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- Zulia, Carabobo, Aragua, Lara y Anzoátegui son los estados donde la población sufrió con mayor rigor la violencia institucional de policías y militares, de acuerdo con el monitoreo realizado por Provea y el Centro Gumilla
Desde enero hasta el mes de junio de 2021, las violaciones de los derechos humanos y las muertes a mano de efectivos de seguridad de los organismos policiales del régimen de Nicolás Maduro, continúan perpetrándose según el reciente informe publicado en Lupa por la Vida.
De acuerdo con el monitoreo de violencia policial y militar desplegado por el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla, se han contabilizado 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país en dicho lapso de tiempo.
Si se compara con las cifras del primer semestre de 2020 (1611 presuntas ejecuciones), hay una disminución del 48,6% de las muertes.
Aunque la organización cataloga como positiva la reducción de los casos, resaltan que de igual forma es grave el hecho de que más de 800 personas hayan sido asesinadas. “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, indicó.
Alto nivel de letalidad
La ONG sostiene que las cifras reflejan el alto nivel de letalidad policial en Venezuela debido a que persiste la práctica de disparar a matar y demuestran la ausencia de una política de seguridad ciudadana orientada a preservar la vida.
“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada. Debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, enfatiza Lupa por la Vida.
Según cifras de Provea y Centro Gumilla, desde 2015 hasta junio de 2021 han sido asesinadas por policías y militares 7.180 personas.
Impacto positivo de informe de la Misión de Determinación de Hechos
Lupa por la Vida resalta que debido al monitoreo realizado a nivel nacional pudieron constatar el impacto positivo que tuvo el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en septiembre de 2020.
Resalta que desde esa fecha se produjeron algunos cambios en la actuación policial y se observó una reducción de asesinatos por parte de los distintos organismos policiales y militares en varios estados del país.
“La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado. Cuando existe voluntad política para orientar a los cuerpos policiales en el sentido que sus actuaciones sean menos letales, se pueden lograr reducciones”, aseveró.
Actuación de los cuerpos de seguridad
La organización indicó que una de las novedades que registraron durante el primer lapso del 2021 es el cambio en las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Señalan que en el primer semestre solo intervinieron en 64 situación en las que se les atribuye ejecuciones extrajudiciales.
En los seis meses analizados se reflejó un cambio en el manejo del poder de letalidad de los cuerpos policiales y militares. El mayor número de casos de ejecuciones está adjudicado al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 180. Lo que representa el 21.74% de los 825.
“Las policías estatales siguen actuando igualmente con altos niveles de letalidad. En conjunto las policías estadales son responsables de 309 personas asesinadas, reflejando que solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales”, subrayó.
Las policías regionales de Zulia y Carabobo se mantienen como las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente. No obstante, también se observó una disminución de casos en comparación con 2020, cuando se registraron 122 asesinatos por parte de la policía zuliana y un aumento en Carabobo que había contabilizado 54.
Con respecto a la participación de la Fuerza Armada Nacional (FAN), en el informe precisan que en situaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales hubo un descenso del 56.3 %
En el primer semestre del año 2020 se registraron 222 casos y en 2021 son responsables de 97 asesinatos.
Cambios en los cuerpos policiales
En el informe mencionan que el régimen emprendió un paulatino proceso con las FAES que pudiera terminar con su disolución.
“Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). En el primer semestre esta DCDO fue responsable de cuatro casos de presuntas ejecuciones”, precisó.
De acuerdo con Lupa por la Vida, las modificaciones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) podrían estar realizándose debido a las exigencias de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde el año 2019, los organismos habían demandando la disolución del cuerpo policial.
Rango de edad con las victimas
La mayoría de las víctimas son jóvenes masculinos con edades entre 18 y 30 años que viven en zonas pobres. Un patrón que se mantiene en la política del Estado venezolano, de acuerdo con Lupa por la Vida.
“En este periodo de seis meses de las 825 víctimas de las cuales se pudo conocer la edad, se obtuvo la información que las muertes de jóvenes entre los 18 y 30 años constituyó 226. Lo que representa el 27.29% de los casos”, detallaron en el informe.
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Entre los datos recopilados, indicaron que la mayoría de las víctimas recibieron disparos de armas de fuego en las regiones del tórax y de la cara.
Los sectores populares y rurales siguen siendo los sitios en donde se registran la mayoría de los asesinatos. Estas zonas son las escogidas por los cuerpos policiales y militares para la comisión de operativos de seguridad.
Estados con más casos
En la primera mitad de 2021, los estados donde la población sufrió con mayor rigor la fuerza institucional de policías y militares fueron por orden de letalidad Zulia (171 muertes); Carabobo (136); Aragua (88); Lara (71); Anzoátegui (66); Miranda (48); Bolivar (44) y Distrito Capital (40, solo 33 en enero).
“Una vez más se certifica que en la mayoría de los asesinatos perpetrados por la fuerza pública, por la vía del testimonio de familiares, se aportan elementos suficientes que conducen a presumir de que se trata de ejecuciones extrajudiciales”, indicó la organización.
Recomendaciones
Lupa por la Vida propuso en el informe una serie de recomendaciones para que se disminuyan las ejecuciones judiciales y otros hechos que vulneren el derecho a la vida de los venezolanos.
Enfatizan que las fuerzas de seguridad deben detener el uso excesivo de la fuerza y ser instruidos para actuar con pleno respeto a los derechos humanos. Además, los organismos competentes deben investigar y sancionar a los autores de las presuntas ejecuciones.
“Deben disolverse las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana como lo ha recomendado la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet”, aseveró la ONG.
Lupa por la Vida concluye que se debe emplear un proceso de desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana y exige el cese de la criminalización de los jóvenes de los sectores populares.
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