El jueves 10 de septiembre, en la sede del Colegio de Ingenieros de Venezuela, abrimos el ciclo de foros sobre la renovación del Poder Judicial con el tema “Gobierno Judicial para la Nueva Venezuela”. Hablaron cuatro voces distintas; la conducción política de la negociación, la abogacía organizada, los trabajadores judiciales y quien escribe, y ocurrió algo que no siempre pasa en estos encuentros: las cuatro llegaron a la misma conclusión por caminos diferentes.
Dinorah Figuera: “Increpen la mesa”
La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, abrió el foro con un saludo a los magistrados y juristas venezolanos que están en el exilio, y planteó que este proceso debe abrir la puerta de su regreso. Es una inmensa oportunidad, dijo, para los profesionales del derecho y para unir a la familia venezolana.
Pero lo más significativo de su intervención no fue un anuncio sino una invitación, y va contra la costumbre de quien negocia. En lugar de pedir confianza, pidió escrutinio: “Increpen la mesa, critiquen la mesa o propongan en la mesa”. Explicó que ese acompañamiento crítico es justamente lo que le permite a la delegación exigir más. Pocas veces he escuchado a alguien que conduce una negociación pedirle a la sociedad que la presione. Y anunció reuniones con la sociedad civil, con familiares de presos políticos y con la comunidad de periodistas y medios bloqueados, en torno a la libertad de expresión.
El centro de su mensaje fueron los ciudadanos comunes: quienes tienen que tocar la puerta de un tribunal, de una fiscalía o de la Defensoría del Pueblo para pedir justicia. Que puedan volver a tener esperanza, dijo. Y fijó el límite ético del proceso con una frase que debería quedar como criterio de toda esta etapa: no se trata de cambiar impunidad por libertad, sino de recuperar la justicia y la democracia, y de recoger “los vidrios rotos” que nos han causado tanto dolor.
Mis propuestas: el gobierno judicial
Mi intervención partió de una advertencia que vengo repitiendo y que asumo como tesis: no podemos confundir la renovación de las personas con la transformación de las instituciones. Tenemos por delante una oportunidad y también un riesgo. Por eso hay que hablar del gobierno judicial, es decir, de lo que ocurra después de la designación, cuando desde la Sala Plena deban funcionar la Inspectoría General de Tribunales, la Escuela Nacional de la Magistratura y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
Sobre esa base propuse a la Mesa de Diálogo cuatro medidas. La primera: postulaciones abiertas, selección por méritos y transparencia de credenciales, con audiencias públicas donde los candidatos finalistas a los treinta y dos cargos principales y sus suplentes, expliquen ante los medios su concepto de la independencia judicial y su trayectoria, y asuman un compromiso público de independencia. Recordé allí que los antecedentes disciplinarios solo los manejan los colegios de abogados, y que hemos conocido casos de personas que ejercieron durante años sin ser abogados, e incluso de jueces y secretarios sin título. Ser magistrado no es una representación política: es una responsabilidad constitucional.
La segunda: un inventario de los pasivos judiciales y de derechos humanos, decisiones de organismos internacionales incumplidas durante años, víctimas pendientes de reparación, presos políticos y casos extraordinariamente prolongados, porque nadie debería recibir una institución sin saber qué obligaciones vienen dentro de ella.
La tercera: un plan nacional contra el retardo judicial, empezando por los expedientes más antiguos. El retardo no fue un accidente administrativo: fue una política, porque convirtió al sistema de justicia en un mecanismo de chantaje. Y la cuarta, quizá la más importante: la reforma debe descender de la cúspide a la base. Cuando se transforme la cúpula de los 32, esa transformación tiene que bajar en forma de concursos públicos, conforme al artículo 255 de la Constitución, a los más de 1.400 tribunales del país. El ciudadano no se encuentra con la justicia en el Tribunal Supremo: se encuentra con ella en el tribunal de municipio y primera instancia.
Clara Inés Valecillos: la asamblea que nadie esperaba
La doctora Clara Inés Valecillos, miembro del directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, trajo la noticia institucional. El jueves 3 de septiembre se reunió el Consejo Superior de la Federación en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, con la asistencia de todos los presidentes de colegios del país, algo que, como ella misma subrayó, hacía tiempo no se lograba. Recordó que la Federación es el máximo organismo gremial, integrada conforme al artículo 43 de la Ley de Abogados por los colegios y sus delegaciones, y que el Consejo Superior reúne además al presidente del Inpreabogado, al directorio y al presidente del Tribunal Disciplinario.
Lo acordado allí es el hecho más relevante de estas semanas: la abogacía organizada de Venezuela participará en el proceso de reinstitucionalización del Poder Judicial postulando abogados al Comité de Postulaciones Judiciales, comisión de verificación de credenciales, así como al Tribunal Supremo de Justicia. No es una declaración de apoyo: es una decisión de participar. Por su parte, en sintonía con la Federación de Empleados tribunalicios, profesores y estudiantes de Derecho del país, miembros de la academia, establecer la sinergia necesaria para contar con magistrados independientes y un gobierno judicial conforme las urgentes necesidades del país.
Valecillos explicó algunos puntos para desmontar al Poder Judicial: la reforma de la ley del Tribunal Supremo elevó el número de magistrados de 20 a 32 y permitió removerlos por mayoría simple, la suspensión de los concursos y la conversión de los jueces en provisorios de libre nombramiento y remoción. Pero su testimonio personal, como jubilada del Poder Judicial, fue lo que dejó la sala en silencio: en la jurisdicción penal, los presidentes de circuito piden los expedientes e indican a los jueces cómo sentenciar. “He presenciado cómo los jueces dicen: obedecemos instrucciones. No les da pena decirlo”.
Emilio Negrín: la casa completa
El cuarto aporte llegó desde el destierro. El abogado Emilio Negrín, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales, encarcelado injustamente y hoy fuera del país, hizo llegar el manifiesto de su organización con un planteamiento que complementa exactamente el nuestro: el Poder Judicial debe renovarse en su conjunto. No solo magistrados y jueces, sino también los directores de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, los directores regionales y de línea y las demás figuras de poder dentro de la institución.
El manifiesto contiene además una advertencia honesta y poco común, porque reconoce una vulnerabilidad propia: un trabajador infravalorado, menospreciado y al que no se le respetan sus derechos, es un trabajador propenso a alinearse con las prácticas destructivas. De allí su exigencia de que los trabajadores activos, la Federación y la asociación de jubilados sean escuchados como pieza fundamental de este proceso, y de que la institución no vuelva a ser utilizada jamás como instrumento de persecución.
Cuatro voces, entonces, y una sola conclusión: cambiar los nombres no basta. Hay que cambiar la casa, conocer sus pasivos, abrir sus puertas y hacer que quienes trabajen en ella no tengan que obedecer instrucciones. Eso es el gobierno judicial, y de eso seguiremos hablando en los próximos foros.
