La administración de Estados Unidos reveló los detalles del plan de transición política en Venezuela, que abarca la renovación de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de que se convoquen elecciones presidenciales.
Durante una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario del Departamento de Estado explicó que la celebración de elecciones libres y creíbles en el país exige desmantelar la infraestructura judicial y electoral actual.
Esta premisa sirvió de base para los acuerdos alcanzados durante la cuarta ronda de negociaciones entre representantes del gobierno encargado y un sector de la oposición, liderado por diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015.
De acuerdo con la transcripción de la llamada, el vocero estadounidense enfatizó que el fallo recurrente de los intentos pasados de resolución política se debió a la pretensión de acudir a las urnas con las estructuras de poder preexistentes.
A juicio de la representación estadounidense, el TSJ y el CNE han funcionado como instrumentos de control del régimen, por lo que resulta indispensable su reemplazo integral antes de llamar al electorado a las urnas.
“No se puede tener una elección libre y justa que sea aceptada por ambas partes y por todos los sectores en un país mientras esa infraestructura esté en pie. Así que esa infraestructura necesita ser reemplazada. Esa infraestructura necesita ser arrancada de raíz y reemplazada por algo nuevo. No se pueden tener elecciones creíbles en ese país sin que eso esté en su lugar”, se lee en el texto publicado el 26 de octubre.
La renovación del TSJ
El primer punto del plan de EE UU para la transición democrática en Venezuela contempla la reestructuración completa del Poder Judicial.
En ese sentido, el representante del Departamento de Estado resaltó que los tribunales representan la institución de mayor poder, los cuales han sido utilizados en varias oportunidades para controlar la narrativa política.
“Fue el TSJ el que dictaminó que la Asamblea Nacional era ilegal en 2015. Fue el que creó las bases para una asamblea constituyente que la reemplazó con una nueva AN”, señaló el texto del Departamento de Estado de EE UU.
Para revertir esa dinámica, los representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y los voceros del gobierno encargado, encabezados por Jorge Rodríguez, acordaron la creación del Comité de Postulaciones Judiciales, que estará encargado de elegir los nuevos magistrados del TSJ.
El funcionario destacó como un avance importante que la composición de dicho comité quedó integrada por profesores de derecho y profesionales académicos, al margen de perfiles estrictamente partidistas.
De acuerdo con el cronograma previsto por la diplomacia estadounidense, la nómina acordada por el comité deberá ser remitida a la Asamblea Nacional para su aprobación por parte de Rodríguez, con la meta fijada de contar con un máximo tribunal plenamente renovado antes de mediados de diciembre de 2026.
La transformación del CNE
De forma paralela a la renovación judicial, las conversaciones han comenzado a abordar la reforma estructural del ente electoral. El alto funcionario contrapuso la naturaleza del CNE venezolano, el cual calificó que históricamente ha tenido la facultad de condenar partidos y descalificar candidaturas opositoras, con los departamentos electorales de los países democráticos.
El acuerdo en desarrollo contempla la conformación de un comité de expertos similar al judicial para seleccionar a los nuevos rectores, procedimiento que en este caso no requerirá la ratificación de la Asamblea Nacional.
“En Venezuela, ese CNE no es solo su departamento de elecciones. Este consejo teóricamente hace eso, pero hace mucho más. También decide qué partidos se pueden registrar y quién se puede postular. Y así fue como inhabilitaron a María Corina Machado, por ejemplo, y a un montón de otras personas, y Edmundo terminó siendo algo así como el candidato por defecto porque se olvidaron de removerlo”, señaló el vocero del Departamento de Estado de EE UU.
La propuesta actual presentada en la mesa de diálogo busca despojar al CNE de toda atribución política o discrecional sobre la habilitación de competidores.
Bajo esta premisa, el ente electoral pasará a operar exclusivamente como una plataforma técnica encargada de disponer la logística, desplegar las máquinas de votación, abrir los centros, escrutar los sufragios y publicar los resultados.
Elecciones presidenciales
Una vez articulados ambos pilares, el nuevo TSJ formalizado a finales de año y el CNE técnico instalado poco después, el esquema de la administración de Donald Trump prevé que Delcy Rodríguez proceda a declarar la falta absoluta de la Presidencia de la República.
El vocero del Departamento de Estado subrayó que la activación formal de esta figura constitucional abrirá automáticamente un periodo de seis meses para la realización de elecciones presidenciales, cuya fecha precisa será fijada por las nuevas autoridades electorales.
Asimismo, el funcionario estadounidense advirtió que convocar a votaciones sin esta arquitectura electoral previa condenaría el proceso al fracaso, debido a que cualquier actor perdedor desconocería los resultados alegando fraude ante la falta de árbitros imparciales.
“Sin un nuevo TSJ y un nuevo CNE, no puede haber una elección creíble porque el perdedor de esa elección va a alegar que la otra parte hizo trampa, o porque la infraestructura existente que controla esas dos cosas impedirá que ocurra una elección creíble. Por lo tanto, hay que crear la arquitectura para una elección creíble antes de poder convocar a una elección”, resaltó el portavoz.
El objetivo final, precisó la fuente diplomática, es lograr una contienda cuyos resultados sean acatados de forma pacífica por todas las partes, que permita el ejercicio democrático del rol de oposición y la alternabilidad futura en el poder.
El precedente de la transición negociada
El análisis del Departamento de Estado de EE UU enfatizó que la renovación de las instituciones debe acompañarse con la apertura efectiva de espacios, por lo que el vocero señaló que no es posible realizar un proceso electoral democrático mientras persista la persecución contra los partidos políticos, la censura en los medios de comunicación o las restricciones de acceso a las redes sociales y plataformas digitales.
Desde este punto de vista, el funcionario citó como un síntoma positivo el retorno al país de la asesora de comunicaciones de María Corina Machado, quien tras permanecer año y medio asilada en la embajada de Argentina y salir del territorio nacional, reingresó por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, transitó por los controles de inmigración y actualmente ejerce actividades públicas e imparte entrevistas en televisión nacional sin represalias.
Con respecto a la metodología para alcanzar el cambio político, el representante estadounidense defendió la necesidad de negociar con las autoridades encargadas que ejercen el control de facto.
Argumentó que la historia comparada demuestra que las transiciones pacíficas, como las vividas tras la Guerra Fría o en los procesos históricos de España, Portugal y Paraguay, han requerido la cooperación y el acuerdo de los sectores que controlan los aparatos de seguridad del Estado.
La alternativa a este esquema de reformas negociadas, advirtió el funcionario, sería el conflicto armado o la guerra civil, opción que la diplomacia internacional busca evitar para descartar el derramamiento de sangre.
Sostenibilidad económica
El vocero gubernamental también se refirió en su exposición a la magnitud de los desafíos ejecutivos y económicos que enfrentará el gobierno que resulte electo en las urnas, debido a que la administración entrante deberá asumir la gestión de un Estado cuya burocracia y cuerpos de seguridad fueron moldeados durante tres décadas por el oficialismo, en medio de una crisis de deuda y servicios públicos.
Para ilustrar este riesgo, el portavoz estadounidense citó los problemas de gobernabilidad observados en Bolivia, donde los mandatos de nuevos presidentes han enfrentado resistencias por parte de aparatos de seguridad leales a directivas previas.
En el caso venezolano, un escenario similar sumado al colapso del sistema eléctrico o la escasez de combustible podría minar rápidamente la estabilidad institucional.
“Tendrás una elección, todos estarán felices, pero un mes después todos van a estar enojados porque hay escasez de combustible, porque no hay electricidad. La razón es que si quieres que un gobierno electo democráticamente tenga éxito, no puedes dejarlo cargando con una calamidad económica, porque eventualmente, no importa cuán feliz está la gente de haber tenido una elección, todavía quieren comer, quieren poder pagar sus cuentas y quieren que el suministro eléctrico no sufra de apagones crónicos”, puntualizó el vocero.
Por estas razones, la estrategia estadounidense defendió que la reforma política debe avanzar a la par de las medidas de auxilio económico antes de unas eventuales elecciones presidenciales.
