Democracia participativa y control social: reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y el Estado

Es importante analizar cómo utilizamos el término participación ciudadana, pues su verdadero alcance va más allá de la condición de sujeto de derechos dentro de un Estado democrático.

Comencemos con una analogía que nos permita cuestionar algunos mitos del sistema político, en particular los relacionados con el Estado patriarcal. En un hogar, los padres o representantes tienen, desde la perspectiva del derecho natural, la responsabilidad de planificar, administrar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de sus hijos. Esto implica atender sus necesidades y brindarles educación y oportunidades durante su crecimiento, hasta que alcancen la mayoría de edad. Al mismo tiempo, les exigen compromiso y colaboración mediante acuerdos y normas de convivencia. La función de los padres o representantes consiste en proveer y administrar con equidad, reconociendo que cada hijo desarrollará habilidades propias que le permitirán, en el futuro, sostenerse de manera autónoma. Por su parte, los hijos asumen responsabilidades acordes con su proceso de formación. En esta relación podemos encontrar una semejanza con las funciones del Estado frente a sus ciudadanos.

¿Qué ocurre cuando los padres o representantes fallan en sus responsabilidades? Los hijos pueden crecer en condiciones de vulnerabilidad, con oportunidades limitadas y una vida centrada en la supervivencia, a costa de grandes esfuerzos. Por el contrario, si los hijos no aprovechan los recursos y las oportunidades que reciben ni asumen sus responsabilidades, los esfuerzos de quienes los cuidan pueden terminar en desgaste y en una relación cada vez más compleja. Esta analogía invita a reflexionar sobre la participación ciudadana como una relación de derechos, responsabilidades y colaboración, y no únicamente como una condición jurídica.

Al trasladar esta comparación al vínculo entre Estado, gobierno y ciudadanía, cabe sostener que el Estado garantiza los recursos y derechos necesarios para el desarrollo, el gobierno los administra y la ciudadanía se beneficia de las condiciones que ofrecen las instituciones. Sin embargo, surge una cuestión fundamental: ¿en qué medida dicho desarrollo depende de la gestión política? Esta interdependencia exige una participación ciudadana sostenida en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, dado que la acción gubernamental incide en la administración de los recursos y en la efectividad de las garantías que el Estado está obligado a asegurar. En consecuencia, la ciudadanía no debe circunscribir su papel a la recepción pasiva de prestaciones institucionales, sino intervenir en los procesos de decisión pública, cuyas consecuencias experimenta de manera directa.

No obstante, la analogía entre la autoridad paterna y la estatal presenta límites conceptuales. En su “Segundo tratado sobre el gobierno civil” (1690), John Locke cuestiona esta equiparación al diferenciar la autoridad parental de la autoridad política. Si bien los padres tienen la obligación de cuidar, sustentar y orientar a sus hijos durante la minoría de edad, tales deberes no les confieren un poder absoluto ni la facultad de disponer arbitrariamente de su vida o de su muerte. Los hijos son titulares de derechos propios y, al alcanzar la madurez, adquieren autonomía para determinar el curso de su existencia. De manera análoga, el ejercicio de la autoridad gubernamental no puede legitimarse mediante una concepción de tutela paternal ilimitada: su legitimidad requiere el respeto de los derechos de la ciudadanía y el consentimiento de quienes están sujetos a ella.

Mediante esta analogía, Locke desarticula el mito del Estado patriarcal al separar dos ámbitos: el privado de la familia, fundado en el afecto y en una tutela limitada a la minoría de edad, y el público del Estado, regido por el derecho, el consentimiento de ciudadanos libres y la reciprocidad. Desde esta perspectiva, el rey no es un padre para sus súbditos, ni estos son menores indefensos sometidos a una obediencia ciega. La legitimidad del poder político nace del consentimiento de los gobernados, no de una autoridad patriarcal impuesta

Diferencias en la relación entre la ciudadanía y el poder político en los regímenes monárquicos y democráticos

Desde la perspectiva de la filosofía política, retomando el pensamiento de John Locke y considerando el posterior desarrollo de las democracias modernas, existe una diferencia fundamental entre la condición de súbdito en una monarquía absoluta y la de ciudadano en un Estado democrático. En la primera, la población está subordinada a un poder cuya autoridad se transmite por herencia y se impone desde la figura del monarca. En el segundo, el ciudadano es un sujeto de derechos que participa en la legitimación del poder y fiscaliza su ejercicio.

En términos teóricos, estas formas de gobierno atribuyen roles distintos a la sociedad civil. Bajo una monarquía absoluta, se espera que el súbdito sea obediente, pasivo y leal al soberano. Sus derechos no se reconocen como inherentes a la persona, sino como concesiones o privilegios otorgados por el rey. La participación política es inexistente o meramente decorativa, sometida a la voluntad de su majestad; desafiar esa autoridad puede considerarse un delito grave, incluso castigado con la muerte.

En los Estados democráticos, en cambio, el ciudadano debe asumir un papel activo y ejercer su responsabilidad cívica. Tiene derecho a participar en la elección de quienes ocupan cargos de poder y a exigirles rendición de cuentas. Su función no se limita a obedecer las leyes: también interviene en su elaboración mediante el voto y los mecanismos de participación democrática. Asimismo, le corresponde fiscalizar al poder, exigir transparencia, debatir los asuntos públicos y ejercer sus derechos civiles y políticos con autonomía y sentido crítico.

El enigma que surge de esta analogía entre los comportamientos ciudadanos en distintas formas de organización política es el siguiente: ¿se ha logrado comprender, con el transcurrir del tiempo, ¿cuál es la identidad de la civilidad y qué papel desempeña en el equilibrio del poder político dentro de un sistema democrático?

Esta difícil ecuación sigue sin resolverse, pues persisten grandes confusiones sobre cómo debería ejercerse el poder y cómo se configura la relación entre gobierno y ciudadanía, tanto en la monarquía como en la democracia. Aunque sus diferencias son claras en la teoría, en la práctica ambas pueden mostrar importantes similitudes: el Estado queda eclipsado por el proyecto personal de un gobernante cuyo liderazgo se impone desde sus propios criterios y su carácter, relegando las instituciones construidas dentro del sistema político. Así, muchas democracias se desvirtúan al reproducir una autoridad semejante a la de un rey mediante un poder personalista, encarnado en un líder ajeno a las estructuras políticas tradicionales. Su figura conecta con la idiosincrasia del entorno y termina siendo valorada por su carisma, mientras sus capacidades y valores quedan en segundo plano. En el fondo de esta tensión se encuentra el ego como eje del personalismo en el ejercicio del poder.

Es posible encontrar ejemplos de países democráticos

En la actualidad, la Economist Intelligence Unit evalúa la calidad de las democracias a escala internacional. Entre los países clasificados como democracias plenas destacan Noruega, Islandia y Suecia. Estos países nórdicos combinan un sistema electoral transparente con un elevado nivel de bienestar social, igualdad de género, libertad de expresión y confianza en las instituciones.

En América Latina, Uruguay se considera un referente de democracia sólida por su estabilidad institucional, su respeto al Estado de derecho, la alternancia pacífica en el poder y la fortaleza de sus libertades civiles y de prensa.

Al analizar estas democracias plenas, es posible identificar prácticas comunes que contribuyen a mantener un sistema político equilibrado, capaz de funcionar en beneficio del desarrollo y el bienestar de la población. Uno de sus pilares fundamentales es el respeto al Estado de derecho: las leyes se aplican por igual a todos los ciudadanos, incluidos los gobernantes, y las instituciones deben garantizar que no haya impunidad ni un uso de la justicia al servicio de intereses.

Separación y autonomía de los poderes del Estado. La independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial constituye un principio fundamental del orden democrático. En este marco, el sistema jurídico debe actuar como un contrapeso efectivo, sin subordinarse a los intereses ni a las directrices del gobierno de turno.

Transparencia y rendición de cuentas. La transparencia es indispensable en la gestión del gasto público. Su cumplimiento exige explicar de manera clara y accesible cómo se asignan e invierten los recursos, así como los procedimientos y criterios que orientan la toma de decisiones.

Garantía de los derechos de las minorías. La protección de las minorías debe impedir que la acción política se traduzca en el predominio de unos grupos sobre otros. Esto supone garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas y colectivos, independientemente de sus intereses, afinidades o posiciones respecto de un tema

El comportamiento bidireccional de la ciudadanía, basado en la reciprocidad y el reconocimiento mutuo, contribuye a consolidar una cultura política tolerante y pluralista, sustentada en el respeto a la diversidad social. En este marco, la confrontación política debe desarrollarse mediante el intercambio de argumentos, sin convertir al adversario en un enemigo cuya eliminación se considere legítima. La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos requiere un compromiso constante con la fiscalización del poder, la colaboración con organizaciones no gubernamentales y la intervención en debates públicos. Estas prácticas favorecen una ciudadanía informada y fortalecen su capacidad para identificar y contrarrestar la desinformación.

El respeto a los resultados electorales y a las reglas de competencia constituye un principio fundamental de la dinámica democrática. Esto implica aceptar la alternancia en el ejercicio del poder y dar continuidad a la participación política de cara a los próximos comicios, bajo las mismas normas. Asimismo, exige rechazar el sabotaje institucional y la descalificación del adversario como mecanismos de acción política.

La importancia de la participación ciudadana en los sistemas democráticos para el funcionamiento eficaz de la administración pública

La participación ciudadana constituye un componente fundamental para el adecuado funcionamiento de los procesos administrativos del Estado y trasciende el ejercicio del voto en las elecciones para cargos públicos. Su incorporación en la gestión pública y en el diseño de políticas contribuye a fortalecer la legitimidad y la confianza institucional, al tiempo que reduce la distancia entre el Estado y la sociedad. Asimismo, promueve en la ciudadanía un sentido de pertenencia y una mayor aceptación de los asuntos públicos, consolidando una gestión gubernamental orientada al desarrollo estatal.

En este sentido, el conocimiento directo que poseen los ciudadanos acerca de sus necesidades constituye una fuente valiosa de información para identificar prioridades y jerarquizar posibles soluciones. Sus aportes favorecen, además, el diseño de respuestas más precisas y pertinentes, ajustadas a las características del entorno y a las demandas de la población.

El control y la rendición de cuentas son dos pilares estrechamente vinculados con la transparencia del proceso administrativo. La vigilancia ciudadana sobre la asignación y el uso de los recursos públicos, así como la veeduría en la ejecución de obras y la prestación de servicios, contribuyen a prevenir la corrupción y a fomentar la probidad administrativa al exigir que los funcionarios públicos respondan por sus decisiones y actuaciones. La participación en los asuntos públicos construye ciudadanía: permite a las personas incidir en su entorno y transformar su realidad colectiva.

Comprender la relación entre la ciudadanía y los procesos administrativos implica reconocer la importancia de democratizar la gestión del Estado. Se trata de evitar que esta permanezca como un espacio cerrado, reservado a expertos y burócratas, y de abrirla a la participación ciudadana para orientar sus acciones hacia el bienestar y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

El proceso administrativo en el sector público venezolano

En Venezuela, la Administración Pública ha transitado por cinco etapas institucionales, marcadas por la consolidación del Estado centralizado, la continuidad del modelo petrorrentista, las reformas de descentralización y la irrupción del socialismo bolivariano, articulado en torno al poder popular. Este artículo se centra en el comportamiento ciudadano dentro de la gestión pública del poder popular en el sistema socialista. Se examinan la adaptación estratégica del ciudadano, su dependencia institucional y su interacción con una estructura burocrática y centralizada. En este contexto, la participación ciudadana termina reducida a la gestión de trámites para acceder a bienes y subsidios destinados a cubrir las necesidades cotidianas de subsistencia.

Así, el ciudadano deja de ejercer la vigilancia sobre la gestión pública a desempeñarse como actor político o militante partidista. A su vez, la participación comunitaria, sustentada en un marco legal, se canaliza mediante misiones, organizaciones e instancias como los consejos comunales, las comunas, los programas de energía, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las mesas técnicas de agua, entre otras.

Con ello, se estaría pasando por encima de los niveles descentralizados de gobierno, en particular de los gobiernos locales, al otorgar la gestión directa de los servicios públicos a grupos comunitarios elegidos para ese fin. Esto socavaría la labor de los equipos capacitados de la administración gubernamental —misiones frente a ministerios—, reduciría la capacidad de respuesta y dejaría las decisiones a conveniencia de grupos de interés oficialistas organizados en las comunidades. Estos grupos velarían por los intereses del Poder Ejecutivo y mantendrían una lealtad que, a su vez, sería recompensada

El ciudadano se convierte en un actor adaptativo ante la necesidad de acceder a los servicios públicos mediante plataformas digitales de protección social. Para recibir bonos o bienes, debe familiarizarse con estas herramientas y registrarse en los programas correspondientes.

Las limitaciones presupuestarias deterioran la capacidad de gestión de los responsables de las políticas públicas y afectan la prestación de servicios básicos como la electricidad, el agua, la salud y el internet. A ello se suman la opacidad y la burocracia administrativa, que trasladan al ciudadano la responsabilidad de resolver las fallas por sus propios medios o mediante la organización vecinal. Así, se ve obligado a buscar alternativas privadas de pago o, cuando no dispone de recursos, a adaptarse a las deficiencias de los servicios.

Cuando la ciudadanía se ve afectada por procesos burocráticos que dificultan la realización de trámites ante organismos públicos centralizados —como la expedición de pasaportes, registros, certificados y licencias—, busca mecanismos alternativos para agilizar su gestión. En este contexto, los pagos extraoficiales se convierten en una vía para eludir las trabas administrativas. Asimismo, el desorden administrativo en la implementación de las políticas públicas favorece la apatía y el distanciamiento de la ciudadanía respecto de los espacios de participación, como las asambleas comunales, especialmente cuando estos se perciben como instrumentos al servicio de intereses partidistas.

El ejercicio de la veeduría ciudadana frente a estas deficiencias también se encuentra restringido. Quienes intentan ejercer funciones de contraloría social o exigir el respeto de sus derechos administrativos sin pertenecer al partido oficialista quedan expuestos a represalias por parte de los cuerpos de seguridad del gobierno de turno. Esta vulnerabilidad se extiende a quienes recurren a canales digitales y redes sociales para formular sus demandas: pueden enfrentar detenciones por motivos políticos, acusaciones de vinculación con el terrorismo, tortura o, incluso, desaparición forzada. Tales prácticas se amparan en leyes promulgadas por el oficialismo y utilizadas para reprimir y controlar la disidencia ciudadana.

El deterioro de la democracia en contextos de control social

El deterioro institucional del sistema político venezolano y las deficiencias de su gestión administrativa evidencian la transformación de un Estado sustentado en mecanismos de gestión pública en una estructura de poder orientada a la subordinación y al control, articulada en torno a una organización partidista y sus alianzas con organizaciones criminales. Este proceso ha tenido profundas consecuencias institucionales, entre las que destacan la erosión de la autonomía de los poderes públicos y su subordinación a actores afines al proyecto oficialista. Asimismo, la desprofesionalización y la politización de la administración pública han consolidado un modelo que privilegia la lealtad política sobre la competencia técnica y el mérito profesional. En este contexto, el personal técnico de carrera ha sido desplazado por funcionarios designados discrecionalmente, sin las capacidades necesarias para desempeñar sus responsabilidades.

Las políticas públicas, en lugar de promover el desarrollo socioeconómico, se han orientado a garantizar la supervivencia y la reproducción del proyecto autocrático, favoreciendo la expansión del clientelismo y la utilización de los recursos estatales como instrumentos de control político.

Por su parte, la renta petrolera, en vez de destinarse al financiamiento de las necesidades públicas, ha sido desviada hacia fondos en beneficio de altos funcionarios y hacia inversiones ilícitas. Estas prácticas, junto con las expropiaciones y el debilitamiento del aparato productivo, han contribuido al desabastecimiento, la hiperinflación y una devaluación monetaria de magnitud histórica.

La evaluación como instrumento para promover la estabilización, la recuperación y el proceso de transición en el país

Reconocer la importancia de una ciudadanía activa implica entender que su participación es una de las decisiones políticas fundamentales para sostener el Estado democrático. Las comparaciones que presentamos en este artículo entre el comportamiento de la sociedad civil en dos formas de organización política —las monarquías y las democracias— permiten observar cuánto persisten, en el funcionamiento de estas últimas, los modelos de autoridad propios del poder centralizado. Estas prácticas perpetúan una relación paternalista con la población, en lugar de ofrecerle herramientas para desarrollar el pensamiento crítico y ejercer plenamente su poder ciudadano.

Como hemos analizado, avanzar hacia ese ideal de convivencia democrática requiere un equilibrio entre los poderes, incluido el ciudadano. Este no debe limitarse a la elección de representantes mediante un voto razonado e informado, sino que también debe ejercerse a través de la vigilancia y el control de la gestión pública. Para ello, es indispensable que las instituciones actúen con transparencia y garanticen el acceso a la información. En última instancia, una ciudadanía activa es aquella que protege sus derechos y se mantiene atenta a las decisiones políticas que pueden afectarla o beneficiarla directamente.

El presente año plantea un escenario de considerable complejidad política e institucional. Con apoyo externo, se diseñó un plan estratégico contra una organización delictiva que condujo a la captura de un dirigente del poder oficialista, sobre quien pesan graves acusaciones. Sin embargo, sus representantes continúan formando parte del aparato de poder descrito como tiránico, lo que suscita interrogantes sobre el alcance de las medidas adoptadas y sus posibilidades de propiciar una transformación institucional efectiva. En el marco de un acuerdo con el Poder Ejecutivo de Estados Unidos y con el respaldo de potencias democráticas del ámbito internacional, se establecieron tres fases: estabilización, recuperación y transición hacia el restablecimiento de la institucionalidad del país y de sus poderes públicos. Este proceso contempla una forma de tutela durante el cumplimiento de los compromisos acordados.

Ante este panorama, surge una pregunta fundamental: ¿por qué se otorga prioridad a un acuerdo económico petrolero frente a la recuperación institucional del país? Aunque cada grupo de interés procura anteponer sus propias prioridades, la viabilidad de cualquier política económica exige acuerdos sustentados en la confianza y en instituciones capaces de garantizar su continuidad y sostenibilidad.

Por tanto, la recuperación económica no debería desvincularse del restablecimiento institucional. La estabilidad y la articulación de los sistemas políticos dependen, en última instancia, del respeto mutuo entre gobernantes y gobernados, así como de una relación fundada en la equidad y no en la dominación. Desde esta perspectiva, resulta necesario examinar si las prioridades del acuerdo contribuyen a reconstruir esas condiciones o si subordinan la recuperación institucional a intereses económicos particulares.

Cada acción política tiene un impacto, y la historia nos ha demostrado que los proyectos impulsados por el egoísmo y el beneficio propio se construyen sobre bases frágiles que, tarde o temprano, terminan por derrumbarse. Lo más injusto es que las consecuencias de esas decisiones, guiadas por la ambición, suelen recaer sobre personas inocentes.

La ciudadanía es una fuerza vital para exigir que los gobiernos cumplan con la verdadera responsabilidad que asumen al ocupar cargos públicos. Si seguimos dejando las decisiones en manos de quienes se dejan dominar por una ambición insaciable, ni siquiera habremos dado el primer paso para aportar nuestro granito de arena a la restauración de un orden mundial basado en el respeto mutuo.

El equilibrio del poder no depende únicamente de lo establecido en las constituciones de los países democráticos. Es necesario ir más allá y desarrollar mecanismos efectivos para que la sociedad civil participe en las decisiones públicas. De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo de egos que compiten por popularidad para alcanzar el cargo de turno, sin reconocer que esa popularidad no les pertenece: es una fuerza que les otorga la ciudadanía.