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  • De acuerdo con el comunicado de la organización, al menos 37 personas vinculadas con la campaña de Edmundo González Urrutia han sido detenidas este año | Foto principal: Referencial

El Instituto Casla pidió este miércoles 19 de junio a la Corte Penal Internacional (CPI) avanzar con la investigación contra funcionarios del gobierno de Venezuela por las recientes detenciones de dirigentes opositores por parte de las autoridades.

El régimen venezolano mantiene una ola represiva de intimidación y acoso, persecución generalizada, detenciones arbitrarias, desaparición forzada y encarcelamiento contra miembros de partidos políticos, en especial, del partido Vente Venezuela, y la sociedad civil en general que apoya con o desde su trabajo u oficio el desplazamiento de los líderes en su campaña por todo el país”, denunció la organización, que proporciona análisis de temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho.

De acuerdo con el comunicado del instituto, al menos 37 personas vinculadas con la campaña presidencial del candidato opositor Edmundo González Urrutia han sido detenidas en lo que va de 2024.

“Esta cifra pudiera ser aún más abultada, ya que el régimen ha intentado secuestrar o detener arbitrariamente a otros líderes y activistas, detenciones que no se han materializado porque las personas logran zafarse o porque la gente que está alrededor de ellos los han protegido”, resaltó el Instituto Casla.

Instituto Casla pidió a la CPI actuar contra la “cadena de mando” del gobierno venezolano 
Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga. Foto: EFE

La organización sostuvo que, a su juicio, desde el Estado venezolano se han cometido agresiones, amenazas y seguimientos contra ciudadanos en sus residencias o lugares de trabajo; así como persecuciones de miembros de partidos políticos, creadores de contenido en redes sociales, periodistas, abogados y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG).

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“La persecución generalizada y sistemática, las desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, son crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. (…) Denunciamos con gran preocupación, que la situación puede empeorar y los líderes, miembros de partidos, activistas, defensores, comunicadores sociales, y la sociedad civil en general que apoya una salida democrática, corren grave peligro”, añadió.

El Instituto Casla consideró que, a su juicio, existen motivos suficientes como para que la Corte Penal Internacional avance en la investigación contra la “cadena de mando y los altos represores” del gobierno de Venezuela para se actúe conforme al Estatuto de Roma.

Detenciones de líderes opositores

El 14 de junio de 2024, el partido político opositor Voluntad Popular (VP) denunció la detención de su responsable juvenil en Maiquetía, capital del estado La Guaira, Jeancarlos Rivas.

La tolda política informó en sus redes sociales que el joven, de 19 años de edad, estaba regresando a su casa cuando fue interceptado  por una camioneta blanca sin placas, supuestamente vinculada a la policía regional de ese estado.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar atentos ante esta arremetida y responsabilizamos a Nicolás Maduro y al gobernador de La Guaira, José Terán, por la vida, integridad y lo que pueda ocurrirle a Jeancarlos”, expresó la colectividad.

Voluntad Popular denunció la desaparición de su activista juvenil Jeancarlos Rivas en Vargas
Jeancarlos Rivas. Foto: Cortesía

Esa misma noche se reportó también la desaparición del periodista Luis López, quien trabaja para medios de comunicación locales como La Verdad y El Pitazo de Vargas, así como en el enlace de Comunicaciones del comando regional. De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), López salió a cubrir la aprehensión de Jeancarlos Rivas, cuando aparentemente fue detenido también por la policía.

El 15 de junio, el partido Vente Venezuela informó sobre el arresto de su coordinador político en La Guaira, Juan Iriarte, por parte de presuntos agentes de seguridad del Estado.

Esa colectividad política también denunció el 17 de junio la detención de su coordinador nacional juvenil de Organización, Javier Cisneros; y de Gabriel González, miembro del equipo de Comunicaciones. Ambos salían de una reunión en la sede de Vente, en Caracas, cuando fueron abordados por presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) cerca de la plaza Francia de Altamira.

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