• El ministro de Comunicación dijo que las dos cableoperadoras cometieron presuntas irregularidades en el cobro de sus tarifas, así como en la calidad del servicio

El ministro de Comunicación e Información del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, informó que su despacho abrió un procedimiento administrativo contra las empresas de televisión por suscripción Inter y NetUno. Aseguró que la medida se tomó luego de que se detectaran presuntas irregularidades cometidas en el cobro de sus servicios.

“Hemos determinado que por lo menos en dos casos, como lo son Inter y NetUno, se han estado cometiendo irregularidades. ¿De qué manera? Pues a usted le cobran una tarifa por un monto que está estipulado en el contrato, pero luego comienzan a hacerle recargas a ese monto relativas a servicios subalternos complementarios como el acceso a la red”, declaró.

No dio mayores detalles acerca de las sanciones que contempla el procedimiento administrativo, aunque enfatizó en que ambas compañías poseían varias denuncias de parte sus usuarios, supuestamente por especulación. También reportó que se abrirá una investigación conjunta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Red de Transmisiones de Venezuela (Red TV), debido a reportes de cortes de señal de canales del Estado a ciertas horas como Venezolana de Televisión (VTV) o Asamblea Nacional TV (ANTV).

Aclaró que la investigación tiene como fin buscar posibles fallas en la plataforma tecnológica de Inter y NetUno y hacer las correcciones respectivas. “Sino, se abrirá un procedimiento a los que obstaculicen el derecho de adquirir todos los canales de la parrilla”, aseveró.

Ñáñez hizo los anuncios luego de sostener una reunión este martes 16 de marzo con representantes de las principales cableoperadoras del país, quienes fueron citados en la sede de Conatel en Caracas. Allí les hizo un exhorto a mejorar la calidad de sus servicios, pero sin aumentar drásticamente sus tarifas.

Citaciones previas

El proceso administrativo del Ministerio de Comunicación no es el primer llamado de atención que Inter recibe de las instituciones del régimen. El 5 de marzo, representantes del Ministerio de Comercio y de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) visitaron la sede de la cableoperadora y le dieron un plazo de un mes para mejorar la calidad de sus servicios de televisión, Internet y telefonía. En esa oportunidad no se mencionó el tema de los aumentos de precios.

La empresa emitió un comunicado tres días después, el 8 de marzo, en el que se comprometió a acatar la orden de la Sundde y destacó que desde noviembre de 2020 emprendieron un plan para reducir en un 50% el número de reportes de fallas en el servicio. No obstante, pidieron un plazo mayor al ente, por ser un proceso que requiere de tiempo y capital humano.

Otra cableoperadora que está bajo la lupa del Ministerio del Comercio es Simpletv. La compañía que sustituyó la señal de Directv en Venezuela también fue visitada por la Sundde el 21 de enero de 2021, esta vez ante la gran cantidad de denuncias realizadas por clientes inconformes. Entre las mayores quejas recibidas por las autoridades, estaban las constantes fallas en la señal, el aumento del precio de sus planes sin aviso previo y la falta de respuesta en sus plataformas de atención al usuario.

En ese momento, los representantes de la Sundde solicitaron a los directivos de la empresa información relativa a su estructura de costos e infraestructura tecnológica, y se anunció que Conatel revisaría todas las tarifas para determinar que existieran irregularidades en la fijación de precios. Hasta el momento no se han anunciado el resultado de esas inspecciones.

Aumentos de precios

Inter y NetUno
Foto: Cortesía

El aumento constante y sin aviso de las tarifas es una de las quejas más comunes entre los usuarios de todas las cableoperadoras. En la página oficial de Inter, se muestra que la tarifa mínima para contratar su servicio de televisión por suscripción es de 658.681 bolívares.

El equipo de El Diario tuvo acceso a un contrato de televisión por suscripción de Inter, en el que se aprecia un pago en el mes de diciembre de 2020 por Bs. 1.828.682, mientras que para enero de 2021 el cobro fue de Bs. 4.703.321, lo que representó un aumento de 157,6%. En febrero el incremento se mantuvo, con un recargo de 23,5% que situó la tarifa en Bs. 5.811.085; mientras que para este marzo, la mensualidad es de Bs. 8.101.291.,39, es decir, un aumento de 39,4%.

En cuanto a las tarifas de NetUno, no se encontró información en su página web sobre las tarifas de sus servicios de televisión, Internet y telefonía. Sin embargo, un comité de usuarios del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, denunció el 11 de marzo que la empresa había realizado incrementos de hasta 500% en sus tarifas, que para este mes rondaban entre los 60 y 90 millones de bolívares, de acuerdo con una nota publicada por el portal CrónicaUno.

Hasta el momento, ni Inter ni NetUno han publicado en sus redes oficiales un comunicado para pronunciarse sobre la medida impuesta por el Ministerio de Comunicación.

¿Qué pasará con las cableoperadoras?

Inter y NetUno
Foto: Cortesía

El anuncio de Ñáñez generó en redes sociales opiniones divididas entre las personas que apoyan las sanciones contra las dos compañías cableras y los que temen que se repita otro episodio como el de Directv. Al respecto, el periodista Arnaldo Espinoza comentó a El Diario que no es lo mismo la apertura de un procedimiento administrativo a tomar medidas sancionatorias.

Explicó que una vez abierto el procedimiento, funcionarios de Conatel irán a las oficinas de Intel y NetUno para verificar los cargos señalados por el ministerio. Allí se revisarán sus libros contables, causales y la estructura de costos de los servicios ofrecidos en los contratos con los clientes. Si se detecta durante la inspección alguna violación a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se iniciará el proceso sancionatorio.

“El ministro Ñáñez hizo hincapié en un punto: dice que son servicios que no están en los contratos entre la cableoperadora y el suscriptor. Ahí toca revisar la letra de los contratos y ver cuáles de esos servicios están realmente tipificados. Sin embargo, medidas como la obligatoriedad de la autorregulación para este tipo de empresas luego de los apagones de 2019 y con el decreto de emergencia sanitaria de 2020 justifican que las cableoperadoras de alguna manera reflejen esos cargos operativos en las cuentas de sus clientes”, razona.

Sin servicios extra

Espinoza aclaró que el Ministerio de Comunicación no exige a Inter y NetUno ajustar sus tarifas de televisión por cable, sino revisar los costos de sus servicios adicionales. A su juicio, esto podría tener como consecuencia en un futuro que las empresas decidan prescindir de ellos y los usuarios no puedan volver a gozar de ventajas como la conexiones adicionales de televisión o mejoras en el acceso a la red.

“Es necesario el cobro de un precio que ofrezca garantías tanto para el cableoperador como para el cliente, de un servicio bueno, óptimo y de calidad (…) Cuando tú trancas el juego, lo que cierras son opciones de mercado”, asevera.

Reconoce que la gran cantidad de quejas dejadas por los clientes en la Sundde influyó en que la Asamblea Nacional del chavismo, durante su interpelación al Ministerio de Comunicación, exigiera revisar la operatividad de las cableoperadoras. No obstante, señala que, de acuerdo a sus propias investigaciones, 8 de cada 10 denuncias contra Inter y NetUno tienen que ver más con las deficiencias en sus servicios de Internet, que por las de televisión por suscripción que les imputan.

“Eso no demerita las otras quejas, pero evidentemente lo que uno ve de entrada es que el servicio más deficiente es el Internet. Igual hay problemas de señal de televisión porque los cables coaxiales se los roban o se deterioran, pero son menos las quejas que con el Internet”, agrega.

Afirma que habló con una persona que estuvo presente en la reunión entre las cableoperadoras y las autoridades de telecomunicaciones; Su fuente aseguró que el ministerio mezcló tanto las quejas por el servicio de Internet, como por televisión, con el fin de tener más argumentos con los cuales abrir el procedimiento administrativo. Añade que suponer cualquier motivo por el cual el régimen de Maduro decidió arremeter contra esas dos empresas sería pura especulación.

No obstante, en su cuenta de Twitter, recordó a la ciudadanía que la televisión por cable no es un derecho constitucional que requiera la constante vigilancia del Estado. Se trata de un servicio privado que está sujeto a los mismos problemas económicos y operacionales que cualquier empresa del país.

“Parte del problema es que creemos que tenemos derecho a la televisión por suscripción. Y no es así. La televisión por suscripción no es un derecho ni un servicio básico. Pero al mismo tiempo, el Estado se beneficia (y por eso aprieta) de las cableras en el tema”, escribió.

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