El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) y varias organizaciones integrantes de la Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela exigieron a la Asamblea Nacional la derogación definitiva de la Ley Contra el Odio, durante una consulta pública en el Parlamento el 11 de noviembre.
Durante el encuentro, el SNTP presentó sus observaciones al proyecto de reforma parcial y advirtió que, aunque la propuesta elimina las penas privativas de libertad, conserva un sistema de control administrativo sobre las expresiones y los medios de comunicación, con categorías sancionables amplias y facultades importantes atribuidas al Poder Ejecutivo.
La organización mencionó las consecuencias que ha tenido la aplicación de esta ley sobre el ejercicio del periodismo. En enero de 2026, el SNTP registraba 40 casos de periodistas presos o judicializados, de los cuales 28, estaban relacionados con imputaciones por delitos previstos en la Ley Contra el Odio.
El sindicato señaló que el impacto de esta norma va más allá las detenciones y los procesos judiciales. El temor a una investigación o a posibles sanciones puede condicionar las decisiones editoriales, desalentar investigaciones periodísticas y provocar que las fuentes informativas guarden silencio.
Cuestionamientos a la reforma
El SNTP cuestionó las definiciones incluidas en el artículo 4 del proyecto, especialmente las relacionadas con el hostigamiento, los mensajes discriminatorios y los mensajes de violencia.
La organización advirtió que expresiones como “temor”, “angustia” y “zozobra”, así como las referencias a alteraciones del funcionamiento de las instituciones, permiten interpretaciones que podrían utilizarse para sancionar investigaciones periodísticas, denuncias de corrupción o quejas a las autoridades.
Aunque el proyecto incorpora una excepción para determinadas opiniones políticas y expresiones periodísticas, esta protección no se extiende expresamente a todas las conductas que pueden ser sancionadas administrativamente.
El artículo 21 contempla multas calculadas a partir de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de referencia, además de trabajos comunitarios y programas educativos de entre 200 y 600 horas.
Para el SNTP, estas sanciones pueden comprometer el patrimonio de periodistas independientes y la continuidad de medios de comunicación, por lo que la eliminación de las penas de prisión resulta insuficiente para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
Otro de los cuestionamientos centrales se refiere al artículo 24, que atribuye al ministerio competente en justicia la sustanciación y decisión de los procedimientos administrativos sancionadores.
El sindicato advirtió sobre los riesgos de que un órgano del Ejecutivo investigue y decida sanciones relacionadas con expresiones públicas, incluso cuando estas cuestionen actuaciones del propio gobierno. La posibilidad de acudir posteriormente a los tribunales no elimina por sí sola los riesgos de arbitrariedad.
También manifestó preocupación por las obligaciones impuestas a los medios de comunicación y las plataformas digitales.
El artículo 13 permite ordenar la difusión de contenidos durante treinta minutos semanales; el artículo 15 exige la retirada inmediata de determinados mensajes en plataformas digitales, y el artículo 23 contempla procedimientos administrativos contra prestadores de servicios de comunicación.
Estas disposiciones pueden afectar la autonomía editorial y favorecer la eliminación preventiva de contenidos legítimos ante el riesgo de sanciones.
