La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel recibió libertad plena la noche del 1° de octubre, luego de que un tribunal venezolano dictara una sentencia absolutoria.
«El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra», escribió San Miguel en una publicación de X.
La defensora había sido detenida en febrero de 2024 y permaneció privada de libertad hasta enero de 2026, cuando fue excarcelada junto a otros ciudadanos españoles por una medida anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que prometía liberar un «número importante» de presos políticos venezolanos y extranjeros.
Tras recibir la decisión del tribunal, San Miguel agradeció a su familia, pero también a las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales que la apoyaron y exigieron su libertad.
«Hoy recibo esta decisión con gratitud, pero también pensando en quienes todavía esperan justicia. Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad», enfatizó.
El caso de Rocío San Miguel
San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (La Guaira), cuando se disponía a salir del país. A la activista se la acusó de supuestamente conspirar para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y bases militares.
Su captura estuvo marcada por la incomunicación y lo que defensores de derechos humanos catalogaron como una desaparición forzada temporal. Inicialmente también detuvieron a su hija y a otros cuatro familiares.
Pasó casi dos años recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, Caracas. Durante su detención sufrió una caída y, en consecuencia, la fractura de su hombro derecho.
Su defensa denunció la falta de atención médica oportuna y la negación de ser intervenida por médicos de su confianza.
En enero de 2026, fue excarcelada en medio de un proceso de liberación de presos políticos que involucró mediaciones diplomáticas. En el caso de San Miguel, se documentó la mediación de la Embajada de España en Caracas, debido a que la activista tiene también nacionalidad española.
Tras su salida de prisión, se reunió brevemente con sus familiares en la Embajada de España y posteriormente tomó un vuelo rumbo a Madrid junto con un grupo de presos políticos españoles.
En mayo de 2026, la defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, regresó a Venezuela y solicitó a las autoridades el cierre de la causa judicial en su contra.
