El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó el lunes 17 de marzo que El Salvador podría deportar a Venezuela a algunos de los ciudadanos venezolanos enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) si no forman parte de la banda criminal Tren de Aragua.
En entrevista con Fox News, Rubio defendió las deportaciones, asegurando que todos los trasladados se encontraban en territorio estadounidense de manera irregular. “Si resulta que uno de ellos no está (en el Tren de Aragua), los salvadoreños pueden deportarlos hacia Venezuela”, señaló.
Sus declaraciones generan dudas sobre el proceso de identificación de los deportados, quienes fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador bajo la presunción de pertenecer a la organización criminal.
Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González solicitaron a través de un comunicado medidas de protección para migrantes venezolanos en el contexto de las deportaciones a El Salvador. Además, exhortaron a los gobiernos de Trump y Bukele distinguir “con toda claridad” entre “criminales” y trabajadores que huyeron “del régimen de (Nicolás) Maduro”.
#17Mar | María Corina Machado y Edmundo González Urrutia solicitaron un “régimen de protección para los migrantes venezolanos” tras las recientes deportaciones de venezolanos desde EE UU hacia El Salvador.
— El Diario (@eldiario) March 17, 2025
“Exhortamos a las autoridades competentes de cada país a extremar las… pic.twitter.com/87rZPCNmab
Entretanto, Maduro afirmó que calificar a los migrantes venezolanos de “delincuentes” es el acto de “mayor enemistad” de Estados Unidos contra el país.
Las deportaciones
El domingo 16 de marzo, 238 migrantes, presuntamente miembros del Tren de Aragua, fueron trasladados a El Salvador, donde fueron recluidos en el CECOT, una megacárcel de alta seguridad destinada principalmente a pandilleros.
La operación fue una de las acciones más recientes en el contexto de la lucha de Estados Unidos contra las bandas criminales transnacionales y sus operaciones en América Latina, en particular las vinculadas al crimen organizado originado en Venezuela.
El grupo deportado fue señalado por las autoridades estadounidenses como supuestos integrantes del Tren de Aragua, que se formó en las cárceles de Venezuela y se ha expandido por varios países de la región.
Debido proceso en riesgo
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, como la venezolana Provea y la salvadoreña Cristosal, han cuestionado la legitimidad de las deportaciones, alegando que los migrantes no han recibido el debido proceso y que su envío a El Salvador representa una violación a sus derechos fundamentales.
Según Provea, la deportación masiva se realizó sin las garantías legales correspondientes y a pesar de una orden judicial emitida por un juez federal de Estados Unidos, James Boasberg, quien bloqueó el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en el caso de estos deportados.
La ONG venezolana denunció que los migrantes fueron trasladados a un sistema carcelario en El Salvador conocido por sus condiciones de abuso, sin ningún tipo de juicio o acceso a la defensa legal.
Además, advirtió que su situación se agrava por el hecho de que estos deportados se encuentran alejados de sus familias y sin información clara sobre su situación legal. “Sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace”, declaró Provea.
Madres de venezolanos que fueron enviados a la cárcel de El Salvador, como el caso de Francisco García, o de Ysqueibel Peñaloza (de quien se desconoce su paradero) han defendido la inocencia de sus hijos.
Preocupaciones sobre la legalidad
El proceso de deportación ha sido cuestionado por expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos. Noah Bullock, director de Cristosal, señaló a EFE que tanto el gobierno de El Salvador como el de Estados Unidos están actuando fuera de los marcos legales nacionales e internacionales.
“Hemos llegado a un punto de inflexión para el sistema internacional de derechos humanos”, indicó Bullock, quien agregó que los migrantes están siendo encarcelados en El Salvador sin las garantías de un juicio y sin saber quiénes son ni bajo qué jurisdicción se les están aplicando las leyes.
Por su parte, el abogado constitucionalista Enrique Anaya advirtió durante una entrevista citada por EFE que El Salvador podría enfrentar responsabilidades internacionales por la falta de base legal en este proceso de deportación. Además, Ingrid Escobar, abogada y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), resaltó las graves deficiencias del sistema carcelario salvadoreño, conocido por su falta de respeto a los derechos humanos y por las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos.
Implicaciones para El Salvador
El traslado de los migrantes a El Salvador no solo ha generado inquietud por el tratamiento que recibirán en las cárceles del país, sino también por las posibles implicaciones políticas y sociales. En este contexto, algunos analistas han sugerido que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, podría estar buscando un beneficio económico para su gobierno.
Según Bullock, el país enfrenta graves problemas fiscales y ha sido presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para implementar políticas de austeridad, lo que ha llevado al gobierno a buscar recursos adicionales, incluso a través del sistema penitenciario.
De acuerdo con publicaciones de algunos medios, que citan documentos filtrados de la Cancillería salvadoreña, Estados Unidos estaría pagando a El Salvador seis millones de dólares el primer año por la recepción de los enviados a la megacárcel para pandilleros.
