En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar antinarcóticos en el Caribe, los llamados a un proceso de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro han resurgido entre diferentes sectores políticos. Desde voceros del oficialismo y la oposición prosistema estos mensajes han cobrado fuerza en las últimas semanas, extendiéndose incluso a figuras internacionales.
Por ejemplo, durante la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el 23 de septiembre, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó el uso de la fuerza letal en el operativo antidrogas estadounidense y advirtió que podría haber “más daño de lo previsto” en caso de una intervención militar mayor. “El camino al diálogo no se le debe cerrar a Venezuela”, abogó.
Otro caso es el del asesor presidencial estadounidense Richard Grenell, quien en entrevistas ha asegurado mantener un canal de comunicación entre Caracas y la administración de Donald Trump con el objetivo de mediar en una negociación. El propio Nicolás Maduro apoyó las gestiones de Grenell y pidió en una carta tener una “conversación directa y franca” con Trump. Días después, la Casa Blanca declinó la oferta afirmando que no cambiarán su postura, pues consideran al régimen venezolano “ilegítimo”.
Históricamente, el diálogo fue uno de los mecanismos que tanto la oposición como la comunidad internacional probaron para buscar una apertura democrática dentro del chavismo. Sin embargo, de todos los procesos que han iniciado desde el año 2001, con diferentes mediadores e interlocutores, la mayoría han terminado hasta el momento con el mismo resultado: la suspensión arbitraria de una de sus partes, agravando aún más la crisis política del país.
A continuación, El Diario presenta un repaso por los principales procesos de diálogo y negociación que el gobierno y la oposición han tenido en los últimos 25 años.
Los primeros conflictos
El gobierno de Hugo Chávez (1998-2013) estuvo marcado desde su inicio por roces con el sector empresarial. Diferentes gremios como Fedecámaras ya se habían distanciado de la llamada “revolución bolivariana” desde 1999, cuando la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista no los tomó en cuenta para la redacción de la nueva Constitución y decidieron hacer campaña por el “No”.
En julio de 2001, Pedro Carmona Estanga asumió la presidencia de Fedecámaras, en medio de un clima de tensión por el discurso cada vez más encendido del gobierno contra “la oligarquía”. Chávez y Carmona coincidieron en una fiesta en la Academia Militar y acordaron crear una mesa de diálogo, la cual se instaló el 22 de agosto en el Palacio de Miraflores. Semanalmente, representantes del empresariado se reunieron allí para presentar sus propuestas en temas como crecimiento económico, reducción del desempleo e inversión privada. El mandatario solo estuvo presente en la primera sesión, delegando luego la asistencia al entonces ministro de Planificación, Jorge Giordani.
El 21 de noviembre, Chávez empleó las facultades especiales conferidas por la Ley Habilitante para aprobar 49 decretos entre los que se incluyó la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, que permitía la expropiación de tierras consideradas latifundios. Fedecámaras suspendió entonces su mesa de diálogo y convocó a un paro nacional el 10 de diciembre, apoyado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
El ministro de Interior, Luis Miquilena, trató de mediar en la situación, pero ni Chávez ni Carmona aceptaron un nuevo diálogo. Pese a las amenazas del presidente, el paro se cumplió con un 90 % de paralización, y fue seguido por una serie de protestas masivas aupadas por la oposición.
Todo esto desembocó el 11 de abril de 2002 con una jornada de violencia que acabó en un golpe de Estado. Actuando contra la Constitución, Carmona tomó el poder por 47 horas, hasta que fuerzas leales a Chávez recuperaron el control del país y lo restituyeron en el cargo el 13 de abril. Sin embargo, la relación entre el líder socialista y el sector privado no volvió a ser la misma.
La OEA y el Centro Carter
Tras los sucesos del 11 de abril, la Organización de Estados Americanos (OEA) intervino para calmar el conflicto entre el gobierno y la oposición. El expresidente colombiano César Gaviria, entonces secretario general del organismo, inició una serie de reuniones con ambos bandos que se interrumpió abruptamente en octubre, cuando Chávez abandonó el proceso declarando que “no se puede negociar con golpistas”.
Se reanudaron las protestas masivas, y más de 120 militares activos y retirados se manifestaron contra el gobierno en la plaza Francia de Altamira, al este de Caracas. Los enfrentamientos entre chavistas y opositores en las calles llevaron a Gaviria a instalar una mesa de diálogo el 8 de noviembre en el hotel Meliá Caracas con el apoyo del Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Por la Coordinadora Democrática, principal coalición opositora, participaron Rafael Alfonzo Ravand, Américo Martín, Timoteo Zambrano, Eduardo Lapi, Alejandro Armas y Manuel Cova. Por su parte, el gobierno envió una delegación encabezada por el vicepresidente José Vicente Rangel, el canciller Roy Chaderton, Aristóbulo Istúriz, María Cristina Iglesias, Ronald Blanco La Cruz y el entonces diputado Nicolás Maduro.
Las conversaciones no prosperaron y en diciembre Gaviria se retiró alegando falta de cooperación de ambas partes. La oposición, junto a Fedecámaras, la CTV, Súmate y sectores rebeldes de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) iniciaron el 10 de diciembre una nueva huelga general, con un paro petrolero que se prolongó hasta febrero de 2003. Posteriormente, en mayo, la OEA y el Centro Carter mediaron en la firma de un acuerdo político entre Chávez y la oposición que calmó la situación y trazó una ruta para el desarrollo del referéndum revocatorio de 2004.
Nuevo gobierno, mismos problemas
Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el poder como su sucesor, y con ello heredó también una crisis política potenciada por los altos índices de inseguridad, corrupción generalizada y una economía que ya asomaba síntomas de escasez e inflación. Así, el 23 de enero de 2014, los líderes opositores Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma anunciaron una jornada de protestas conocida como “La Salida”.
La idea era presionar en las calles para buscar la renuncia de Maduro, contando con el apoyo del movimiento estudiantil y partidos como Voluntad Popular (VP), Alianza Bravo Pueblo (ABP), Vente Venezuela, La Causa R, Bandera Roja y Proyecto Venezuela. Sin embargo, tras los disturbios y muertes ocurridas durante una marcha estudiantil el 12 de febrero de 2014, el gobierno ordenó la detención de López, quien se entregó el 18 de febrero.
El encarcelamiento de López, así como la persecución contra alcaldes y dirigentes opositores llevó a una ola de protestas que escalaron en enfrentamientos violentos, con un saldo de 43 muertos, miles de heridos y más de 3 mil detenidos. Bajo este contexto, el 10 de abril de 2014, Maduro realizó la Conferencia Nacional por la Paz en el Palacio de Miraflores, a la que asistieron representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Cultura del encuentro
El encuentro en Miraflores fue auspiciado por un grupo de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) encabezado por Colombia, Brasil y Ecuador. La delegación opositora contó con 11 miembros, liderados por el entonces gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo. Entre sus integrantes destacaron Henry Ramos Allup, Julio Borges, Andrés Velásquez, Roberto Enríquez, Omar Barboza y Simón Calzadilla, entre otros.
Por el gobierno estuvieron 11 participantes más, entre ellos Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Cilia Flores, Didalco Bolívar, Blanca Eekhout, Jorge Arreaza, Elías Jaua, José Pinto y el propio Nicolás Maduro.
El acto fue televisado y se pudo ver, por primera y única vez, a ambos grupos debatir cara a cara. Los opositores aprovecharon de denunciar los principales problemas del país directamente ante los gobernantes, quienes dieron sus justificaciones y puntos de vista al respecto. Igualmente, el Nuncio Apostólico, Aldo Giordano, leyó una carta escrita por el papa Francisco pidiéndoles respetarse mutuamente para resolver sus diferencias.
“Esto les aúna y les apremia a emprender el diálogo que hoy inicia, en cuya base debe estar una auténtica cultura del encuentro, que sea consciente de que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto”, decía el mensaje.
A pesar del intercambio de ideas, la reunión acabó sin un consenso entre sus participantes, quienes no se volvieron a reunir. Mientras tanto, las protestas en la calle siguieron, con más muertes y detenciones, hasta apaciguarse lentamente. Si bien continuaron en 2015, la MUD prefirió redirigir sus esfuerzos a prepararse para las elecciones parlamentarias de ese año, las cuales arrasó con 56,21 % de los votos, convirtiéndose en la nueva mayoría en la Asamblea Nacional (AN).
Intercesión internacional
En abril de 2016, la oposición emprendió un proyecto de referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Sin embargo, desde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se impusieron múltiples trabas burocráticas para entorpecer el proceso, y en respuesta la oposición llamó a una serie de marchas para exigir un cronograma claro y apegado a la ley.
En Unasur, los expresidentes Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana) ofrecieron a la MUD iniciar las gestiones para un diálogo que permitiera desbloquear el referéndum, y la Unión Europea sumó al español José Luis Rodríguez Zapatero como su enviado especial. Los tres sostuvieron en mayo una reunión en Santo Domingo con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Luis Florido, quien a su vez buscó el apoyo de la ONU y el Vaticano.
La OEA también acordó la conformación de un “grupo de amigos” tras un intento fallido de aplicar la Carta Democrática Interamericana. Mientras tanto, la oposición continuó con marchas como la “Toma de Caracas”, del 1° de septiembre de 2016, que reunió a alrededor de un millón de personas de acuerdo con estimaciones de la MUD.
En octubre, el CNE desestimó oficialmente la solicitud del referéndum, luego de que tribunales regionales anularan las firmas recolectadas en varios estados del país. La oposición anunció entonces para el 26 de octubre una megamarcha llamada “La Toma de Venezuela”, aumentando las tensiones en el país. El enviado del papa, Claudio María Celli, logró convencer al gobierno de dialogar, aunque generó reacciones divididas en la oposición. Dirigentes como María Corina Machado, Capriles y Luis Florido cuestionaron los términos propuestos por el gobierno y prefirieron seguir presionando al CNE.
En cambio, el entonces coordinador de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, aceptó y el 31 de octubre se reunió con Maduro en el Museo Alejandro Otero de Caracas. Con un apretón de manos, instalaron una mesa de diálogo con la mediación del secretario general de Unasur, Ernesto Samper, así como de Zapatero, Torrijos y Fernández. Por el lado de la oposición se sumaron los partidos Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero Justicia (PJ), aunque una decena de otros partidos como VP y Vente Venezuela se negaron a participar.
Como gesto de buena voluntad, Torrealba anunció la cancelación de una marcha convocada para el 3 de noviembre hacia el Palacio de Miraflores. La AN, entonces presidida por Ramos Allup, suspendió también el juicio político que había iniciado contra Nicolás Maduro. Todo quedó en vano, pues el 10 de noviembre el oficialismo abandonó unilateralmente las mesas de trabajo creadas, luego de que un tribunal de Nueva York declaró culpables por narcotráfico a Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro.
Desacuerdo en Santo Domingo
En el año 2017 explotó una nueva ola de protestas en el país, muchas de ellas espontáneas y que derivaron en un estallido social con 163 muertos y más de 1.300 detenidos. El gobierno activó el Plan Zamora, que de acuerdo a organizaciones como Amnistía Internacional y Foro Penal, incrementó la represión y persecución política. También convocó a elecciones para instalar una asamblea nacional constituyente (ANC) en un proceso rechazado por la oposición. Lejos de concebir una nueva constitución, la ANC actuó como un supraórgano por encima de los Poderes Públicos.
Aunque la intensidad de las protestas mermó a partir de agosto, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la primera administración de Trump llevaron a ambas fuerzas políticas a buscar una negociación. A mediados de septiembre iniciaron las reuniones exploratorias, promovidas por el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, con Rodríguez Zapatero como jefe mediador. Luego, el 1° de diciembre, las delegaciones viajaron a Santo Domingo para el primer encuentro formal.
La delegación opositora estuvo encabezada por Julio Borges, acompañado por Stalin González, el exrector del CNE Vicente Díaz, Luis Florido y Simón Calzadilla. Por el oficialismo estuvieron Héctor Rodríguez, Elías Jaua, Delcy Rodríguez, Roy Chaderton, y Jorge Rodríguez como jefe de la delegación.
Entre las exigencias de la oposición estuvo la restitución de las facultades de la AN, la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario para atender la crisis alimentaria y de salud que sufría el país. También pidieron garantías para las elecciones presidenciales de 2018, con un nuevo CNE que tuviera al menos dos rectores aprobados por la MUD. Desde el gobierno se pidió también el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, el reconocimiento de la ANC como autoridad y el control sobre el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria.
El 18 de enero la MUD anunció que no participaría en la siguiente ronda debido al clima de tensión tras la “ejecución extrajudicial” del inspector Óscar Pérez y su equipo durante la Operación Gedeón. Más tarde, a finales de ese mes, el CNE inhabilitó a la tarjeta de la MUD para participar en los comicios presidenciales por orden del TSJ, lo que dejó sin opciones a la oposición, pues el resto de partidos políticos también había sido vetado por ese organismo.
Esto sepultó cualquier avance en la mesa de diálogo, y tras seis sesiones, el 7 de febrero el presidente Medina informó que el proceso entró en un “receso indefinido”. Admitió que ninguna de las partes logró llegar a un acuerdo y la delegación oficialista se retiró sin aceptar las nuevas propuestas de la oposición. Con otra negociación frustrada, la MUD decidió abstenerse en las elecciones, en las que Maduro resultó reelecto tras vencer a Henri Falcón en una votación con 46 % de participación, de acuerdo con el CNE.
Por su parte, Borges acusó a Rodríguez Zapatero de beneficiar al gobierno durante las negociaciones y de presionar a la oposición para aceptar un acuerdo desfavorecedor sobre la fecha de las elecciones, el cual se negaron a firmar. “Yo creo que ya el tiempo de Zapatero pasó. Se quemó como mediador”, señaló en su momento.
Crisis presidencial
La Asamblea Nacional no reconoció los resultados de las elecciones como legítimas y declaró a Nicolás Maduro en usurpación del cargo tras su toma de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Basados en el artículo 233 de la Constitución sobre las faltas absolutas del presidente, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se juramentó el 23 de enero de 2019, formando un gobierno interino en paralelo al ejercido por Maduro.
En los días posteriores a la juramentación de Guaidó, el papa Francisco y el secretario general de la ONU, António Guterres, hicieron llamados al diálogo para evitar una nueva crisis política. El 7 de febrero, los gobiernos de México y Uruguay celebraron una conferencia en Montevideo, donde crearon el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela (GCI), con la participación de otros 11 países y de la representante de la Unión Europea, Federica Mogherini.
Guaidó rechazó las ofertas del GCI y el Vaticano de acudir a un nuevo diálogo, aludiendo al fracaso de los procesos anteriores y a su agenda de “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. No obstante, tras fallar en un intento de alzamiento cívico-militar el 30 de abril, los gobiernos de Maduro y Guaidó enviaron emisarios a Noruega para tantear la posibilidad de una negociación.
Maduro confirmó el 27 de mayo el inicio del nuevo diálogo, con una delegación encabezada por Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, mientras que el gobierno interino envió a Stalin González, con Gerardo Blyde y Fernando Martínez Mottola como asesores. Sostuvieron algunas reuniones exploratorias con acompañamiento del GCI, aunque se paralizaron brevemente tras el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo el 29 de junio, mientras bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Las conversaciones se retomaron el 9 de julio, aún con la mediación de Noruega, pero ahora en la isla caribeña de Barbados como lugar de encuentro. El 20 de julio, Maduro denunció “chantajes” por parte de la Unión Europea, luego de que Mogherini abogó por una repetición de los comicios presidenciales. Igualmente, el 7 de agosto, la delegación chavista anunció su retiro de la mesa en protesta por las sanciones económicas emitidas por Estados Unidos.
“El régimen dictatorial de Nicolás Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces. Tras más de 40 días en los que se han negado a continuar en el mismo, confirmamos que el mecanismo de Barbados se agotó”, sentenció Guaidó en un comunicado el 15 de septiembre.
La Mesita
Un día después del mensaje de Guaidó, el 16 de septiembre de 2019, Nicolás Maduro anunció la creación de la Mesa de Diálogo Nacional, formada con partidos minoritarios de oposición que llevaban tiempo desvinculados de la MUD. El acuerdo se firmó en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, y contó con la presencia de Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Luis Augusto Romero, Henri Falcón y Felipe Mujica, incorporando más adelante al pastor cristiano y excandidato presidencial Javier Bertucci.
Para demostrar su entendimiento con ese sector opositor, en los días siguientes se ejecutaron varias liberaciones de presos políticos, entre ellas la del segundo vicepresidente de la AN, Édgar Zambrano. Por su parte, los integrantes de la mesa manifestaron su rechazo al gobierno interino de Guaidó, lo que les valió críticas desde la oposición mayoritaria, que les puso el apodo de “la mesita”.
La Mesa de Diálogo sirvió para estrechar los vínculos de sus miembros con el gobierno, en pro de lo que, consideraban, era una conciliación para lograr acuerdos políticos. A principios de junio de 2020, este grupo introdujo un recurso ante el TSJ para declarar a la AN en omisión legislativa por los retrasos en la selección de los nuevos rectores del CNE. El ente declaró con lugar la solicitud y asumió las competencias del Parlamento, nombrando una directiva presidida por la magistrada Indira Alfonzo.
Actualmente los partidos de la “mesita” forman parte de la denominada Alianza Democrática, junto a las directivas ad hoc de los partidos intervenidos por el TSJ, y dirigentes expulsados de la MUD, a los que denominan “alacranes”. En un reportaje del portal TalCual, expertos como Guillermo Aveledo Coll y Nancy Requena consideraron que este grupo no representa realmente una oposición efectiva contra el gobierno debido a su falta de críticas o acciones contundentes, pues incluso se han plegado muchas veces al discurso oficial.
El invitado sorpresa de la fiesta
El 11 de mayo de 2021, Guaidó presentó una hoja de ruta a la que llamó “Acuerdo de Salvación Nacional”, y que proponía un nuevo proceso de negociación de cara a las elecciones regionales de ese año. Días después, el dirigente político Freddy Guevara confirmó que se reunió con el diputado oficialista Francisco Torrealba para abrir un canal de comunicación sin mucho éxito.
Ahora con el demócrata Joe Biden en la Casa Blanca, el enfoque de la oposición fue ofrecer el levantamiento de las sanciones a cambio de que Maduro aceptara negociar. El 13 de agosto, los representantes de ambas delegaciones, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde, firmaron en Ciudad de México un memorándum de entendimiento con los siete puntos a debatir en la mesa. Noruega nuevamente fungió como mediador, mientras que Rusia y Países Bajos actuaron como asesores del gobierno y la oposición respectivamente.
En la segunda ronda de conversaciones, Jorge Rodríguez exigió separar al entonces embajador del gobierno interino Carlos Vecchio de la delegación opositora, teniendo que ser sustituido por Guevara. Para la tercera sesión, Rodríguez anunció la incorporación a su equipo del empresario colombiano Alex Saab, en ese momento detenido en la República de Cabo Verde por corrupción y lavado de dinero. Ante la negativa de la oposición, el diálogo entró en un punto muerto, aunque el oficialismo finalmente accedió a participar tras retrasar varias veces la reunión.
No obstante, el 16 de octubre anunció el retiro definitivo de su delegación, un día antes de la cuarta ronda. Esto en protesta a la extradición de Saab a Estados Unidos para su juicio. El proceso de México quedaba suspendido apenas con un par de acuerdos parciales que no se concretaron.
El regreso a México
El 17 de mayo de 2022, Jorge Rodríguez y Gerardo Blyde compartieron en redes sociales una foto estrechando manos en un jardín. Se habían reunido en privado para trabajar en la reactivación del diálogo, horas después de que la administración Biden aprobara una flexibilización de las sanciones al gobierno venezolano.
No fue hasta el 11 de noviembre que ambos se reunirían nuevamente en París, en un encuentro promovido por los presidentes Emmanuel Macron (Francia), Gustavo Petro (Colombia) y Alberto Fernández (Argentina). Allí se acordó reanudar formalmente el proceso de negociación en México el 26 de noviembre.
En esa primera ronda se resolvió liberar un fondo de 3 millardos de dólares que estaban congelados por el sistema financiero internacional para usarse en ayuda humanitaria bajo supervisión de la ONU. También se aprobó que Estados Unidos autorizara a la corporación Chevron a explotar crudo en Venezuela, con las condiciones de invertir en la recuperación de la deteriorada infraestructura petrolera del país, y de no pagarle regalías a PDVSA.
La delegación opositora insistió en los puntos de su agenda, como la liberación de presos políticos y un compromiso del gobierno de garantizar elecciones libres y transparentes para las presidenciales de 2024. Maduro respondió a estos puntos con nuevas amenazas de abandonar la negociación, a la vez que reactivó el 3 de diciembre la mesa de diálogo con la Alianza Democrática.
Esto no afectó el desarrollo de las conversaciones, aunque tampoco se consiguieron mayores acuerdos en los meses siguientes. El peso del diálogo se fue diluyendo entre sesiones estériles en las que el gobierno sumaba exigencias como suspender las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, aunque sin llegar nunca a acuerdos concretos.
De Catar a Barbados
Sin el gobierno interino de Guaidó, que se disolvió en enero de 2023, la oposición emprendió un proceso interno de reestructuración y preparación para sus elecciones primarias. Mientras tanto, la administración Biden realizó sus propias conversaciones con Maduro a través del director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González.
De acuerdo con Maduro, entre 2022 y 2023 sus representantes sostuvieron reuniones con altos funcionarios estadounidenses en Catar, donde firmaron en septiembre un memorando secreto. Por un lado, el gobierno venezolano se comprometía a permitir unas elecciones competitivas en las que la oposición pudiera participar, así como la liberación de presos políticos, entre ellos varios ciudadanos estadounidenses. Por el otro, Estados Unidos ofrecía levantar parcialmente las sanciones durante la campaña electoral, con la promesa de revocar definitivamente todas las designaciones y órdenes ejecutivas contra Venezuela una vez el candidato electo asumiera la presidencia en 2025.
Con ese pacto sellado bajo la mesa, el gobierno de Maduro reanudó el congelado proceso de negociación que tenía con la oposición y el 17 de octubre de 2023 firmaron en Barbados un acuerdo de garantías políticas. Entre sus principales puntos estaba el respeto a la decisión de cada coalición de escoger libremente su candidato, observación y verificación internacional de los comicios y fecha de la votación para el segundo semestre de 2024.
Efectivamente, apenas un día después de firmado el Acuerdo de Barbados, el Departamento del Tesoro emitió la licencia general 43, que aliviaba las sanciones sobre sectores como el petróleo, oro y gas natural. Sin embargo, la armonía no duró mucho. El 22 de octubre María Corina Machado arrasó con 92,35 % de los votos, convirtiéndose en la candidata de la Plataforma Unitaria para las presidenciales a pesar de haber sido inhabilitada meses atrás por la Contraloría General.
Esto marcó un giro radical en el tono del gobierno, que de inmediato desconoció los resultados y trató de abrir investigaciones penales contra la Comisión Nacional de Primaria, violando el primer punto del Acuerdo de Barbados. Lejos de permitir la participación de Machado, se ratificó su inhabilitación, activando alarmas en Estados Unidos y la Unión Europea.
Discordia electoral
Al ver el incumplimiento reiterado del Acuerdo de Barbados por parte de Maduro, en enero de 2024 la administración Biden comenzó a revertir las licencias que se habían dado en diferentes sectores, para finalmente restituir por completo las sanciones en abril. Esto coincidió con una escalada represiva del gobierno contra la oposición, en la que el CNE presidido por Elvis Amoroso bloqueó las candidaturas de Machado y de Corina Yoris, aunque de último minuto permitió la inscripción de Edmundo González como abanderado de la Plataforma Unitaria.
Por su parte, ante las demandas de la delegación de Gerardo Blyde, el 2 de marzo Jorge Rodríguez informó que el pacto de Barbados ahora sería reemplazado por el “Acuerdo de Caracas”, firmado en el Palacio Federal Legislativo con la Alianza Democrática y otros partidos prosistema, así como organizaciones gremiales que anteriormente habían sido férreas enemigas del gobierno, pero con las que ahora mantenía relaciones amenas, como Fedecámaras.
El 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales, cuyos resultados quedaron en entredicho luego de que el CNE anunciara un “hackeo” de sus sistemas que afectó su página web y el proceso de totalización. Aun así, Amoroso declaró a Maduro como ganador, mientras que Machado y la Plataforma Unitaria desconocieron el boletín y aseguraron que la victoria había sido de Edmundo González, basados en todas las actas electorales recogidas por sus testigos en la mayoría de los centros de votación del país.
Mientras Venezuela se sumergía en una nueva jornada de violencia y disturbios por los resultados electorales, diferentes países se adelantaron a reconocer a Edmundo González como presidente. El 1° de agosto, Maduro publicó en redes sociales imágenes del Acuerdo de Catar, que hasta ese momento había sido confidencial, reclamando a Estados Unidos su cumplimiento. Washington nunca se pronunció al respecto del documento filtrado, pero sí reconoció eventualmente a González como presidente electo tras analizar las actas recopiladas por la oposición.
Mientras tanto, los presidentes Petro y Lula da Silva expresaron su preocupación por la situación en Venezuela, ofreciendo su intermediación para buscar una resolución pacífica del conflicto. Sostuvieron varias llamadas para definir su estrategia, coincidiendo en la urgencia de que el CNE publicara las actas electorales, cosa que no ha pasado. Trataron de contactar por vía telefónica a Maduro, pero tampoco fue posible, por lo que en septiembre ambos mandatarios simplemente dejaron de reunirse para buscar un diálogo.
Por las buenas o por las malas
Todos los acontecimientos conducen a la actualidad, en la que los llamados a diálogo están nuevamente sobre la mesa. Algunos dirigentes que participaron en procesos anteriores, como Henrique Capriles y Stalin González han apostado por ello, rechazando tajantemente la idea de una posible intervención militar estadounidense en Venezuela.
Pero actualmente el liderazgo opositor recae en María Corina Machado, quien en múltiples ocasiones ha manifestado que no está dispuesta a participar en diálogos que no lleven a nada. Ya desde 2016 la líder de Vente Venezuela fue una feroz crítica de los procesos en los que participó la oposición, así como de la actuación de antiguos mediadores como Rodríguez Zapatero. “Dejó muy claro los intereses que defiende y son claramente los de Maduro y el régimen”, dijo sobre el exmandatario español en una entrevista en 2016 a El Nacional.
Desde el 28 de julio de 2024, Machado ha dejado claro que la única negociación que tendrá con Maduro será bajo la condición de una transición política para la toma de posesión de Edmundo González. En medio de las tensiones por el operativo antinarcóticos en el Caribe, si bien no ha apoyado públicamente la idea de una intervención, Machado sí ha asegurado que el cambio político en Venezuela ocurrirá pronto, haya o no una conversación previa con Maduro.
“Esto hay que pararlo ya y Maduro debe entender que está en sus últimas horas y tiene que tomar una decisión: acepta los términos de la negociación que le hemos ofrecido o saldrá por vías peores”, declaró en una entrevista al diario peruano La República el 11 de septiembre.
