• A casi siete meses de la emergencia por covid-19, los registros civiles permanecen sin medidas especiales para la emisión de partidas de nacimiento y otros servicios que atañen a niños, niñas y adolescentes. Foto: Saren

Un texto de Diana Martínez.

La identidad en Venezuela es un derecho consagrado en el artículo 56 de la Constitución, que en su segundo párrafo establece expresamente lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley”.

El artículo 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil indica que: «El Registro Civil es un servicio público esencial, su actividad será de carácter regular, continuo, ininterrumpido y orientado al servicio de las personas. Es obligatoria la inscripción de los actos y hechos declarativos, constitutivos o modificatorios del estado civil y la prestación del servicio es gratuita».

Sin embargo, ambos preceptos dejaron de cumplirse en la práctica desde la entrada en vigor del estado de alarma dictado por el régimen de Nicolás Maduro –el 13 de marzo de 2020–  a propósito de la confirmación de los primeros casos de covid-19 en el país.  

Saren, Saime y el Ministerio de Relaciones Exteriores suspendieron inicialmente las citas que habían otorgado vía electrónica. Al principio, los registros civiles cerrados en su totalidad y luego  –con la implementación de las semanas intercaladas de flexibilización– habilitaron planes de contingencia a discrecionalidad y con una oferta mínima de atención destinada a la presentación de recién nacidos que ameritan las actas de nacimiento, y también para emitir actas de defunción. 

Entre el 17 y 21 de agosto –semana de cuarentena radical–, representantes de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) realizaron un recorrido por 13 registros civiles de Caracas y encontraron que ocho estaban cerrados (62% de los centros visitados) y cinco abiertos (38% en funcionamiento).

El trabajo de campo dio pie a la elaboración de un Informe sobre el derecho a la identidad en tiempos de pandemia, en el cual exponen evidencia sobre la vulneración de este derecho esencial para los recién nacidos en Venezuela.

Esta afirmación es calificada como una verdad por parte del equipo de Cotejo.info, en alianza con El Diario, tras fijar la lupa sobre este tema que también afecta a decenas de ciudadanos que requieren realizar trámites vinculados con las cédulas de identidad o el pasaporte.

Silencio oficial

El coordinador de Cecodap, Carlos Trapani, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE),  ente rector del sistema de registro civil, se mantiene en silencio ante la irregularidad de este importante servicio. “La política y funcionamiento de los registros civiles recae sobre el CNE, pero operativamente dependen del manejo dado por parte de las alcaldías a la cuarentena establecida”. 

«La identidad es la puerta de entrada para otros derechos. A siete meses de la llegada de la pandemia a Venezuela no se conocen las medidas que se adoptan para poder garantizar la identificación. Las pocas oficinas a las cuales las personas pueden asistir tienen una reducción de horario significativa que no ayuda a gestionar la cantidad de casos pendientes y nuevos», dijo Trapani durante la presentación del informe.

«Los nacimientos no se paran en cuarentena», señaló. Sin embargo, los registros civiles de unidades hospitalarias como las maternidades Concepción Palacios y la Santa Ana fueron cerrados hasta el mes de septiembre cuando establecieron nuevas políticas. 

“No estar identificado es una de las peores violaciones a los derechos humanos. Al entregar una partida de nacimiento a una madre se garantiza el derecho de su hijo a un nombre, a la familia, a tener una nacionalidad y protección. Adicionalmente, los riesgos para que un niño no presentado sea víctima de trata o de explotación son mayores, un niño no identificado no existe en el mundo”, detalló Trapani.

El coordinador de Cecodap afirma que en países como España han implementado recursos de atención online en los que se puede coordinar previamente las citas para la atención organizada, tal y como ocurre en la comunidad de Madrid.

“Otros países han fijado un pronunciamiento, una metodología. En el caso de Venezuela, encontramos que muchos de los registros no tienen ni un teléfono para pedir información, no se ha incorporado la tecnología ni pueden hacerse solicitudes en línea cuando la propia ley te habla de la adecuación tecnológica”.

Trapani indicó que esto quiere decir que hay barreras políticas para el registro, barreras económicas y barreras geográficas de acceso físico a las oficinas. Además, también existe la barrera cultural donde la identidad no se reconoce como algo prioritario. 

Si yo como padre debo sortear obstáculos como los costos de pasaje o gasolina para poder hacer valer el derecho a la identidad de mi hijo, sin contar con la seguridad de que en efecto será brindado, debo anteponer las necesidades básicas como la comida”, expresó.

Trapani agrega que si la cuarentena está establecida por el riesgo a la salud que supone el covid-19, los daños colaterales han pasado desapercibidos ante la improvisación de los organismos correspondientes frente a temas como el derecho a la identidad. 

Cédulas de identidad y pasaportes

Aunque muchas instituciones del Estado abrieron sus puertas para brindar atención a los ciudadanos durante la semana de flexibilización, siete meses después del inicio de la cuarentena las oficinas del Saime permanecen cerradas y sin información sobre la tramitación de documentos.

Niños que en estos siete meses cumplieron nueve años, personas que extraviaron su documento primario de identificación o fueron víctimas de la delincuencia deben esperar “hasta nuevo aviso” (como indican los comunicados oficiales) para obtener su documento.

Gustavo Vizcaíno, director general del Saime, informó que en la página web se pueden tramitar pasaportes y prórrogas durante la cuarentena, pero los usuarios denuncian a través de las redes sociales que los servicios en la página no son óptimos y los trámites no avanzan.

Ante el vacío de información sobre el retorno de actividades por parte del Saime, los rumores sobre la reactivación prevista para el 2021 se esparcieron en redes sociales. El 14 de septiembre el Observatorio Venezolano de Fake News (OVFN) detectó una campaña con esta información calificada como falsa por parte del propio ente regulador de la identidad.  

El Saime insiste en afirmar que garantiza el derecho a la identificación en sus publicaciones en redes sociales. Los reportajes publicados en medios regionales de comunicación lo desmienten y señalan que su inactividad ha dejado indocumentados a los venezolanos, como indica el título de un trabajo periodístico publicado por el diario La Prensa de Lara.

Tramitación ilegal

De acuerdo con las denuncias formuladas por usuarios en redes sociales, la cuarentena y el cierre de las oficinas del Saime ha promovido la aparición de ofertas de entregas de documentos de identidad en un lapso de 24 horas, previa cancelación de altas cifras en moneda extranjera. Los costos por una cédula de identidad oscilan entre 60 y 80 dólares. 

Ante esto, el Saime ofreció canales regulares para la denuncia de estos casos que podrían llegar a tratarse de estafas.

En Venezuela el derecho a la identidad ha sido vulnerado en múltiples ocasiones durante la actual gestión gubernamental. Se trata de una consecuencia del deterioro institucional cuyos efectos comenzaron a ser evidentes desde el año 2016, tal como lo reseña un análisis publicado por la Asociación Civil Acceso a la Justicia en el año 2018. Con la pandemia se agudizó esta realidad venezolana.

Noticias relacionadas