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- La alta comisionada para los Derechos Humanos detalló que en el país siguen las ejecuciones extrajudiciales, estigmatización de migrantes retornados, obstrucción de partidos políticos y restricciones a la libertad de expresión. Expresó su preocupación, además, por la crisis sanitaria y alimentaria
De enero a agosto las fuerzas de seguridad del Estado venezolano asesinaron a más de 2.000 personas, según denunció este 25 de septiembre, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a propósito de la actualización de su informe sobre Venezuela.
“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad”, dijo la funcionaria ante el Consejo de Derechos Humanos. Acotó que solo entre junio y agosto su oficina documentó 711 muertes.
Sus declaraciones se producen nueve días después de que la Misión internacional independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas presentara un informe, de 443 páginas, en el que vincula al régimen de Nicolás Maduro con crímenes de lesa humanidad.
Ley del Odio, un mecanismo vigente
Durante su discurso, Bachelet sostuvo que su oficina sigue documentando casos de represión de las protestas pacíficas que se realizan en Venezuela bajo el esquema de “Estado de alarma” por la pandemia del coronavirus.
“En Venezuela continúan restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y periodistas”, expresó, al tiempo que dijo que en el país continúan las detenciones y muertes de manifestantes.
Canadá, Georgia, Islandia, Irlanda, España, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paragua, Perú y demás países, expresaron su preocupación por la “crisis multidimensional” en Venezuela, luego de la presentación de la alta comisionada.
Crisis sanitaria por coronavirus
En el contexto de la crisis de salud que ha dejado la pandemia, Bachelet condenó los discursos “estigmatizantes” del régimen, que tildan de “bioterroristas” a los venezolanos que retornan al país.
La Federación Médica Venezolana (FMV) alertó el 10 de septiembre que en el país han muerto 155 profesionales de la salud por covid-19.
La expresidenta de Chile alertó que la tasa de desnutrición aguda infantil ronda el 15% en Venezuela.
Sin condiciones electorales
Bachelet también manifestó su preocupación por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al oficialismo, que obstruyen libertades por los nombramientos no consensuados del Consejo Nacional Electoral (CNE) en los cambios electorales.
“Es crucial que en los próximos meses se protejan los espacios cívicos y democráticos y se continúe con la liberación de todas las personas que siguen privadas de libertad por ejercer sus derechos”, acotó, a propósito de las cuestionadas elecciones parlamentarias en Venezuela, previstas para el próximo 6 de diciembre.
A partir del 15 de junio el TSJ, afín al régimen, comenzó a imponer juntas directivas ad-hoc a los principales partidos opositores (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) para hacerlos participar en los comicios del 6 de diciembre.
Seguidamente, impuso también directivas a organizaciones políticas de izquierda, luego de que estas manifestaran su desacuerdo con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y crearan la Alternativa Popular Revolucionaria para presentar sus candidatos a las elecciones.
El 30 de junio el Consejo Nacional Electoral designado por el TSJ –contrario a lo establecido en la Constitución de la República– incrementó el número de curules en la Asamblea Nacional (AN) de 167 diputados a 277.
Un día después anunció el cronograma electoral y fijó para el 6 de diciembre de 2020 las elecciones parlamentarias.
En ese sentido, Bachelet manifestó su preocupación sobre los cambios al sistema electoral y a la composición de la AN sin un proceso de consulta previa.
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