno a los acuerdos alcanzados, pues señala que durante meses tanto él como el resto de diputados han estado trabajando para diseñar una propuesta que permita recuperar condiciones electorales, jurídicas y constitucionales en el país, bajo la guía del Departamento de Estado de EE UU y la administración de Donald Trump.
“No solo el equipo que está viajando, sino toda una serie de expertos y algunos colegas diputados acompañamos el trabajo de la comisión de manera remota y a través de discusiones que tenemos no solo con asesores, sino también con miembros de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país. Elaboramos las propuestas que son presentadas y fortalecemos los criterios bajo los cuales podemos avanzar en la discusión”, apuntó en entrevista para El Diario.
Manejo transparente
Mientras la mayoría de los titulares tras la firma del acuerdo del 12 de agosto se enfocaron en el anuncio de una renovación total del TSJ en todas sus salas y la reforma de las leyes que rigen el sistema de justicia, la delegación oficialista destacó el otro punto relacionado al manejo de activos internacionales que por años estuvieron bloqueados por las sanciones económicas al gobierno venezolano.
“Ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”, señala el comunicado emitido por la mesa de negociación. Se refiere a 31 toneladas de oro pertenecientes al Estado venezolano, y que se encuentran retenidas en Londres, donde estaban resguardadas, debido a un litigio sin resolver, en el que las autoridades británicas trataban de determinar cuál era el gobierno legítimo de Venezuela, en ese entonces disputado entre Nicolás Maduro y Juan Guaidó. No obstante, con ambos políticos fuera del juego, la situación ahora podría destrabarse al haber una sola representación jurídica reclamando el oro.
Algunos sectores cuestionaron este punto del acuerdo, alegando que la razón por la que inicialmente se bloqueó el acceso del gobierno a estas reservas internacionales se debía a los múltiples escándalos de corrupción que rodearon a la gestión de Nicolás Maduro. Ante esto, Vergara aclara que su comisión precisamente estableció la necesidad de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos para evitar posibles malversaciones. Para ello, explicó que se fijaron mecanismos de trazabilidad y auditoría, supervisados no solo por el Parlamento de 2015, sino también por el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Aunque no entró en detalles sobre cuáles serán los procedimientos que implementarán para garantizar un manejo correcto de los recursos, prometió que el dinero transferido se destinará exclusivamente a los proyectos de atención de la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela. En el comunicado se adelantó que se usará para proyectos de remoción de escombros, construcción de viviendas y recuperación de los sistemas de salud y electricidad.
“Entendemos la necesidad que viven las poblaciones principalmente del estado La Guaira, y que estos proyectos permitan precisamente que pueda haber un proceso de reconstrucción, que una vez que se establezcan zonas seguras para construir, estas personas que han sido afectadas puedan tener la oportunidad de recuperar su vida. Nosotros ratificamos que estos acuerdos, si bien se han firmado para acceder a esos recursos, se hacen bajo el criterio de resguardar la integridad de los mismos y de beneficiar al pueblo de Venezuela y no permitir que los mismos sean robados como han sido robados miles de millones”, asegura.
La sombra de Citgo
La idea de acceder a las reservas internacionales sigue generando dudas, incluso con Estados Unidos supervisando su distribución. A finales de julio, el Congreso estadounidense anunció que abriría una investigación a través de su Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno al Fondo Petrolero de Venezuela. Desde el 3 de enero, cuando Washington logró la captura de Nicolás Maduro y comenzó a tutelar las ventas de crudo venezolano en los mercados globales, el portal Financial Times estima que más de 13 millardos de dólares han sido recaudados y transferidos al gobierno encargado para sus proyectos de recuperación económica y de infraestructuras críticas.
Sin embargo, hasta la fecha la administración de Donald Trump no ha publicado balances sobre los ingresos petroleros recibidos. A pesar de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció la creación del portal “Transparencia Soberana” para monitorear el destino de los fondos transferidos por Estados Unidos, desde su lanzamiento en marzo solo registró una entrada de $300 millones ese mes y no volvió a ser actualizada.
Vergara precisa que, en este caso, los recursos de los que dispondrá están protegidos por la propia Asamblea Nacional 2015, que mantiene su custodia desde 2019 al ser la única institución venezolana reconocida como legítima por Estados Unidos. Al respecto, el parlamentario recuerda que recibieron en su momento varios ataques por parte del chavismo, e incluso sectores de la propia oposición, acusándolos de presuntos malos manejos, sobre todo durante el gobierno interino de Guaidó. Pero ahora, destaca que el mismo gobierno que los señaló ahora aspira a acceder justamente a esos recursos que resguardaron.
“En muchas oportunidades se habló del uso indebido que se había hecho hasta del oro en el Banco de Inglaterra, la situación de Citgo y otros activos que, cabe decir, la Asamblea 2015 lo que hizo fue resguardar e impedir que Nicolás Maduro y la clase política que lo rodeaba le pusiera la mano a ese dinero, lo despilfarrara y lo robara como han hecho con miles de millones de dólares en Venezuela. Eso supone que, el día de hoy, el pueblo venezolano cuente con los recursos que protegió la Asamblea Nacional 2015”, resalta.
Precisamente Citgo, propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en Estados Unidos, ha sido el epicentro de la polémica, desde que en 2019 quedó bajo control de una junta ad hoc designada por la AN opositora. Esto, pues la compañía ha sido objeto de una compleja disputa legal, en la que varios acreedores de las deudas contraídas por el Estado venezolano en gobiernos pasados han exigido la entrega de acciones de su casa matriz PDV Holding como forma de pago, e incluso un tribunal de Delaware aprobó su venta para repartir ese dinero entre los demandantes.
Esto ha sido tomado por el oficialismo como un fracaso de la AN 2015, a pesar de que la venta actualmente está paralizada por el Departamento del Tesoro. Vergara justifica que la situación de Citgo ya era delicada debido a las deudas y litigios contraídos por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por lo que más bien la directiva ad hoc se ha esforzado en estabilizar las finanzas de la petrolera y presionar para evitar su liquidación. De hecho, asoma que posiblemente algunos de sus activos puedan ser usados por la comisión negociadora.
“Citgo hoy es una empresa sólida, valorada muy por encima del valor de la liquidación porque ha tenido una gestión de personas que la Asamblea Nacional y el gobierno encargado en su momento puso al frente de la empresa y permitió una recuperación y un saneamiento financiero de la misma. Los dividendos generados están en manos de la compañía y a disposición del Estado venezolano, una vez que se superen las situaciones que la agobian por la entrega que hizo Nicolás Maduro”, acota.
Garantías políticas
Durante un seminario virtual el 19 de agosto, la presidenta de la AN 2015, Dinorah Figuera, reveló que en septiembre iniciará un nuevo ciclo de conversaciones con el gobierno interino, y que tendrá como punto principal la restitución de garantías políticas y civiles. Este era un tema del que ya se conocía de forma extraoficial que se hicieron exploraciones en la primera jornada, sin acuerdos concretos todavía.
Al respecto, Vergara confirma que, efectivamente, la comisión parlamentaria ha ido sentando las bases para negociar con el gobierno la derogación de leyes punitivas que en los últimos años se han empleado para la persecución política. Igualmente, adelantó que en la mesa de diálogo, a la que espera incorporarse en esta próxima ronda, discutirán reformas para eliminar la discrecionalidad de las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría General de la República.
“La mesa de garantías políticas y civiles es una de las primeras que se debe consolidar en el siguiente ciclo. Allí se va a tratar todo lo que tiene que ver con el marco legislativo de represión, que incluye principalmente leyes como la Ley contra el Odio, la Ley de Extinción de Dominio, la reforma de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, la Ley Simón Bolívar, por supuesto, y otros mecanismos que ha utilizado el régimen como el artículo 105 de la Ley de Contraloría, para dar paso a las inhabilitaciones políticas. O sea, se trata de desmontar el aparato represivo y de garantizar el Estado de derecho para que todas las personas puedan ejercer sus garantías constitucionales sin limitaciones de ningún tipo”, apunta.
Sectores incluidos
Vergara pertenece al partido Voluntad Popular, al igual que otros miembros del equipo negociador como Marco Aurelio Quiñones, Desirée Barboza (quien lo suplió en esta primera ronda) y Macario González. El resto de diputados, incluyendo a Dinorah Figuera, pertenece a Primero Justicia. Ambos partidos, a su vez, forman parte de la Plataforma Unitaria, coalición que ha exhibido posturas encontradas respecto al proceso y la exclusión de sectores con mayor representación política, como la líder opositora María Corina Machado.
Sobre esto, Vergara indica que la AN 2015 ha mantenido una comunicación permanente con diferentes sectores de la sociedad civil, incluso desde antes de que se anunciara oficialmente el proceso de negociación. Al principio estas sesiones se hacían por videollamada, aunque con la llegada de la comisión al país, Figuera sostuvo reuniones con diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, gremios, expresos políticos y frentes de pensionados y jubilados.
“Estas reuniones permiten precisamente que podamos nosotros ahondar en los temas y tener una visión correcta y completa de lo que son las expectativas de la sociedad. Algunos actores de la sociedad civil decían, luego de los acuerdos de la semana pasada, que habían superado las expectativas”, comenta.
El diputado señala que la comisión también ha sostenido conversaciones con representantes de la Plataforma Unitaria, con quienes afirma tener comunicación permanente. Ya el 19 de junio, Figuera tuvo una reunión con la coalición opositora que se extendió hasta la madrugada, y de acuerdo con el portal La Gran Aldea, durante su reciente estadía en Caracas se volvió a reunir con sus integrantes, acordando su integración a las mesas técnicas con la excepción de los partidos Acción Democrática y La Causa R, que se abstuvieron de participar.
Por otro lado, el dirigente de Voluntad Popular señala que dentro de la propia AN 2015 se han propiciado intercambios con diputados de otras toldas políticas, como es el caso de la Fracción 16 de Julio, conformada por Alianza Bravo Pueblo (ABP) y Vente Venezuela. No obstante, el grupo parlamentario publicó el 27 de julio un comunicado en el que declaró su respaldo a la postura de María Corina Machado y Edmundo González de mantenerse como observadores ajenos a la negociación, enfocados más en velar por el cumplimiento de su agenda.
“En el caso de Vente Venezuela, ellos han sido muy claros en la política que quieren seguir. Han hablado de no involucrarse con la mesa de negociación, han hablado de no obstaculizar, a pesar de que hemos visto algunas declaraciones que parecieran o tienden a cuestionar los resultados, que ya comienzan a dar frutos, pero que de alguna manera buscan sembrar dudas en cuanto a la legitimidad”, lamenta.
Voto de confianza
Vergara señala que los objetivos del equipo negociador de la AN 2015 no son diferentes a los de la Plataforma Unitaria o la propia María Corina Machado. Su aspiración, resalta, es avanzar en un proceso completo de reinstitucionalización que permita la celebración, eventualmente, de unas elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. Para ello, primero se deben ir cimentando las bases de un Estado de derecho que prácticamente deberán construir sobre los restos del antiguo sistema controlado por el oficialismo.
De ahí que se haya decidido comenzar por reformar por completo el sistema de justicia. Explica que lo primero es devolver al ciudadano aquellos derechos que habían sido socavados en los últimos años, y procurar un TSJ con magistrados imparciales y apegados a la Constitución. Considera este paso clave, recordando las experiencias pasadas con los bloqueos judiciales que sufrió la AN al ser declarada en desacato, o con las elecciones presidenciales de 2024, en las que el tribunal falló a favor de Nicolás Maduro.
“No podemos pedirle a nadie una confianza a ciegas, porque el pueblo venezolano durante años ha vivido decepciones y frustraciones por todo lo que ha sucedido. Nosotros no pedimos confianza, lo que simplemente pedimos es un acompañamiento muy cercano que permita que hagamos el trabajo que tenemos que hacer, que sea muy crítico en lo que estamos haciendo de forma constructiva, para que los resultados se logren”, opina.
