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- La medida impide que Machado se postule a cargos públicos por 15 años. Foto: EFE
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el viernes 26 de enero que se mantiene la inhabilitación política contra la líder opositora María Corina Machado, la cual le impide participar en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024.
“Está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de 15 años”, declara la sentencia.
El 15 de diciembre, Machado acudió al Supremo a presentar su caso, a propósito del proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el oficialismo y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición que ella representará en las presidenciales de 2024.
La Sala Político Administrativa del TSJ acordó, en una resolución con fecha del 19 de diciembre, establecer un lapso de 72 horas para procesar y consignar la información solicitada referida a este veto.
Perkins Rocha, abogado y miembro de Vente Venezuela, denunció el 15 de enero que el TSJ no les había permitido acceder al expediente del recurso interpuesto contra la inhabilitación política de Machado, lo que la colocaba en una “peligrosa situación de indefensión”.
“El TSJ pone en peligro el cumplimiento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados”, dijo Rocha en esa oportunidad en una publicación en su cuenta en la red social X (antes Twitter).
Este viernes el TSJ informó que publicaría las decisiones tomadas sobre todos los casos de inhabilitación política que solicitaron una revisión previamente.
“El TSJ informa que, cumpliendo con la Constitución, las leyes vigentes, y en el marco del Acuerdo de Barbados, la Sala Político Administrativa procederá a publicar en el transcurso del día las decisiones tomadas en todos los casos de inhabilitación a partir de las solicitudes”, indicó a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).
La inhabilitación de María Corina Machado
La Controlaría General de Venezuela decidió inhabilitar el 30 de junio de 2015 a María Corina Machado durante 15 años, tras una investigación patrimonial en el que, según el organismo del régimen, se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.
El 26 de junio de 2023, el parlamentario José Brito, quien es aspirante a la presidencia en 2024, acudió a la sede de la Contraloría para solicitar el estatus de la habilitación política de los aspirantes a las elecciones primarias.
El dirigente Luis Ratti también pidió una revisión por parte de la Contraloría sobre los candidatos para este proceso electoral. Ratti indicó a los medios de comunicación que era necesario “verificar” la inhabilitación de Machado.
En la misma publicación, Ratti compartió una foto del documento que introdujo ante la Contraloría en el que se nombran varios dirigentes por “haber solicitado la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)”.
Sin embargo, en noviembre de 2023, la Embajada de Noruega en México informó que el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática llegaron a un acuerdo para revisar las inhabilitaciones de varios políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Las partes convinieron en crear un mecanismo para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evalúe cada caso de forma individual.
El ente diplomático, que funge como mediador en la mesa de negociación entre ambas partes, indicó que la medida forma parte del Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados en octubre de 2023.
Capriles tampoco fue habilitado
El Poder Judicial también ratificó la inhabilitación por 15 años contra Henrique Capriles, exgobernador del estado amorfa y excandidato a la presidente de la República.
De acuerdo con el TSJ, la medida fue ratificada debido a irregularidades administrativas ocurridas durante las funciones de Capriles como gobernador del estado Miranda, entre los años 2011 y 2013. El Poder Legislativo agregó que la solicitud tampoco cumplió con los requerimientos establecidos por el Acuerdo de Barbados.
Capriles fue inhabilitado por la Contraloría General de la República el 7 de abril de 2017.
La Contraloría detalló que la amonestación fue impuesta “por incurrir en supuestos ilícitos tipificados” como “no presentar el presupuesto local ante el Consejo Legislativo del estado, pactar convenios internacionales sin autorización para ello y firmar contratos por la Gobernación de Miranda con empresas sin cumplir las normas”.
