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- La Embajada de Noruega en México confirmó que como parte de la mesa de negociación de Barbados, las partes acordaron que cada aspirante presente una impugnación de su inhabilitación ante el TSJ
La Embajada de Noruega en México informó el 30 de noviembre que el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática llegaron a un acuerdo para revisar las inhabilitaciones de varios políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Las partes convinieron en crear un mecanismo para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) evalúe cada caso de forma individual.
El ente diplomático, que funge como medidador en la mesa de negociación entre ambas partes, indicó que la medida forma parte de del Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado en Barbados en octubre de 2023.
Agregó que cada aspirante deberá acudir personalmente al TSJ para introducir un recurso contencioso administrativo contra las medidas tomadas en su momento por la Contraloría General del régimen de Nicolás Maduro que provocaron su inhabilitación. Esta deberá venir junto a una solicitud de amparo cautelar.
Condiciones
De acuerdo con la embajada, los candidatos tendrán hasta el 15 de diciembre para emprender el proceso en el TSJ. La Sala Político Administrativa se encargará de evaluar cada caso y de admitir tanto la demanda como la solicitud de amparo.
No obstante, dentro de los términos del acuerdo, aclaró que en los documentos, así como en sus declaraciones públicas, los dirigentes “se abstendrán de incoportar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado”. Esto en cumplimiento de la Ley Orgánica del TSJ.
De igual forma, los interesados deberán asumir una serie de compromisos, entre los que destacan:
– Respetar la Constitución y las leyes.
– Cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación.
– Acatar en el marco constitucional la decisión del TSJ que emane de su recurso.
– Rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
Inhabilitados
El jefe de la delegación opositora en la mesa de negociación, Gerardo Blyde, se pronunció sobre al respecto para confirmar que el Acuerdo de Barbados establació una vía para resolver “con celeridad” las inhabilitaciones políticas. Este fue uno de los puntos centrales para su equipo desde las primeras conversaciones con el régimen de Maduro en México en 2021.
Recordó que existe un precedente judicial en el país en el que un político opositor logró levantar las medidas adminsitrativas en su contra apelando al TSJ. Se trató del amparo cautelar introducido en 2015 por Manuel Rosales, en ese entonces inhabilitado por siete años y seis meses. El 30 de octubre de 2017, la Sala Político Administrativa admitió la demanda de nulidad, lo que le permitió a Rosales inscribirse como candidato en la repetición de las elecciones para gobernador de Zulia de ese año.
En este sentido, el acuerdo de Barbados buscaría habilitar a María Corina Machado, quien será la candidata presidencial de la alianza opositora. En junio de 2023, la Contraloría General le impuso a Machado una segunda habilitación, poco después de que se postulara para las primarias de la Plataforma Unitaria, que posteriormente ganó.
No obstante este recurso abriría la puerta para que otros dirigentes opositores puedan levantar sus inhabilitaciones. Tal sería el caso de Henrique Capriles Radonski, de Primero Justicia (PJ) o de Freddy Superlano, de Voluntad Popular (VP).
