- Desde 2013 las autoridades cedieron a grupos delictivos el control de territorios sin vigilancia policial a cambio de que depusieran las armas y se reintegraran a la sociedad. El proyecto, lejos de funcionar, consolidó el poder de personajes como El Coqui, que convirtió la zona de paz de la Cota 905 en su propio reino. Foto: Efe
Luego de 48 horas de violencia armada en el oeste de Caracas, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) tomaron el control de la Cota 905 la mañana del 9 de julio de 2021. Más de 800 funcionarios desplegados en respuesta a los tiroteos efectuados por los grupos delictivos de la zona contra edificios residenciales, sedes policiales y autopistas, con un saldo de ocho personas muertas y múltiples heridos.
El operativo especial no solo se limita a la Cota 905, sino que también se extiende hacia otros sectores como La Vega, El Cementerio y el barrio El 70 de El Valle. De acuerdo con la ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, el plan es capturar al principal líder de la organización criminal, Carlos Luis Revete, alias El Coqui. También buscan a sus otros dos jefes: Carlos Calderón Martínez, alias El Vampi, y Garbis Ochoa Ruiz, alias El Galvis.
La incursión de las fuerzas policiales en estas zonas populares de Caracas pone fin a un pacto no escrito que por años reinó entre el régimen de Nicolás Maduro y las bandas delictivas: las zonas de paz. Este proyecto fallido permitió por años a los delincuentes evitar la persecución policial en sus barrios a cambio de reducir allí los índices de criminalidad. La medida evidentemente nunca funcionó.
¿Qué son las zonas de paz?
En entrevista para El Diario, el abogado y criminólogo Luis Izquiel explica que las zonas de paz nacieron de la teoría de que podía iniciarse un proceso de pacificación de las bandas a cambio de cederles territorios. Los delincuentes entregarían sus armas y se incorporarían a labores productivas si se eliminaba la presencia policial en estos espacios.
El origen de este proyecto se puede rastrear al año 2013. En ese entonces el actual alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, era viceministro de Seguridad Ciudadana. En ese momento, como parte del Plan Patria Segura y el Movimiento por la Paz y la Vida, inició una serie de conversaciones con los líderes de los principales grupos criminales del país.
“El hampa quiere cambio” fue la consigna de uno de los micros promocionados en televisión por Rangel Ávalos. Para el funcionario, los jóvenes miembros de estas bandas estaban dispuestos a dejar las armas para llevar una nueva vida. A cambio, pedían recibir ayudas sociales y económicas del gobierno.
Para evitar las represalias y estigmatización de la policía, los delincuentes solicitaron el retiro de las alcabalas y los patrullajes en sus zonas. La promesa era que entregarían sus armas y autogestionarían la desmovilización de sus miembros. “Fue muy contraproducente esa entrega de territorio que se les dio”, comenta Izquiel al respecto. Asegura que la medida solo permitió el fortalecimiento de las bandas.
Un acuerdo hablado
En total, Rangel Ávalos afirmó haberse reunido con 280 grupos criminales de los 80 municipios con mayor índice de violencia del país. Se les ofreció ayudas económicas, materiales de construcción y empleos en áreas como agricultura, carpintería o albañilería. El viceministro aseguró que las armas entregadas por los delincuentes se fundirían para hacer cabillas para la Misión Vivienda.
Izquiel señala que las zonas de paz jamás llegaron a ser un plan oficial del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. No quedó plasmado en la Gaceta Oficial ni en ninguna ley, aunque sí quedó el registro del propio Rangel Ávalos haciendo mención de ellas. “También hay testimonios de policías que señalaron en su momento que no podían entrar en determinadas zonas producto de esta figura”, agrega el criminólogo.
El plan piloto inició en el estado Miranda, principalmente en los ejes de Barlovento y los Valles del Tuy. El criminólogo refiere que estas primeras zonas de paz se concentraron alrededor de la troncal 9 de la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en poblaciones como Caucagua, Río Chico y El Guapo.
La esperanza de reducir los índices de inseguridad en el país solo quedó en una promesa. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), en 2013 se produjo un estimado de 24.763 muertes violentas. Esto corresponde al 12% del total de decesos de ese año. Es decir, hubo 79 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Tres años después de la aplicación de las zonas de paz, en 2016, Venezuela registró su mayor tasa histórica de muertes violentas, con 28.479 occisos. 91,8 muertes por cada 100.000 habitantes.
Ante el fracaso de su iniciativa, Rangel Ávalos optó por negar la existencia del plan que años atrás promocionaba por el canal del Estado. “Las zonas de paz no existen. Es una expresión que ha comentado la oposición para sabotear el trabajo de pacificación”, dijo el actual alcalde.
El auge de las megabandas
En 2014 las bandas criminales de la Cota 905 estaban al mando de Jesús Alberto Ramos Calderón, alias El Chavo. Sin embargo, de acuerdo a lo reseñado por el portal El Pitazo, sus aspiraciones iban mucho más allá del barrio, y ese año concibió la idea de unificar a todas las pandillas de Caracas para combatir a la policía.
Izquiel explica que el fenómeno de las megabandas tiene al menos seis años gestándose en el país. “Es una cuestión natural del crimen organizado, porque a través de alianzas logran volverse más poderosos”, acota.
Como fenómeno social, el abogado penalista indica que son muchos los factores que influyen en que los jóvenes formen parte de estas organizaciones. Debilidades de la policía, falta de control de armamento por parte del Estado y la libertad de acción de los delincuentes desde las cárceles son algunas de las razones por las que emergieron las bandas.
El Chavo murió en 2015 durante un operativo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Su banda pasó a manos de El Coqui, al igual que el legado de unificar a las bandas del oeste de Caracas. En 2016 también fue asesinado por las autoridades Oswaldo Oropeza Guariguan, alias El Lucifer, líder criminal del barrio El 70 de El Valle. Fue sucedido por Leonardo José Polanco Angulo, alias el Loco Leo, quien se unió a El Coqui en su plan de formar una megabanda.
El resurgimiento de las zonas de paz
El 13 de julio de 2015 Nicolás Maduro anunció la creación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), con el fin de poner mano dura a la violencia armada en Venezuela. Ese mismo día se realizó el primer despliegue de cuerpos de seguridad en la Cota 905 para capturar a El Coqui.
Aunque la OLP se realizó en varios sectores populares, había especial interés en acabar con los grupos que operaban en la Cota 905. Allí ocurrieron la mayoría de los operativos entre 2015 y 2017, llegando a casi desarticular a la banda de El Coqui. El propio cabecilla debió escapar en varias oportunidades a los Valles del Tuy.
Durante ese periodo, las OLP no estuvieron exentas de polémica. Acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y el asesinato de civiles inocentes que luego se reportaban como enfrentamientos. Incluso el entonces defensor del pueblo, Tarek William Saab, reconoció que se habían cometido excesos policiales. Esto llevó a cambiar la estrategia del Estado con las bandas caraqueñas.
El 25 de agosto de 2017, Delcy Rodríguez se reunió en representación de la asamblea nacional constituyente (ANC) con las bandas de El Coqui y El Galvis. Su comisión estaba conformada por el entonces alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez; el ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, y el presidente del Poliedro de Caracas, Antonio “el Potro” Álvarez.
De acuerdo con el diario El Nacional, la reunión fue privada y custodiada por delincuentes con armas largas. Se acordó, por solicitud de los propios habitantes de la zona, el fin de las OLP e incursiones de la policía. A cambio, la banda se comprometió a dejar de asesinar funcionarios, extorsionar y robar vehículos. A partir de allí la Cota 905 se convirtió en una zona de paz.
Mientras tanto, la policía tenía la orden implícita de no entrar en los dominios de El Coqui. Si un vehículo robado o persona secuestrada eran llevados a la Cota 905 poco se podía hacer. La ocupación forzosa de viviendas por parte de miembros de las bandas también se volvió habitual.
Fin de la tregua
La mañana del 26 de julio de 2019, una comisión del CICPC entró en la Cota 905 para recuperar unos vehículos robados que habían sido trasladados al lugar. Los delincuentes tomaron el hecho como una violación del acuerdo de zona de paz y abrieron fuego contra los funcionarios, quienes no tardaron en solicitar refuerzos. La situación derivó en un fuerte tiroteo donde los agentes se vieron superados por el arsenal de El Coqui. Finalmente una llamada desde el alto mando ordenó la retirada del sitio.
Los roces entre la banda de El Coqui y el CICPC continuaron con diferentes enfrentamientos en los que siempre recibían la orden de cesar el fuego antes de avanzar. Izquiel comenta que parte del fracaso de estos operativos se debe a que suelen ser coyunturales, destinados a cumplir un objetivo puntual y no a brindar protección permanente a la población.
“He dicho en varias oportunidades que acá hay que hacerse una planificación como la que se hizo en las favelas de Río de Janeiro. El Estado brasileño ocupó de manera permanente los territorios dominados por bandas criminales a través de la instalación de unidades policiales pacificadoras”, cuenta.
De zonas de paz, a zonas de guerra
La ocupación de la Cota 905 por parte de las FAES representa la mayor incursión policial en la zona desde 2017, y uno de los mayores golpes contra la banda de El Coqui. Actualmente se desconoce el paradero del líder criminal, con rumores de su posible huida a los Valles del Tuy o al estado Aragua.
Mientras en El Paraíso y la avenida Nueva Granada los vecinos recogen los vidrios rotos luego de tres días de ataques continuados, en la Cota 905 el temor del conflicto sigue vigente. El reciente episodio de violencia vivido, y el recuerdo de los abusos policiales de las OLP, han hecho que múltiples familias abandonen sus casas y busquen refugio con familiares, e incluso en la calle, mientras dura el operativo. Algunos van más allá y aseguran que no desean volver.
Izquiel reconoce que va a costar mucho revertir el daño provocado por las megabandas y las zonas de paz. Sin embargo, se mantiene optimista con que pronto llegará un Estado con disposición de recuperar los territorios dominados por el hampa y proteger a sus habitantes.
“En el futuro, cuando existan las condiciones en este país, y cuando las instituciones policiales y del sistema de justicia estén dirigidas por personas con voluntad para revertir la inseguridad, creo que sí se le podrá poner coto a la existencia y crecimiento de las megabandas”, apunta.
