• En los últimos meses se ha registrado un incremento en los intentos de invasión en la ciudad de Caracas. El equipo de El Diario conversó con Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la Parroquia La Candelaria y del Frente Norte de Caracas, sobre la incidencia de estos casos

La madrugada del 28 de mayo de 2021 un grupo de colectivos invadió el edificio Dolores en la parroquia Santa Teresa del municipio Libertador. El comunicador social y coordinador del Frente Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, informó a través de las redes sociales la invasión de 80% de los apartamentos y oficinas del edificio. Además, comunicó que varios hombres armados mantienen secuestradas a dos familias en el lugar. La invasión de edificios en la ciudad capital se ha incrementado notablemente en el último año, de acuerdo con el testimonio de Rojas.

Foto: cortesía
Estos colectivos hacen un estudio previo de las zonas para documentar cuáles edificios o locales comerciales se encuentran vacíos para ejecutar las invasiones. En el edificio Dolores llegaron a punta de pistola, tomaron las oficinas y apartamentos y desde ayer mantienen secuestradas a las dos familias residentes de la edificación”, comentó en exclusiva para El Diario.

Carlos Julio Rojas explicó, de acuerdo al testimonio de los vecinos, que los invasores solicitan pagos elevados en dólares para abandonar las edificaciones. “De resto, lo más grave es que las autoridades, como las FAES, solo estuvieron un rato y se fueron. Al igual que algunos diputados del chavismo. La realidad es que esto es una política de Estado porque muchos de estos colectivos son funcionarios de la Alcaldía del municipio Libertador”, agregó.

En estos momentos, relata Rojas, las dos familias continuan secuestradas en el edificio Dolores por el temor a ser agredidos o invadidos. Las autoridades, por su parte, se hacen “la vista gorda” ante este tipo de situaciones y la presión vecinal es, quizá, una de las únicas soluciones viables. “Nosotros le exigimos a la PNB, a la GNB, a la Fiscalía General y a la alcaldesa Erika Farías una respuesta sobre estos hechos. La alcaldesa es cómplice, a veces por omisión y otras por acción, de las invasiones”, aseveró. 

“Han ocurrido más de 50 intentos de invasión en lo que va de año”

El viernes 7 de mayo Carlos Julio Rojas fue a la sede principal del Ministerio Público junto con varios propietarios afectados por las invasiones para exigir una investigación competente ante los delitos de invasión a la propiedad privada. 

“Nosotros le exigimos a Tarek William Saab, ya que le entró la luz el 1° de mayo, cuando reconoció los asesinatos de Albán, Acosta Arévalo, y de Pernalete, que también se reconozca que estas personas son víctimas que han perdido todo, que les ha sido violado su derecho a la propiedad privad”, dijo en ese momento Rojas. 

El comunicador social y dirigente vecinal informó que en el transcurso del año 2021 se han registrado más de 50 intentos de invasión en la ciudad capital. Sin embargo, el 80% no se ha concretado por la unión vecinal y la protesta legítima en defensa de sus derechos. Las zonas más afectadas son las parroquias Catedral, Santa Teresa, Candelaria, San Bernardino, San Pedro y Altagracia.

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El incremento en los intentos de invasión es notable en comparación con el año 2020, en el cual, de acuerdo a las cifras presentadas por Rojas, hubo 53 invasiones en el transcurso del año. En cambio, cinco meses de 2021 han bastado para registrar más de 50 intentos de invasión.

El modus operandi de los invasores es el mismo, según Rojas. En la mayoría de los casos los colectivos, al tener vínculos con instituciones públicas, tienen acceso a los datos de habitabilidad en la ciudad. 

El Estado posee una data de las edificaciones vacías o cuidadas por familiares de los propietarios. Entonces, ellos utilizan las invasiones consolidadas como base para ejecutar y monitorear las demás propiedades”, puntualizó Rojas.

Asimismo, la respuesta de las autoridades ha sido ineficaz para reducir la incidencia de este delito. Carlos Rojas explicó, de acuerdo al testimonio de los funcionarios, que la policía y El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) no tienen permitido enfrentarse a los colectivos. Estos últimos se transforman en controladores de las zonas invadidas.

“La invasión transforma el lugar en una guarida para realizar todo tipo de delitos y eso afecta la convivencia de las zonas aledañas. Además, otra de las aristas es el tema político con respecto al control social: el gobierno le da el control del CLAP, del gas, entre otras cosas, a los colectivos”, dijo Rojas.

El incremento de las invasiones en el municipio Libertador de Caracas es el resultado de las políticas estatales. “Esto convierte en insostenible la vida de los vecinos de la ciudad capital. Por eso mismo, queremos responsabilizar directamente a Erika Farías, como alcaldesa del municipio Libertador”, puntualizó el líder vecinal.

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