La organización no gubernamental (ONG) Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) alertó el domingo 23 de febrero sobre el caso de la detención arbitraria de Jonathan Josué Bravo Palencia, de 17 años de edad, joven con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y tics motores que estaría siendo acusado de terrorismo.
La ONG explicó que el 11 de enero de 2025 Bravo fue detenido en su casa ubicada en Coro, estado Falcón, sin orden judicial, por un grupo de hombres encapuchados y armados. “Fue sacado a la fuerza, bajo amenazas de muerte. Su madre fue agredida, mientras su hermana de 9 años quedó aterrorizada. Durante el traslado, una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo golpeó, agravando el abuso de autoridad”, alertó.
De acuerdo con la denuncia, el adolescente es acusado de participar en un supuesto “plan terrorista para secuestrar al gobernador del estado Falcón”, basándose únicamente en su presencia en un grupo de WhatsApp donde, según reportó el Clippve, un participante hizo comentarios sensibles.
Sus familiares indicaron que luego de su detención, fue trasladado irregularmente a Caracas sin que su madre fuera notificada. “Esto ocurrió pese a que una jueza ordenó su permanencia en Coro”, se puede leer en el reporte de la organización.
El Clippve agregó que Bravo fue recluido por más de 30 días en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, donde compartió celda con reclusos adultos. Sus allegados relataron que en ese lugar se enfermó con vómitos y fiebre, pero no recibió atención médica oportuna.
El 11 de febrero, en su audiencia preliminar, fue acusado de terrorismo e incitación al odio. Luego, el 20 de febrero, lo enviaron de regreso a Coro, donde permanece en un centro de detención para varones.
La denuncia agrega que, al retornar, el adolescente fue examinado en el hospital Universitario de Coro, pero su familia no pudo verlo durante 15 días. Bajo estas condiciones, el Clippve alertó que su caso ha estado viciado de irregulares, además se le privó de una defensa justa. Su madre, Francis Palencia, sigue esperando el inicio del juicio sin que se le haya informado quién es el juez, mientras el defensor público no le brinda información ni responde sus llamadas.
Bravo había culminado el bachillerato y se preparaba para estudiar Odontología en la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías.
Derecho a la defensa
La Constitución venezolana reconoce el derecho a la defensa como un principio fundamental del debido proceso. El Artículo 49 establece que toda persona tiene derecho a ser escuchada en cualquier procedimiento, a contar con el tiempo y los recursos necesarios para su defensa, y a recibir asistencia jurídica desde el inicio del proceso.
Foro Penal contabilizó 1.061 presos políticos en Venezuela
La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal reportó que hay un total de 1.061 detenidos para el 17 de febrero en Venezuela. De esta cifra, 121 son mujeres, 4 son adolescentes y 940 son hombres.
Además, Foro Penal indicó que 896 de los detenidos son civiles y 165 militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La ONG contabiliza, desde 2014 hasta la fecha, 18.295 detenciones políticas y asegura que más de 9.000 personas siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.
Entre los detenidos hay dirigentes políticos, trabajadores de la prensa, militares, civiles y activistas o defensores de los derechos humanos.
Los abogados de la organización han denunciado que la mayoría de estos presos políticos son acusados por el delito de terrorismo, medida que también se le ha imputado a los adolescentes, los cuales, de acuerdo con Foro Penal, tienen entre 14 y 17 años de edad.
