El editor del Diario La Voz, José Materán Tulene, denunció que la libertad de prensa en Venezuela continúa restringida, pese a los recientes anuncios de los actores políticos que integran la mesa de diálogo. Afirmó que la permanencia del cierre del medio de comunicación evidencia la represión contra el periodismo independiente.
A través de una nota de prensa, Materán Tulene señaló que el periódico, que celebró en julio 60 años de fundación, permanece clausurado por una medida impuesta en 2024 por el Ejecutivo nacional, a través del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), que calificó como un instrumento de persecución política.
El periodista recordó que el Diario La Voz circuló desde el 4 de julio de 1966 en los 21 municipios del estado Miranda y se consolidó como un espacio plural, al servicio de la ciudadanía y respetuoso de las distintas tendencias políticas del país.
Asimismo, aseguró que durante seis décadas el medio cumplió con sus obligaciones legales y tributarias, mientras mantenía una línea editorial basada en principios éticos y en la búsqueda de la verdad. “Resulta inaudito que, mientras se anuncia el tránsito hacia una nueva etapa en el país, el diario continúe clausurado y sus trabajadores sigan desprotegidos”, afirmó.
La medida de cierre fue impuesta después de la cobertura y la información difundida por el periódico sobre la campaña electoral presidencial y los resultados de los comicios de 2024. La sanción impidió su circulación en los estados Miranda y La Guaira, así como en el Distrito Capital.
Medidas contra el Diario La Voz y sus directivos
Materán Tulene denunció que funcionarios del Seniat ejecutaron diversas medidas cautelares bajo el argumento de cumplir “órdenes superiores”, acciones que, según indicó, excedieron el ámbito administrativo.
Entre las medidas mencionó el precintado y cierre de las instalaciones, la prohibición de enajenar y gravar bienes, el bloqueo de cuentas bancarias institucionales y tarjetas de crédito, el embargo de activos muebles e inmuebles y las restricciones de salida del país y de zarpe para sus directivos.
A estas acciones se sumó la detención de la apoderada judicial del medio, Blanca Suárez, y del juez Duncan Espina, quien había dictado un amparo constitucional a favor del periódico que, según el editor, fue ignorado por el Seniat.
Ambos permanecieron privados de libertad durante más de 13 meses. De acuerdo con Materán Tulene, tras más de un año de reclusión, el Ministerio Público no presentó indicios ni pruebas que sustentaran los delitos que se les atribuían, por lo que fueron absueltos y puestos en libertad.
Pese a las resoluciones judiciales que, según el editor, demostraron la inocencia de los afectados, el cierre del Diario La Voz continúa vigente, lo que ha ocasionado cuantiosas pérdidas financieras y más de 50 familias sin sustento diario ni beneficios laborales.
El editor hizo un llamado a los actores que promueven el restablecimiento del Estado de derecho, la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela, así como a la sociedad civil y al gremio periodístico, para que se solidaricen con el caso. “Requerimos la solidaridad de la sociedad civil y del gremio periodístico para reivindicar este caso, el cual se ha convertido en un símbolo de la represión política que aún persiste en el país”, concluyó.
Siguen las restricciones a la libertad de expresión
En medio de estas denuncias, la organización no gubernamental Espacio Público reportó esta semana que se incrementaron las restricciones contra la prensa venezolana en octubre, cuando registró siete casos y nueve violaciones al derecho a la libertad de expresión, el doble de los reportes contabilizados en agosto y septiembre, meses en los que documentó tres casos cada uno.
De acuerdo con el balance mensual de la ONG, la intimidación concentró 66 % de las violaciones registradas, seguida por las amenazas y la censura.
En total, entre enero y octubre de 2026, Espacio Público acumuló 99 casos y 183 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela.
La intimidación encabezó los registros con 90 hechos, seguida por la censura, con 44, y el hostigamiento verbal. De las 131 víctimas identificadas durante este periodo, 77 eran periodistas o reporteros, lo que representa 58,78 % del total, mientras que 19 eran particulares, equivalentes a 14,50 %.
En su balance sobre la situación general entre enero y agosto, publicado el 2 de octubre, la organización había documentado 89 casos, 170 violaciones y 29 detenciones arbitrarias. Esta última cifra representó un aumento de 2,8 % respecto al mismo periodo de 2025.
