Hay una palabra que en Venezuela se usa como amuleto: soberanía. Se pronuncia con la barbilla en alto, cierra cualquier discusión y no obliga a nadie a explicar nada. Llevamos 20 años usándola para no responder la única pregunta que importa cuando vuelve el petróleo, que no es de quién es, sino quién manda sobre él.
Porque el dinero viene. Chevron anunció una inversión superior a 7.000 millones de dólares para llevar su producción venezolana a unos 600.000 barriles diarios en cinco años. ENI avanza en Junín 5. Repsol amplía operaciones. Y el acuerdo alrededor de North American Blue Energy Partners terminó de instalar la conversación en la mesa. Después de una década contando barriles que no salían, esto es una noticia. El problema es lo que viene después de la noticia.
La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, ha repetido que la propiedad y el control de los recursos del subsuelo siguen siendo venezolanos y que el acuerdo será presentado ante la Asamblea Nacional.La primera parte se la compro sin discutir. La segunda es la que me quita el sueño, porque propiedad y control económico son dos cosas distintas aunque en los discursos oficiales viajen siempre agarradas de la mano.
Un país puede ser dueño legítimo de cada barril de su subsuelo y no decidir nada relevante sobre quién lo saca, quién lo vende, a qué precio, con qué socios y adónde va el dinero. Eso no es soberanía: es titularidad. Es tener las escrituras de una casa donde uno tiene que tocar el timbre para entrar. El papel dice que es de uno. La llave la tiene otro. Y en las asambleas del edificio uno vota, sí, pero de último y sin micrófono.
La diferencia no es filosófica, es de caja. Ya vimos cómo termina la película cuando nadie escribe las reglas antes de que empiece a entrar la plata. Cuando el precio subía, subía el gasto. Cuando caía, llegaba la crisis. Cuando entraban dólares importábamos hasta las caraotas, y cuando dejaron de entrar descubrimos que en el camino no habíamos construido nada. La renta nunca fue un complemento de la economía venezolana: fue su sustituto. Y un sustituto siempre sale más barato que el original, hasta el día en que se acaba.
Por eso la discusión sobre cómo se administra esa renta hay que darla ahora, mientras es una hipótesis y no una tentación. Un fondo de estabilización, para que cada alza del precio no se convierta automáticamente en más gasto. Uno de infraestructura, porque sin electricidad, agua y carreteras no hay economía que arranque. Uno de capital humano. Uno de diversificación productiva. Y uno intergeneracional, porque el petróleo que saquemos hoy también es de los venezolanos que todavía no han nacido y a quienes nadie les está preguntando nada.
Suena técnico. Es apenas sentido común contable. Pero ninguno de esos fondos sirve de nada sin una contraloría independiente, presupuestos públicos, auditorías verificables, licitaciones competitivas y un Parlamento que controle de verdad y no que aplauda a tiempo. Un fondo sin auditoría no es un fondo: es una caja. Y en este país ya sabemos lo que pasa con las cajas.
Aquí es donde alguien dirá que tanto control espanta al inversionista. Al contrario. La inversión necesita seguridad jurídica, y eso es enteramente legítimo. Lo que no es legítimo es confundir seguridad jurídica con ausencia de control público. Los inversionistas necesitan reglas estables, pero unas reglas que se diseñan a espaldas de la sociedad no son estables: son provisionales, porque duran exactamente lo que dure el gobierno que las firmó. Los contratos petroleros necesitan continuidad, y continuidad no es impunidad. La empresa seria quiere un contrato que sobreviva al próximo cambio político. Y para eso hace falta que alguien más que los firmantes lo haya leído.
Las dudas alrededor del acuerdo con NABEP —las diferencias públicas sobre la duración de las concesiones, los mecanismos de asignación, el papel de Estados Unidos— van justamente por ahí. Reuters ha señalado preocupaciones sobre la ausencia de una licitación competitiva. Uno puede tener opinión sobre el fondo del negocio, pero la licitación competitiva no es una manía de auditores: es el único mecanismo conocido para saber si un país está vendiendo bien o está regalando con estilo.
Que quede claro: no se trata de rechazar la inversión extranjera. Venezuela necesita capital, tecnología, conocimiento y mercados, y los necesita con urgencia. Lo que no puede permitirse es recibirlos sin una estrategia que los ordene, porque entonces el capital no construye un país: solo lo atraviesa.
Podemos volver a producir petróleo sin volver a tener desarrollo. Podemos atraer inversión sin construir instituciones. Podemos exportar millones de barriles y seguir importando casi todo lo demás. Ya lo hicimos una vez y, si el objetivo era ese, nos salió bastante bien.
También podemos hacer otra cosa. Pero eso no lo decide el subsuelo. Lo deciden los contratos, las auditorías y los ciudadanos dispuestos a leerlos. Yo, desde Madrid, sigo esperando que alguien publique el contrato completo. No porque crea que va a pasar. Por constancia.
