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- El 26 de abril de 2017, el joven estudiante murió por el impacto de una bomba lacrimógena durante una protesta. Aunque voceros del oficialismo intentaron imponer su versión del suceso, la lucha de sus padres por hacer justicia llevó a la Fiscalía a reconocer la verdad cuatro años después. Foto principal: Provea
Este miércoles 26 de abril de 2023 se cumplen seis años del asesinato de Juan Pablo Pernalete por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana en 2017, durante una protesta antigubernamental.
Sus familiares convocaron una protesta para este miércoles a las 10:00 am frente a la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, Caracas. Este es la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab, quien en 2017 aseguró que a Pernalete lo habían matado sus propios compañeros, hecho que desmintió en 2021, cuando admitió que Juan Pablo había muerto por responsabilidad de la GNB.
Esta nota se publicó originalmente en El Diario el 26 de abril de 2022.
Cuando José y Elvira Pernalete vean la foto de su hijo Juan Pablo el 26 de abril de 2022, el dolor por su pérdida se reavivará como cada año. Hace ya cinco años que el joven, a sus 20 años de edad, llegó sin signos vitales a la sede de Salud Chacao, en Caracas, luego de resultar herido en una protesta contra el régimen de Nicolás Maduro. Fue uno de los 157 venezolanos que fallecieron en ese año de barricadas, lacrimógenas y enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos represivos.
Sin embargo, este año tendría una connotación especial, ya que es el primero en el que el Estado venezolano reconoce su responsabilidad en el asesinato de Juan Pablo Pernalete. El 1° de mayo de 2021, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, admitió que el estudiante murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Allí imputó a 12 funcionarios por homicidio preterintencional en grado de complicidad correspectiva. Esto representó un cambio radical en la narrativa oficialista, que durante cuatro años aseguró, incluso judicialmente, que Pernalete cayó a manos de sus propios compañeros en un ataque con una pistola de perno.
La nueva postura del Ministerio Público no alienta a la familia Pernalete. Por el contrario, confirma todas las denuncias de irregularidades y manipulación del caso llevadas a cabo por las autoridades. Una situación que les obligó a buscar justicia en instancias internacionales. Un año después de su anuncio, no se conocen las identidades de los funcionarios imputados, ni hay indicios del autor material. Denuncian que la investigación nuevamente fue paralizada a pesar de sus esfuerzos.
La silueta en la acera
Juan Pablo era el mayor de los dos hijos de José Pernalete y Elvira Llovera. A los 18 años de edad comenzó a estudiar Contaduría, misma profesión de su madre, en la Universidad Metropolitana. Allí participaba en el Modelo de Naciones Unidas (MUN) y poseía una beca por excelencia deportiva, al estar en el equipo universitario de baloncesto. Soñaba con ser jugador profesional y llegar a la National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos. También hacía labor social dando clases de baloncesto a niños de Petare.
Como muchos jóvenes descontentos con la situación económica, política y social de Venezuela, salió a las calles a manifestar. Tras cuatro semanas y media de protestas fuertemente reprimidas, en la que ya 27 personas habían perdido la vida, el 26 de abril de 2017 Juan Pablo salió a la calle. La marcha tenía como destino la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de Caracas. Los manifestantes burlaron el cordón policial y tomaron la autopista Francisco Fajardo.
Como en anteriores ocasiones, una gran cantidad de funcionarios de la GNB llegó en motos a dispersar la concentración. De acuerdo con la madre del joven, y declaraciones de testigos, Pernalete escapó por la avenida del Ávila junto a otros manifestantes, pero regresó para auxiliar a una chica que se había caído. En ese momento, uno de los militares le disparó una bomba lacrimógena que impactó a quemarropa en su pecho.
El hecho fue registrado por varios reporteros y manifestantes. “Le dieron”, se escuchó en uno de los videos, mientras Pernalete, con una bandera de capa, se tambaleaba. Un grupo lo cargó y llevó hasta la entrada de un edificio, donde apenas pudo dar unos pasos antes de desplomarse. Más temprano, en el estado Táchira, Efraín Sierra Quintero, de 28 años de edad, también había muerto de un disparo en el estómago. Mientras tanto, en televisión nacional, Nicolás Maduro bailaba en un acto convocado precisamente para llenar el centro de la capital de sus simpatizantes.
“Al ver a mi hijo tirado ahí en esa camilla yo sentí un dolor muy fuerte, yo lo atribuí también al estado de tensión en el que estaba. Desde ese momento el dolor fue aumentando y cada día lo sentía mucho más”, contó José Gregorio Pernalete en una entrevista previa para El Diario.
La muerte de Pernalete conmocionó a la comunidad de la Universidad Metropolitana. Dos días después del hecho, estudiantes y profesores marcharon desde el campus hasta el lugar donde cayó para rendirle homenaje. El 29 de abril, en el Cementerio General del Este, despidieron su cuerpo en un ataúd cubierto por la bandera de la universidad y la de Venezuela, entre sus trofeos y pelotas de basquet. Días después apareció, en otro homenaje, la silueta blanca pintada en la acera, como aquellas de tiza trazadas por los forenses alrededor de un cadáver. Esa silueta con su nombre permaneció allí durante años, incluso después de esfumarse el olor a gas y caucho quemado en Altamira.
Lucha en la corte
Los padres de Juan Pablo siempre mantuvieron que su hijo había sido asesinado por la GNB. Esto a pesar de los intentos del chavismo para imponer una versión diferente. Durante el paso por la Fiscalía General de Luisa Ortega Díaz, se lograron importantes avances como la verificación de la causa de muerte real a través de su autopsia. Sin embargo, llegaron a un punto muerto tras la destitución de Díaz por el régimen de Maduro y su reemplazo por el entonces defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Desde entonces, cada semana, acuden al Ministerio Público para exigir avances en la investigación, la mayoría de las veces sin respuesta. Su relación con el fiscal Saab es tensa: ni él ha aceptado reunirse con ellos en los cinco años que ostenta el cargo ni los Pernalete lo reconocen como fiscal legítimo. Fuera de esos roces, a través de su abogado Waldemar Núñez López, mantuvieron el contacto con otros departamentos.
Allí han pedido que se solicite a la GNB la lista de funcionarios desplegados ese día en Altamira, así como de los registros del parque de armas de ese comando. Aseguran que a pesar de tener los libros con la evidencia suficiente para determinar a los responsables, la GNB se niega a entregarlos y la Fiscalía ha carecido de voluntad para insistir en sus investigaciones.
“Hemos sido objeto de intimidación, amenazas y tratos crueles cuando vamos a buscar justicia. Nos hacen esperar por horas, le dicen a nuestro hijo guarimbero las propias fiscales. Esos son tratos crueles y degradantes hacia nosotros y hemos tenido que ir soportando”, declaró Elvira Pernalete a la organización Provea en 2020.
Ese año, los padres introdujeron una demanda ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Allí solicitaron abrir un antejuicio de mérito contra el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y la cadena de mando involucrada en el asesinato de su hijo. También contra quienes crearon y difundieron la versión inicial del hecho, como el entonces ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, así como los exdiputados de la asamblea nacional constituyente Delcy Rodríguez y Pedro Carreño. Aunque la sala aceptó su solicitud, el proceso nunca avanzó.
Ante los ojos del mundo
Al no conseguir justicia en los tribunales de su propio país, los Pernalete emprendieron su nuevamente cruzada, esta vez ante instancias internacionales. Primero llevaron al caso a la Organización de Estados Americanos (OEA), donde en noviembre de 2017 participaron en una audiencia ante expertos para levantar un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de ese año. Este documento posteriormente se presentó a la Corte Penal Internacional (CPI).
En el primer aniversario de la muerte de Juan Pablo, José Pernalete viajó a Ginebra, Suiza, para presentar una demanda contra el Estado venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). A lo largo de los años, la pareja se reunió con miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), Michelle Bachelet.
Elvira Pernalete cuestiona que la oficina de Bachelet haya celebrado la declaración de Saab en la que admite el asesinato de su hijo por la GNB. En su último informe, el organismo lo consideró como un avance en materia de derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Esto a pesar de todavía no haber ninguna sentencia sobre el caso y que los presuntos imputados todavía siguen libres.
“Consideramos que esta nueva actualización del informe de la Acnudh refleja una versión que beneficia y lava la cara del Ministerio Público y del gobierno ante la alta comisionada. Por último, consideramos que se envía un mensaje muy peligroso de impunidad”, escribió.
Esperanza de justicia
Actualmente los Pernalete tienen fe en la investigación que la Fiscalía de la CPI realiza en Venezuela. El caso de su hijo figura en el expediente junto al de otros civiles asesinados en protestas. En una entrevista a El Nacional, indicaron que ven este proceso como la recompensa tras años de lucha y piden que se enjuicie a toda la cadena de mando de la Fuerza Armada, la cual actualmente está protegida por la Fiscalía y el Poder Judicial.
Estos cinco años han hecho mella en la familia. En 2019 crearon junto a otros dolientes como ellos el Comité de Víctimas de las Protestas de 2017. Actualmente la organización carece de figura jurídica debido a retrasos en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren). También han sufrido múltiples pérdidas. El 20 de enero de 2020, su hija menor, María Gabriela, murió a los 19 años de edad, tras años combatiendo el cáncer. El abogado Waldemar Núñez, quien también era pariente de los Pernalete, murió el 1° de diciembre de 2018 en circunstancias sospechosas. Recibió un disparo y fue arrollado a una cuadra de su casa, en Maripérez. El propio José Gregorio Pernalete debió ser intervenido quirúrgicamente en febrero de 2021, por un tumor en el corazón.
El 20 de abril de 2018, el entonces alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, rebautizó la avenida del Ávila como Juan Pablo Pernalete. Su imagen también se convirtió en un símbolo de los mártires en las protestas venezolanas, recordado aún en cada marcha. En su casa, José y Elvira mantienen el cuarto de su hijo como un santuario en el que se exhiben sus camisas, fotos y tributos recibidos. “Nosotros como padres vamos a seguir luchando por los sueños de Juan Pablo y por la justicia para él y para todos los jóvenes que sueñan con un país mejor”, apuntó la madre, que aún espera ver tras las rejas a los responsables.
