• Los precandidatos opositores Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga fueron perseguidos y arrestados por el régimen de Daniel Ortega, que aspira a un quinto mandato en noviembre de 2021. Diferentes organizaciones internacionales piden frenar la ola represiva de las autoridades sandinistas

Cuatro precandidatos opositores a las elecciones presidenciales de Nicaragua quedaron fuera de la contienda en las últimas semanas. En cada uno de los casos fueron detenidos e inhabilitados por el régimen de Daniel Ortega.

El hecho más reciente ocurrió el martes 8 de junio de 2021. El líder del movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, fue arrestado en la capital, Managua, por funcionarios de la Policía Nacional de Nicaragua. Horas después, durante la noche, también arrestaron a Juan Sebastián Chamorro, fundador de la organización independiente Alianza Cívica.

Sus arrestos se suman a los de Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, quienes también aspiraban participar en las primarias de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL). Hasta el momento, esta coalición es la única organización opositora habilitada para las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua anuló el 12 de mayo de este año la personería jurídica del Partido de Restauración Democrática.

Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional denunciaron que el régimen sandinista inició una arremetida contra la oposición para despejarle el camino a Ortega en los comicios. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se pronunció para condenar la violación del derecho a la participación política.

Félix Maradiaga, el líder autoconvocado acusado de terrorismo

Foto: Cortesía AFP/Inti Ocon

Maradiaga quedó bajo arresto luego de acudir a la sede del Ministerio Público. Días antes la institución, acusada de actuar bajo órdenes del Poder Ejecutivo, abrió una investigación contra el precandidato.

De acuerdo con el comunicado emitido por la policía sandinista, Maradiaga fue detenido por realizar “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares”. De igual modo, también fue acusado de presuntamente reunirse con “potencias extranjeras” para cometer acciones de terrorismo, desestabilización y proponer un bloqueo económico contra el Estado nicaraguense.

En la causa abierta por el Ministerio Público no se especifica ningún delito. La investigación se centra en las fuentes de financiamiento de su campaña, así como supuestas reuniones sostenidas con representantes de varios países durante su breve exilio en 2018, reseña el portal 100% Noticias. Tras un año fuera del país, Maradiaga volvió a Nicaragua en septiembre de 2019.

En un comunicado, UNAB reportó que el abogado del líder opositor, Hernán Reyes, así como su chofer, también están detenidos. Actualmente se desconoce su paradero. 

Durante el estallido social que experimentó Nicaragua en abril de 2018, Maradiaga fue una de las caras más destacadas de los “autoconvocados”. Este movimiento de ciudadanos que coordinó las protestas antigubernamentales posteriormente se organizó en la UNAB, como una plataforma que buscaba la salida de Ortega por vías pacíficas y democráticas. 

Cristiana Chamorro, la primera víctima de la represión

Nicaragua
Foto: Cortesía

Una semana antes de la detención de Madariaga, el 2 de junio, funcionarios de la policía sandinista allanaron la casa de la precandidata Cristiana Chamorro por orden del Juzgado Noveno del Distrito Penal de Audiencias de Managua. Ese mismo día el Ministerio Público también la inhabilitó políticamente.

El ataque contra la periodista y activista fue rápido. El 1° de junio anunció su postulación para las primarias opositoras por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Horas después, el ente judicial le abrió una investigación por el presunto delito de lavado de dinero, además de “gestión abusiva y falsedad ideológica”.

La persecución contra Chamorro inició antes de conocerse sus aspiraciones presidenciales. El 20 de mayo de 2021 la policía allanó las oficinas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, de la cual había sido presidenta hasta enero de ese año. En ese momento, el régimen sandinista acusó a la dirigente de usar la ONG para lavado de capitales, los cuales recibía directamente del extranjero.

Chamorro, de 67 años de edad, es hija de la expresidenta de Nicaragua (1990-1997) Violeta Barrios de Chamorro. Su madre fue reconocida por ser la primera mujer electa como presidenta del continente, además de dirigir la apertura democrática del país tras la primera revolución sandinista. En esa ocasión derrotó en las urnas al propio Daniel Ortega, quien ya llevaba 12 años en el poder.

Actualmente Cristiana Chamorro permanece bajo arresto domiciliario. Sus abogados defensores han denunciado que durante el allanamiento le confiscaron su teléfono, así como cortaron el acceso a Internet. 

Juan Sebastián Chamorro, el arresto más reciente

Nicaragua
Foto: Cortesía AFP

El primo de Cristiana Chamorro y también precandidato de la Alianza Ciudadana fue arrestado junto a su esposa, Vicky Cárdenas, la noche del 8 de junio. Se encontraba en su casa, donde horas antes había condenado en un mensaje la detención de Maradiaga. 

Ese mismo día, el Ministerio Público también citó a Chamorro para una entrevista el 9 de junio de 2021, sin especificar la razón. No obstante, las autoridades lo detuvieron antes de presentarse y actualmente se desconoce su situación.

El economista de 50 años fungió como viceministro de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno del liberal Enrique Bolaños (2002-2007). Al igual que su prima Cristiana Chamorro, es miembro de la Fundación Nicaraguense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Entre 2014 y 2019 fue el director ejecutivo de la organización, dedicada a desarrollar análisis y propuestas para la situación política del país.

De acuerdo al comunicado de la policía sandinista, los cargos por los que se le imputan son exactamente los mismos que Maradiaga: atentar contra la soberanía nacional al pedir una intenvención militar y sanciones económicas, así como “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

El recurso utilizado por el Ministerio Público en sus últimas detenciones de opositores ha sido la aplicación de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, también conocida como Ley 1055. El polémico texto fue aprobado por la Asamblea Nacional de ese país en diciembre de 2020. Permite detener a cualquier persona sospechosa de reunirse con agentes extranjeros para conspirar contra el Estado.

Arturo Cruz, detenido después de vacunarse

Nicaragua
Foto: Cortesía

El 5 de junio la policía detuvo al precandidato presidencial Arturo Cruz Sequeira en el Aeropuerto Augusto Sandino de Managua. El profesor y diplomático regresaba de un viaje de dos días a Estados Unidos, donde se aplicó la vacuna contra el covid-19.

El precandidato independiente de la ACxL fue imputado por el Ministerio Público con exactamente los mismos cargos por los que días después se detuvo a Maradiaga. Ambos casos usan como pretexto la polémica Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, también conocida como Ley 1055, aprobada en diciembre de 2020 por la Asamblea Nacional de Nicaragua.

El lunes 7 de junio de 2021, por órdenes del Juzgado Quinto del Distrito Penal, la policía allanó la residencia de Cruz. En el operativo fueron detenidos dos trabajadores domésticos, quienes continúan bajo arresto. Ese mismo día también el Ministerio Público solicitó ampliar a 90 días la privativa de libertad contra Cruz, mientras continúan las investigaciones.

Es hijo de Arturo Cruz Porras, destacado economista que inicialmente formó parte de la revolución sandinista, pero en 1982 se unió a la Resistencia Nicaragüense (Contras). Cruz Sequeira posee un doctorado en Historia por la Universidad de Oxford y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins. También fue asesor del Fondo Monetario Internacional y consultor en múltiples instituciones bancarias. A pesar de su posición política, trabajó para el gobierno de Ortega como embajador en Estados Unidos entre 2007 y 2009.

El director ejecutivo de HRW para las Américas, Juan Manuel Vivanco, denunció que Cruz Sequeira está actualmente detenido en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de Managua, conocida como la cárcel El Chipote. El sitio de 90 años de antigüedad posee fama como un terrible centro de torturas. Allí fue donde le hicieron al propio Daniel Ortega la cicatriz en su rostro en 1967, durante la dictadura de la familia Somoza. Diferentes organizaciones de derechos humanos han registrado que hoy en día continúan esas prácticas contra presos comunes y políticos.

De acuerdo con los sondeos de opinión, Maradiaga, Cristiana Chamorro y Cruz poseían la mayor intención de voto entre los electores opositores. Cada vez son más las voces que expresan su preocupación por la situación en Nicaragua, donde Ortega aspira a un quinto mandato.

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