El gobierno de EE UU anunció el lunes 31 de marzo que deportó a El Salvador a otras 17 personas a las que acusa de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua (TdA) y MS-13, acción similar a la ejecutada el 15 de marzo cuando expulsó de manera sumaria a más de 200 venezolanos a los que envió al país centroamericano.
La decisión, anunciada en un comunicado por el secretario de Estado, Marco Rubio, puede suponer un desafío para con la orden dictada por un juez federal que bloquea la aplicación de la ley de Enemigos Extranjeros, la cual permite deportar a extranjeros sin vista previa y que el gobierno de Donald Trump ha invocado argumentando que el Tren de Aragua está invadiendo territorio estadounidense.
“Anoche, en una exitosa operación antiterrorista con nuestros aliados en El Salvador, el Ejército de Estados Unidos transfirió a un grupo de 17 criminales violentos de las organizaciones Tren de Aragua y MS-13, incluyendo asesinos y violadores”, afirma el comunicado rubricado por Rubio, que no aporta más detalles sobre el operativo o las identidades de los deportados.
Last night, in a successful counter-terrorism operation with our allies in El Salvador, the United States military transferred a group of 17 violent criminals from the Tren de Aragua and MS-13 organizations, including murderers and rapists.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 31, 2025
In order to keep the American people…
“Una vez más, expresamos nuestra gratitud al presidente Bukele y al gobierno de El Salvador por su inigualable colaboración para garantizar la seguridad de nuestros países contra el crimen transnacional y el terrorismo”, concluye el texto.
Más de 200 venezolanos en El Salvador
Trump aseguró que la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país, una afirmación que los expertos consideran errónea.
Con ese argumento, invocó el 15 de marzo la ley de Enemigos Extranjeros, norma de 1798 no usada desde la Segunda Guerra Mundial que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
Pese a la orden judicial federal emitida ese mismo día contra dicha ley, tres aviones fletados por el gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a más de 200 venezolanos -a los que las autoridades acusan de ser miembros de Tren de Aragua- a las autoridades salvadoreñas, que los encarcelaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
El viernes, después de que un tribunal de apelaciones mantuviera el bloqueo a la ley, la Administración Trump pidió al Supremo que le permita deportar ciudadanos venezolanos de manera sumaria, subrayando el pulso que mantiene con jueces que han bloqueado varias de sus iniciativas y a los que pide destituir, poniendo en duda la separación de poderes en EE UU.
Críticas por la deportación
La organización Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado el 25 de marzo para expresar preocupación por la deportación de 238 venezolanos a El Salvador y que fueron acusados de pertenecer presuntamente a la banda criminal trasnacional el Tren de Aragua.
El texto menciona el modelo de “seguridad” del presidente Nayib Bukele y las medidas adoptadas por Estados Unidos respecto a los migrantes enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (Cecot), señalando la falta de debido proceso y la criminalización de personas con base en criterios discriminatorios.
“Estas políticas son profundamente injustas y vulneran las normas internacionales de derechos humanos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización advierte que la normalización de las vulneraciones al debido proceso en El Salvador es preocupante y subraya que, en lugar de ser imitadas por gobiernos como el de Estados Unidos, deberían ser condenadas.
“Según la información pública disponible, entre las personas expulsadas se encuentran personas que se encontraban en proceso judicial, fueron arrestadas mientras cumplían con sus obligaciones migratorias, ya contaban con protección en EE UU, incluida la Convención contra la Tortura, y fueron etiquetadas como pandilleros por sus tatuajes o su conexión con el estado venezolano de Aragua, sin ninguna otra prueba”, se puede leer en el comunicado.
Con información de EFE
