La reciente deportación de 238 venezolanos desde Estados Unidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, ha levantado una ola de críticas, preocupaciones e incertidumbre entre familiares, autoridades nacionales e internaciones y analistas políticos..
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el 16 de marzo que llegaron a su país presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua procedentes de Estados Unidos.
Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025
The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6
Este traslado se dio luego de que el 15 de marzo, el gobierno de Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar la detención y deportación de presuntos miembros de la banda criminal. Horas más tarde, un juez federal bloqueó esta medida, pese a esto, los arrestados fueron llevados a El Salvador.
De acuerdo con analistas políticos consultados por la agencia de noticias EFE, los presidentes de El Salvador y EE UU han actuado fuera de los marcos legales internacionales y de sus países con el encarcelamiento de migrantes, acusados de ser presuntamente miembros del Tren de Aragua.
Proceso legal para migrantes venezolanos deportados
Noah Bullock, director de la organización humanitaria Cristosal, señaló que el grupo de más de 200 venezolanos fueron encarcelados sin juicio en El Salvador, lo que representa una falta al debido proceso.
“Tenemos a dos jefes de Estado que han acordado deportar y desaparecer a cientos de personas en los centros penales de El Salvador sin la más mínima garantía. No sabemos quiénes son y no sabemos bajo qué jurisdicción judicial se van a garantizar sus derechos. Se ha mandado a esas personas a un hoyo negro judicial”, añadió Bullock.
Por su parte, el abogado constitucionalista Enrique Anaya dijo en una entrevista televisiva que El Salvador se está poniendo en riesgo de generar responsabilidades internacionales.
“Desconocemos cuál es la base legal para poder enviar a los migrantes a El Salvador, creo que definitivamente no hay base para esto. Eso no hace parte de extradiciones ni deportaciones”, resaltó Anaya.
Ingrid Escobar, abogada y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo a EFE que es preocupante que ambos países hayan obviado la orden judicial, principalmente porque en El Salvador hay una enorme debilidad institucional.
Familiares aseguran la inocencia de los detenidos
Ydalis Chirinos, madre de uno de los venezolanos detenidos en EE UU, contó en una entrevista para El Diario que teme que su hijo, Ysqueibel Peñaloza, de 25 años de edad, sea uno de los deportados hacia el país centroamericano.
“No sé dónde está mi hijo, quiero que aparezca porque él no es un delincuente, no tiene antecedentes penales y no tuvo problemas federales ni con la justicia en EE UU. En Venezuela nunca estuvo preso. Somos buenas personas, una familia humilde, honrada y trabajadora”, dijo Chirinos.
De acuerdo con el testimonio de la madre, la sospecha de que su hijo pudo ser trasladado al Cecot se originó porque en un video publicado identificó a un hombre que fue detenido junto a Peñaloza en el video publicado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a través de sus redes sociales.
Peñaloza fue detenido en un apartamento en Carolina del Norte el 8 de febrero de 2025, durante una redada. En el procedimiento, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a otros ocho venezolanos.
Mirelys Casique, otra madre de uno de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador por ser identificado como presunto miembro del Tren de Aragua, denunció que su hijo es inocente y exigió que lo regresen a Venezuela.
A través de una entrevista con el medio Telemundo, Casique dijo que recibió una llamada de su hijo Francisco García desde Texas, Estados Unidos, en la que le informaba que estaba retenido en un centro de Laredo y sería enviado a otro país sin especificar cuál sería su destino.
“Sus hermanos lo identificaron en una de las fotos que compartieron de los enviados a El Salvador porque le vimos sus tatuajes en el brazo. Pido que lo chequeen en Interpol, en donde sea, para que sepan que no es un delincuente, no tiene antecedentes y lo envíen a su país”, dijo Casique.
Un grupo de familiares de migrantes venezolanos deportados desde EE UU hasta El Salvador, protestaron el 17 de marzo en Maracaibo, (Zulia), para exigir que sean enviados al país y negaron que sean miembros del Tren de Aragua.
“Lo que pedimos es ayuda para que se lo traigan lo más pronto posible, porque ellos no son ningunos delincuentes ni están vinculados con ningún Tren de Aragua, ni con nada, son muchachos deportistas, padres de familia”, explicó Rosliany Camayo, esposa de Ringo Rincón, quien vivía en Dallas desde hace un año y medio.
Críticas por parte de ONG y dirigentes venezolanos
La organización no gubernamental (ONG) Provea rechazó el 16 de marzo las deportaciones de Estados Unidos a El Salvador de más de 200 personas acusadas de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua por considerar que no se garantizó el debido proceso.
“Este grupo de deportados son sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa”, señaló Provea.
En ese sentido, la ONG expresó que son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar.
“¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal”, afirmó Provea.
El 17 de marzo, también se expresaron en un comunicado conjunto los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González para pedir que no se criminalice a todos los migrantes venezolanos en EE UU.
“Exhortamos a las autoridades competentes de los países del mundo a extremar las precauciones al administrar justicia y, además, a distinguir entre criminales empleados por el régimen de Nicolás Maduro para delinquir en el extranjero y la gran mayoría de migrantes inocentes”, se lee en el texto.
En este sentido, los opositores venezolanos solicitaron un régimen de protección para los migrantes venezolanos como un paso previo y provisional de su retorno al país.
Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), acotó el 18 de marzo que los migrantes presos no deben ser considerados “mercancía de canje” por los países donde presuntamente cometieron delitos.
“De acuerdo con las normas procesales vigentes, estas personas deberían haber sido debidamente condenadas por delitos en los Estados Unidos y su traslado debería responder al cumplimiento de penas privativas de libertad en el marco de acuerdos internacionales entre ambos países”, señaló la PUD en un comunicado publicado en sus redes sociales.
Reacción de autoridades en Venezuela
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió el 17 de marzo que acudirán a los organismos internacionales para denunciar crímenes de lesa humanidad contra los migrantes venezolanos que fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador.
“Lo que se está cometiendo contra los venezolanos, secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en los Estados Unidos de América, es un crimen de lesa humanidad”, indicó Rodríguez en una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Posteriormente, Maduro anunció la activación de una “alerta de viaje” para que los venezolanos no visiten Estados Unidos tras las recientes medidas contra migrantes venezolanos.
Deportaciones desde El Salvador
Ante la matriz de opinión que se ha generado tras el envío de migrantes venezolanos a la cárcel en El Salvador, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que ese país podría deportar a Venezuela a algunos de los ciudadanos si se comprueba que no forman parte de la banda criminal Tren de Aragua.
En entrevista con Fox News, Rubio defendió las deportaciones, asegurando que todos los trasladados se encontraban en territorio estadounidense de manera irregular.
“Si resulta que uno de ellos no es del Tren de Aragua, los salvadoreños pueden deportarlos hacia Venezuela”, señaló.
Sus declaraciones generan dudas sobre cómo fue el proceso de identificación de los deportados, quienes fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador bajo la presunción de pertenecer a la organización criminal.
