El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció una reestructuración operativa orientada a garantizar una atención procesal expedita y descentralizada dentro de la jurisdicción juvenil del país. A través de la medida, las causas judiciales que involucran a adolescentes dejarán de ser procesadas de manera centralizada en la capital y pasarán a ser asumidas por los jueces naturales en sus respectivos circuitos regionales.
La reforma fue oficializada mediante la Resolución N.º 2026-0013, adoptada formalmente por la Sala Plena del Máximo Tribunal. La disposición elimina la competencia especial que ejercían dos tribunales radicados en Caracas, los cuales absorbían los expedientes tramitados en todo el territorio nacional. Con la entrada en vigencia del texto normativo, los expedientes serán procesados por los tribunales de control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes pertenecientes a cada Circuito Judicial regional.
Garantías procesales y acceso a la defensa idónea
Desde el órgano judicial se enfatizó que el traslado de las competencias busca asegurar una calificación jurídica pertinente para cada asunto, además de facilitar la logística de traslado y acompañamiento para los familiares de los jóvenes procesados.
“El Tribunal Supremo de Justicia trabaja en garantizar que cada caso reciba la calificación jurídica adecuada y que los adolescentes puedan ejercer una defensa idónea ante el juez que les corresponde”, reza el comunicado oficial difundido por la institución judicial, subrayando que la decisión busca acercar la administración de justicia a los ciudadanos en las distintas regiones del país.
Contexto de las reformas en el sistema de justicia
La resolución de la Sala Plena se produce en respuesta al llamado formulado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para ejecutar un plan integral de reestructuración en el Sistema de Justicia venezolano.
Esta descentralización de causas penales juveniles se suma a los recientes exhortos realizados por organizaciones de derechos humanos y entes de la sociedad civil, los cuales han solicitado de forma reiterada el cese del retardo procesal, el fin de los traslados discrecionales hacia sedes judiciales distantes del lugar de residencia de los imputados y el fortalecimiento de las garantías constitucionales durante todas las fases de los juicios en el país.
