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- El Observatorio Social Humanitario convocó a especialistas que alertaron sobre varios aspectos de la crisis humanitaria que influyen en la alimentación y nutrición de los venezolanos
Expertos en materia de salud y nutrición consideran que tanto la inseguridad alimentaria como la desnutrición en Venezuela deben atenderse de forma diferenciada y con programas multidimensionales.
El Observatorio Social Humanitario presentó un foro en el que académicos y representantes de la sociedad civil conversaron sobre la desnutrición, sus causas y las consecuencias a largo plazo en adultos, adolescentes y niños.
Maritza Landaeta, coordinadora de investigación y docencia de la Fundación Bengoa, indicó durante su intervención que si bien la inseguridad alimentaria afecta a la mayoría de las familias venezolanas, la desnutrición no se debe tratar como una estadística nacional.
Causas y factores que inciden en la desnutrición
La investigadora detalló que la crisis nutricional en el país tiene diversas causas y factores que influyen en su desarrollo. Alegó que el acceso a los alimentos es uno de los principales. En ese sentido, dijo que los economistas estiman que entre 10 % y 12 % de las familias pueden adquirir la canasta básica, que ronda los 400 dólares.
“La posibilidad de acceso a una alimentación equilibrada, balanceada, saludable y amigable con el ambiente no es fácil y está muy distante de lo que es realmente el promedio de ingresos de una familia venezolana”, indicó.
Además, señaló que en esto influye la disponibilidad de servicios básicos como agua potable para evitar infecciones y enfermedades, electricidad para conservar los alimentos y gas doméstico para cocinarlos. Alertó que la carencia de los bombonas de gas obliga a las familias a cocinar con leña y esto deriva en aumento de las enfermedades respiratorias.
La producción nacional en los últimos años ha sido escasa, pero actualmente está aumentando junto con pequeñas mejoras en el ámbito económico. La especialista comentó que ahora que hay mayor producción, existen problemas para su distribución por la escasez de combustible.
Añadió que esto aumenta el precio final de venta y hace menos accesibles a algunos alimentos. Exhortó a que se proteja a los productores, se mejore el ingreso de los venezolanos y que se reactive la producción en general.
Evidencias de la crisis nutricional
Landaeta indicó que una parte importante de la población infantil venezolana presenta claros retrasos en el crecimiento. En algunos casos el problema comenzó desde el momento de la gestación.
“Cuando analizamos esto no podemos dejar de lado el hecho de que 23 % de los embarazos son de madres adolescentes y muchas de ellas ya traen un déficit nutricional cuando quedan embarazadas”, señaló.
Los servicios de protección materno infantil en el país disminuyeron progresivamente, alegó la investigadora. Por lo que estas mujeres no cuentan con un control prenatal completo. Tampoco hay programas del Estado para garantizar la alimentación adecuada y los suplementos para esta población.
La especialista comentó que varias organizaciones han implementado mecanismos de emergencia para atender casos de desnutrición aguda. También habló sobre las entregas de alimentos a poblaciones vulnerables. No obstante, insistió en que no compensa el déficit nutricional.
La investigadora aclaró que estas calorías corresponden en su mayoría a carbohidratos, porque las proteínas, grasas y micronutrientes están ausentes en estas bolsas.
La mala alimentación, además de causar un retraso evidente en el crecimiento, afectará el desarrollo cognitivo y personal de los niños. Además, en la adultez serán más propensos a desarrollar enfermedades crónicas, especialmente diabetes y obesidad.
Diferencias marcadas entre las comunidades
Landaeta insistió en la necesidad de evaluar por separado a cada comunidad venezolana cuando se piense hacer un balance nutricional nacional. Aseguró que en algunos estados hay situaciones críticas que requieren atención inmediata.
La docente comentó que los estados Zulia, Anzoátegui y Sucre reportan casos alarmantes. Agregó que las condiciones empeoran en comunidades alejadas de las grandes ciudades. Las comunidades indígenas, subrayó, son parte de esas poblaciones vulnerables nutricionalmente.
“La desnutrición aguda en Venezuela tiene una variabilidad muy grande, puede ser que consigas una comunidad con 3 % pero otra con 12 o 14 %. Un colega comentaba que en La Guaira (Vargas) se encontró con niños de 10 años que tenían un peso y una talla parecidos al de un niño de seis años. Allí se está viendo un retardo de crecimiento importante”, declaró.
La especialista relató además que en una jornada de evaluación nutricional en Yaracuy hallaron que 10 % de los niños tenían desnutrición crónica y 40 % retardo de crecimiento. 20 % de las mujeres embarazadas tenían problemas de peso y 10 % presentaba desnutrición. En esa entidad, contó, los CLAP llegan cada dos meses.
Políticas de Estado que entorpecen el acceso a los alimentos
Yngrid Candela, nutricionista e investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo (Cendes), señaló que las instituciones que investigan las condiciones de vida de los venezolanos han detectado un aumento en la inseguridad alimentaria en el país.
Varias organizaciones coinciden en que entre 85 % y 90 % de las familias venezolanas sufren de inseguridad alimentaria. Candela comentó que esta situación ha llevado a la sociedad civil a participar activamente en la documentación y atención de esta situación.
Esta respuesta ha estado sujeta a que la Administración de Nicolás Maduro no ha tomado medidas oportunas para resolver estas fallas. Por el contrario, implementó políticas que entorpecieron el acceso a los alimentos.
Lissette González, coordinadora de Investigación y Difusión de Provea, hizo un análisis sobre las políticas públicas que afectaron el derecho a la alimentación de los venezolanos.
La investigadora mencionó que la ley de precios justos de 2014, la ley constitucional de abastecimiento soberano y precios acordados de 2017, la implementación de guías de movilización que le indican a los productores de alimentos a donde pueden llevar su producción violaron en determinado momento la obligación del Estado a respetar el derecho a la alimentación.
La política de la Administración de Maduro favoreció la importación y debilitó la producción nacional, por lo que el abastecimiento de alimentos variados ha sido errático.
“Tampoco se respetó la demarcación de pueblos indígenas. Al mismo tiempo, el Arco Minero del Orinoco y otras zonas económicas especiales ponen en riesgo los modos de vida de los pueblos indígenas y su capacidad de mantener su alimentación por vías tradicionales”, agregó.
Sin protección a la alimentación
La vocera de Provea denunció que el Estado también incumplió su obligación de proteger el derecho a la alimentación al no proteger el ingreso de los trabajadores en el contexto hiperinflacionario. La importación de alimentos que no pasan por el control sanitario venezolano también entran en esta violación.
La experta concluyó que el Estado ha abandonado a aquellas poblaciones que dependen de sus instituciones para ejercer sus derechos. Las personas hospitalizadas, internadas en geriátricos y las privadas de libertad enfrentan una grave situación nutricional.
