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- El país enfrenta una crisis política luego de que el CNE proclamara como ganador a Nicolás Maduro sin publicar las actas de votación, las cuales de acuerdo a la oposición, favorecen a Edmundo González. Esto ha desatado una ola de protestas y represión que mantiene en alerta a la comunidad internacional
Venezuela está en un punto de inflexión en su historia reciente. Las elecciones presidenciales del 28 de julio plantean dudas sobre los datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que anunció los resultados en los que dio como ganador a Nicolás Maduro, en medio de un proceso que ha sido cuestionado por la oposición y la comunidad internacional.
El comando liderado por María Corina Machado asegura que su candidato, Edmundo González, fue el verdadero ganador de los comicios con más del 67 % de los votos. Esto basados en las copias de las actas electorales recogidas por los testigos de la oposición en cada centro de votación, cuando hasta la fecha el CNE ha evitado hacer pública esta información aludiendo a un presunto ciberataque.
En todo caso, la oposición busca defender su victoria señalando un fraude electoral perpetrado por el oficialismo, el cual controla instituciones como el CNE o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Por su parte, el gobierno de Maduro ha denunciado la ejecución de un golpe de Estado y de presuntos planes terroristas planificados por la oposición, amenazando con cárcel a sus dirigentes y simpatizantes.
La comunidad internacional ha seguido de cerca los acontecimientos, con países como Estados Unidos, Colombia y Brasil abogando por la publicación de las actas para dirimir al ganador de las elecciones. Mientras tanto, en varios lugares de Venezuela la ciudadanía salió a la calle a protestar por los resultados. Los cuerpos de seguridad reprimieron estas manifestaciones, con un saldo hasta el momento de 11 muertos y más de 1.000 detenidos.
Ante la complejidad e incertidumbre que reina en el panorama político venezolano, El Diario te explica todo el contexto detrás de las elecciones:
Convocatoria
El 5 de marzo de 2024, justo cuando se cumplían 11 años de la muerte de Hugo Chávez, el CNE se pronunció tras varias semanas de silencio para anunciar su cronograma electoral. Se eligió el 28 de julio como fecha de los comicios. Coincidía con el natalicio del exmandatario y había sido propuesta por el Polo Patriótico y sus aliados.
Posteriormente se organizó una jornada especial del Registro Electoral para la actualización de datos e inscripción de nuevos votantes entre el 18 de marzo y el 16 de abril. El operativo contó con 315 puntos fijos en el país. Organizaciones como Súmate y el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) resaltaron la falta absoluta de una campaña institucional del CNE para promover la inscripción en el RE o informar sobre la ubicación de los puntos y el procedimiento.
Otros reportes denunciaron la presencia de consejos comunales haciendo tareas del CNE en los puntos de inscripción o llevando registros paralelos de votantes. Igualmente, se reportaron múltiples incidencias como fallas eléctricas y de Internet que ralentizaba el proceso, así como lentitud por parte de los funcionarios.
Finalmente, el 17 de abril, Amoroso informó que 604.964 nuevos votantes se habían inscrito en el RE y 847.999 habían cambiado de centro de votación. Esto a pesar de que organizaciones como Voto Joven calculaban en más de 3,5 millones la cantidad de venezolanos que no estaban inscritos en el RE.
Voto exterior
Durante esa misma jornada especial, los venezolanos residenciados en el exterior también podían inscribirse o actualizar sus datos en el RE. De acuerdo con Súmate, de los casi 8 millones de venezolanos en la diáspora, alrededor de 4,5 millones estaban habilitados para votar, incluso inscritos en su país.
Sin embargo, la jornada en el exterior estuvo marcada por múltiples irregularidades. Varios consulados, como los de Argentina y España, abrieron con días de retraso y limitaron el horario de atención, e incluso la cantidad de personas diarias para realizar el proceso. En otros casos, se exigieron documentos de residencia que no se ajustaban a la realidad de los migrantes como en Colombia, donde no se reconoció como válido el permiso de protección temporal (PPT).
Al final, de acuerdo con el CNE, 508 nuevos electores pudieron inscribirse en el extranjero y 6.020 actualizar su residencia. En total, para el corte definitivo del RE en abril, solo 69.211 votantes en el extranjero. Esto no impidió que muchos venezolanos regresaran a su país en los días previos al 28 de julio con la intención de votar.
Inhabilitaciones y bloqueos
Mientras era candidata en las primarias, María Corina Machado fue inhabilitada el 30 de junio de 2023 por la Contraloría General, para entonces a cargo de Elvis Amoroso, actual presidente del CNE. Producto del Acuerdo de Barbados, la líder opositora intentó apelar la decisión en el TSJ en diciembre, pero su solicitud fue denegada. Esto supuso un dilema sobre cuál sería la candidatura de la oposición para las elecciones.
El 21 de marzo inició el proceso de inscripción de postulaciones, sin que Machado pudiera participar en los comicios. Fue entonces cuando se acordó por unanimidad de la Plataforma Unitaria y Vente Venezuela, postular a la académica Corina Yoris, quien no tenía ningún tipo de inhabilitación ni antecedentes en la Administración pública. Aun así, la Plataforma denunció el 23 de marzo que el sistema del CNE seguía bloqueando su inscripción, sin ninguna justificación aparente.
La Plataforma envió varios comunicados al CNE, e incluso una solicitud de prórroga que no fueron respondidos. El proceso cerró el 25 de marzo sin que pudiera inscribirse aún ni a Yoris ni a otros nombres alternativos, pues el sistema seguía bloqueado. Esto llevó a los partidos opositores a postular candidatos por su cuenta, con Un Nuevo Tiempo (UNT), Movimiento por Venezuela (MPV) y Fuerza Vecinal inscribiendo al gobernador de Zulia, Manuel Rosales; mientras el partido Centrados fue habilitado para postular a Enrique Márquez.
El plazo venció sin que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), principal tarjeta de la oposición, pudiera inscribirse. Sin embargo, el 26 de marzo se logró por vía administrativa inscribir a Edmundo González como “candidato tapa”. Esto mientras se resolvía el bloqueo de las principales opciones opositoras, el cual denunciaron que se ordenó directamente al CNE por el gobierno.
Unidad y trabas
Después de varias reuniones y negociaciones internas, la Plataforma Unitaria acordó por unanimidad el 19 de abril que Edmundo González se mantendría como el principal candidato opositor. Esto ante el riesgo de inhabilitación o bloqueo si se intentaba cambiar su postulación por la de otro candidato.
El proceso de sustitución de candidaturas que se verían reflejadas en el tarjetón electoral terminaba el 20 de abril. En ese momento, los partidos UNT y MPV denunciaron un nuevo bloqueo en la plataforma web del CNE que les impedía formalizar el cambio. Tampoco los recibieron en la sede del organismo, pese a que otros candidatos acudieron a hacer el mismo procedimiento mientras los representantes opositores esperaban en la puerta.
Una vez culminó el lapso, el CNE otorgó una prórroga de tres días, donde nuevamente a horas del cierre, el 23 de abril, UNT y MPV pudieron adherirse a la candidatura de González. Por su parte, Fuerza Vecinal decidió apoyar a Antonio Ecarri, mientras Centrados mantuvo la candidatura de Márquez, aunque con conversaciones estrechas con la Plataforma Unitaria.
Partidos intervenidos
Varios partidos opositores, e incluso oficialistas críticos al gobierno, han sido intervenidos judicialmente mediante sentencias del TSJ. Entre los primeros casos, entre 2011 y 2012, se encuentran Copei, Bandera Roja, Patria para Todos (PPT) y Podemos, así como MIN-Unidad, Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y Movimiento Ecológico, entre 2013 y 2018.
Sin embargo, la gran ola vino en 2020, cuando la Sala Constitucional del TSJ intervino los principales partidos opositores como Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP), así como los oficialistas Tupamaro y PPT (por segunda vez). En agosto de 2023, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) también fue intervenido, y en abril de 2024, una sentencia congelada le dio el control de Primero Justicia (PJ) al candidato prosistema José Brito, incorporando su tarjeta de forma extemporánea al tarjetón electoral.
La idea de estas intervenciones era, en el caso de los partidos oficialistas disidentes, mantenerlo forzosamente dentro del Gran Polo Patriótico, controlado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Y en el caso de los opositores, sus tarjetas y símbolos se entregaron a dirigentes alineados con el poder. Así, para las elecciones presidenciales, de los 37 partidos que aparecían en el tarjetón, 13 estaban judicializados y apoyando a candidatos no reconocidos por sus autoridades legítimas.
Observación internacional
Otro factor que generó inquietud durante las elecciones fue la ausencia de observadores internacionales independientes. El 28 de mayo el CNE le revocó la invitación a la misión de la Unión Europea luego de que el bloque regional ratificara un paquete de sanciones económicas contra altos funcionarios del chavismo, y en el que curiosamente se exoneraba al propio Elvis Amoroso.
En los días previos a las elecciones, las tensiones y falta de garantías llevó a los gobiernos de Colombia y Brasil a retirar sus respectivas delegaciones, aunque en el caso de Brasil se terminó enviado al experto electoral Celso Amorim. A otros observadores invitados como el expresidente argentino Alberto Fernández también se les revocó la invitación por expresar públicamente su preocupación por la situación del país.
Varias personalidades políticas internacionales intentaron ingresar a Venezuela el 26 de julio para fungir como observadores internacionales, pero fueron rechazados por el gobierno. Entre ellos, una delegación de Chile encabezada por el senador Felipe Kast, otra de España por congresistas del Partido Popular (PP) y varios parlamentarios colombianos quienes fueron deportados al llegar al aeropuerto.
Una comisión de expresidentes del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) debió bajarse de un vuelo en Panamá al no tener permiso de ingresar a Venezuela. En cambio el gobierno y el CNE permitieron la observación de países aliados como Turquía, Rusia y la Unión Africana, así como de instancias más reconocidas como el Centro Carter.
Campaña y persecusión
Desde el mismo día en que se convocaron las elecciones, tanto el oficialismo como la oposición salieron a hacer proselitismo por todo el país. A pesar de estar inhabilitada, Machado asumió el rol de líder de la oposición con una gira en automóvil por diferentes estados del país. En la mayoría de los casos era seguida por dirigentes chavistas como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, quienes hacían mítines en los mismos lugares.
En este periodo se experimentó un recrudecimiento de la represión y persecución contra los ciudadanos que ayudaban a Machado en sus giras o prestaban servicios a su comando. Ejemplo de esto fueron hoteles cerrados por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y locales como el puesto de empanadas de Corozopando, Guárico, que tuvo un alcance mediático internacional. También por las detenciones de activistas, conductores o contratistas de equipos de sonido. Incluso de personas que hablaban en los actos de Machado.
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El 4 de julio inició la campaña oficialmente con un par de marchas en Caracas del oficialismo y la oposición que, pese a encontrarse en algunos puntos de la ciudad, terminaron sin incidentes. No obstante, la persecución política se intensificó en los días posteriores, con más de 90 personas detenidas. Principalmente jefes de comando locales y empresarios como Ricardo Albacete, detenido por dar alojamiento a Machado en Táchira y cuyo galpón fue allanado en un intento de vincularlo a un presunto sabotaje eléctrico.
En los últimos días de la campaña se registraron también dos hechos que comprometieron la seguridad de Machado y de Edmundo González. El primero ocurrió en un restaurante en Aragua, el 13 de julio, donde un grupo de funcionarios públicos oficialistas los atacó mientras almorzaban. El 18 de julio, en Lara, sujetos desconocidos vandalizaron el vehículo de Machado, llenando de pintura sus parabrisas y cortando los frenos.
Día de las elecciones
Durante toda la campaña, Machado basó su estrategia de defensa del voto en la Red 600 K, una plataforma en la que se formaron más de 90 mil testigos electorales, así como de los comanditos creados desde la participación ciudadana, y que se encargarían de apoyarlos en tareas logísticas. Ambas estructuras resultaron clave el 28 de julio, cuando llegó el día de la votación.
Ese día se registraron múltiples irregularidades desde temprano, como intentos por impedir la entrada de los miembros de mesa y testigos electorales a los centros de votación, puntos rojos y amedrentamiento de votantes. Las tensiones aumentaron después del cierre de las mesas, cuando se reportaron varios casos de testigos a los que se les negó el acceso a la copia de las actas de votación.
Previamente Machado había llamado a la ciudadanía a participar en la auditoría ciudadana del escrutinio, lo que sirvió como presión para conseguir las actas, aunque igual se presentaron casos de golpizas y secuestros a los testigos por funcionarios y grupos paramilitares afines al oficialismo. En la noche, colectivos atacaron el centro ubicado en la escuela John F. Kennedy, en el municipio Guasimos del estado Táchira. Allí murió Julio Valerio García, de 40 años de edad, producto del impacto de un mortero en el rostro. Otra persona también resultó herida de bala.
Mientras tanto, en el Comando con Venezuela, la testigo principal de la Plataforma Unitaria, Delsa Solórzano, denunció que no se le permitió entrar al CNE para consignar las denuncias de irregularidades ni supervisar la totalización de los votos. Horas después, alertó que el organismo había paralizado la transmisión de las actas cuando apenas se había totalizado el 30 % de los votos.
Resultados cuestionados
Pese a las denuncias hechas por Solórzano y otros voceros del comando como Perkins Rocha, el CNE no atendió ninguna de sus comunicaciones. A la medianoche, Amoroso apareció ante las cámaras para dar el primer boletín con los resultados, teniendo el 80 % de las actas escrutadas.
Allí anunció con una participación del 59 %, Nicolás Maduro había ganado con el 51,2 % (5,1 millones de votos), mientras González presuntamente había obtenido 44,2 % (4,4 millones). Del resto de candidatos no hubo mayores datos, salvo que juntos apenas sumaron 4,6 % (462 mil votos).
Amoroso se refirió a la paralización de la transmisión alegando un presunto ciberataque que retrasó el conteo. Más adelante el fiscal general Tarek William Saab aseguró que se había originado en Macedonia del Norte, aunque el gobierno de este país lo desmintió, por lo que se cambió la versión para atribuirlo al magnate tecnológico Elon Musk.
Aun cuando la diferencia en estas cifras oficiales era de 700 mil votos y el 20 % de actas faltantes comprometía alrededor de 2,5 millones de votos, Amoroso declaró los resultados “irreversibles” y se apresuró a proclamar a Maduro el 30 de julio. Cinco días después, sin publicar aún los resultados en cada mesa de votación y con la página web del CNE caída, dio un segundo boletín en el que ratificó al gobernante con el 96,87 % de actas escrutadas, ampliando su ventaja a 51,9 % (6,4 millones de votos) frente a 43,1 % de González (5,3 millones).
Actas en mano
En la madrugada del 29 de julio, María Corina Machado y Edmundo González se dirigieron al país. Allí desconocieron los resultados del primer boletín del CNE, basados en los sondeos de boca de urna y los conteos independientes hechos durante el escrutinio que arrojaban una victoria del candidato opositor con cerca del 70 % de los votos. Y planeaban demostrarlo a través de las actas recogidas por los testigos.
Durante el 29 y 30 de julio, el Comando con Venezuela recibió las copias de las actas de votación recogidas por los testigos, y protegidas incluso a costa de su persecución. Todas fueron digitalizadas y procesadas en un portal web que se lanzó el 30 de julio. Allí se podía consultar los resultados de cada mesa electoral (algo que todavía no ha hecho el CNE) e incluso acceder a la imagen real del acta. En redes sociales varios usuarios aseguraron que las actas publicadas coincidían con los resultados anunciados en sus centros durante la verificación ciudadana, dando por legítima la evidencia.
De acuerdo con el portal Resultados con Venezuela, para el 2 de agosto la oposición ha logrado recuperar 81,7 % de las actas. Esto le permite tener un resultado esta vez irreversible, en el que Edmundo González gana con el 67 % de los votos (7,2 millones), mientras Maduro obtuvo el 30 % (3,2 millones). Actualmente el portal, y sus páginas de respaldo, están bloqueados en los proveedores de Internet venezolanos por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Estallido
El 29 de julio el país despertó al ruido de las cacerolas. En Caracas y varias ciudades del país se registraron protestas espontáneas de personas que rechazaban los resultados del CNE a favor de Maduro. Estas manifestaciones fueron especialmente intensas en los sectores populares, con disturbios que alcanzaron el centro de la capital y llegaron a pocas cuadras del Palacio de Miraflores.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) contabilizó alrededor de 564 protestas que abarcaron gran parte del país, aunque con mayor foco en Distrito Capital, Anzoátegui, Miranda, Lara y Nueva Esparta. Muchas de estas manifestaciones estuvieron marcadas por la destrucción de propaganda electoral de Maduro, así como el derribo de al menos ocho estatuas del expresidente Hugo Chávez.
Todas estas protestas fueron fuertemente reprimidas por los cuerpos de seguridad, sobre todo por la Policía Nacional Bolivariana (PNB). También se reportaron ataques de colectivos armados, quienes dispararon contra estas manifestaciones. La plataforma Monitor de Víctimas calcula que de 19 muertes reportadas durante las protestas postelectorales, seis ocurrieron a manos de colectivos, tres por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 1 por la policía y por comisiones mixtas, mientras 8 aún no se ha podido determinar su autor.
Casi todas las muertes, así como los reportes de heridos, presentan heridas por arma de fuego. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, otras heridas que presentan los heridos, entre ellos tres menores de edad, fueron por armas de represión (perdigones, lacrimógenas) y traumatismos en el tórax, cuello y extremidades.
Igualmente, el fiscal Saab reportó la muerte de un sargento de la GNB en el estado Aragua y 48 funcionarios heridos. Saab hasta el momento ha negado la muerte de manifestantes durante las protestas, llegando a asegurar que son “teatralizadas” con salsa de tomate.
Dudas sobre el proceso
La controversia por los resultados ha levantado cuestionamientos sobre la credibilidad del Poder Electoral. Diferentes organizaciones e instituciones venezolanas han pedido al gobierno venezolano que permita la publicación de las actas de votación para comprobar quién fue el verdadero ganador de las elecciones. Algo que también resonó entre figuras que fungieron como observadores internacionales, como los expresidentes Ernesto Samper (Colombia) y Leonel Fernández (República Dominicana).
Después de sacar a su equipo de trabajo del país, el Centro Carter, organismo que el propio ministro de Defensa Vladimir Padrino López reconoció por su seriedad, publicó un comunicado. Declaró que la elección presidencial en Venezuela “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. También descartó la tesis del hackeo del sistema electoral esgrimida por el oficialismo.
El excandidato Enrique Márquez también se pronunció para denunciar que, de acuerdo al testimonio de su testigo que sí pudo estar en el CNE el día de los comicios, el primer boletín leído por Amoroso no se imprimió en la Sala de Totalización como dicta el protocolo, y ratificó que sus actas no coinciden con el resultado oficial. “No sé de dónde sacó ese papel”, declaró. Incluso otros candidatos de la oposición prosistema como Antonio Ecarri, Claudio Fermín o Javier Bertucci hicieron llamados al CNE para publicar las actas.
Posición internacional
La crisis electoral venezolana alcanzó un impacto regional. Si bien algunos países como Bolivia, Honduras y Nicaragua reconocieron el triunfo de Maduro, la mayoría expresó su preocupación por la opacidad de los resultados y se sumó a la exigencia de realizar una auditoría que permita validar la transparencia del proceso. Esto incluye también a Estados Unidos y la Unión Europea.
No todas las respuestas fueron bien recibidas. El gobierno de Maduro rompió relaciones diplomáticas con Perú al ser el primer país en catalogar lo ocurrido como fraude electoral y reconocer la victoria de Edmundo González. También expulsó a los cuerpos diplomáticos de Argentina, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Uruguay y Panamá por cuestionar los resultados del CNE.
La situación llevó a una reunión de emergencia en la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se propuso un acuerdo para exigir a Venezuela la publicación de las actas y respeto a los derechos humanos de los manifestantes. No se lograron los 18 votos necesarios para su aprobación, que contó con 17 países a favor, 11 abstenciones y 5 ausencias. Ninguno votó en contra.
El 1° de agosto Estados Unidos se convirtió en el segundo país en reconocer a González como el verdadero ganador de las elecciones. A este se sumaron horas después los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Panamá. Por su parte, los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, se mantienen como mediadores en presuntas negociaciones que medios de comunicación internacionales han reseñado que se sostienen con Washington y Caracas para buscar una salida pacífica al conflicto.
Vía judicial
El 31 de julio Nicolás Maduro se reunió con los magistrados del TSJ para introducir un recurso contencioso electoral sobre el resultado de las elecciones. “Acudo al máximo tribunal para que se aboque y cite, como es su facultad, a todas las instituciones, a los 38 partidos, y coteje completamente lo que ha sido este ataque a centros electorales y todos los elementos de prueba”, afirmó.
Al día siguiente, la Sala Electoral declaró con lugar la solicitud y convocó a los 10 candidatos a comparecer ante esa instancia. El tribunal además les ordenó consignar sus copias de las actas electorales para proceder con una investigación y verificación de las mismas.
La Plataforma Unitaria desestimó su participación en el acto. Abogados como Perkins Rocha y Delsa Solórzano explicaron que el recurso interpuesto por Maduro ante el TSJ no existe en la legislación venezolana. Indicaron que es el CNE y los candidatos quienes deben rendir cuentas por las irregularidades del proceso, y que la Sala Electoral no tiene competencias para asumir la totalización de los resultados y proclamación de un ganador. También recordaron la poca credibilidad del TSJ, demostrada en el carácter arbitrario de sus sentencias, parcializadas a favor del oficialismo.
El 2 de agosto se realizó la audiencia en el TSJ con Maduro y todos los candidatos, excepto González Urrutia. Efectivamente, sin haber hecho aún su investigación, la presidente del tribunal, Caryslia Rodríguez, certificó los resultados como “irreversibles” y llamó a los presentes a firmar un acta de notificación en el que se comprometían a reconocer los resultados. El único candidato que se negó a firmar fue Enrique Márquez, quien reiteró su exigencia de una auditoría independiente de las actas de votación.
Represión
Mientras reina la incertidumbre sobre los resultados electorales, Venezuela se sumerge en una espiral de represión y persecución política que ha levantado alertas en la comunidad internacional. El fiscal Saab ha reportado que actualmente existen más de mil personas detenidas por las protestas poselectorales, a quienes se les imputarán cargos como terrorismo e incitación al odio.
Igualmente, el propio Maduro aseguró el 1° de agosto que adecuará las cárceles de Tocorón y Tocuyito para albergar a los “guarimberos”, como denomina a los manifestantes, y que funcionarán como “centros de reeducación”. También instó a sus seguidores a delatar a los dirigentes opositores o manifestantes de su comunidad a través de aplicaciones como Ven App o grupos de mensajería, los cuales se remiten directamente a organismos de inteligencia.
Por su parte, la oposición ha denunciado que ha recrudecido la persecución contra los miembros de mesa y testigos electorales que participaron en las primarias. También que el 2 de agosto fue vandalizada la sede de Vente Venezuela en Caracas, en un aparente intento de robar las actas electorales en su poder.
El 30 de julio el coordinador político nacional de VP, Freddy Superlano, fue detenido por agentes sin identificar, y hasta la fecha se desconoce su paradero, en lo que sus abogados catalogan como una desaparición forzada. Misma situación con activistas de Vente Venezuela, sindicalista y líderes sociales que las últimas horas han sido reportados como detenidos o desaparecidos, con allanamientos y procedimientos que violan el debido proceso.
Aun así, y a pesar de que también han tenido que resguardarse por su seguridad, María Corina Machado y Edmundo González continúan sus actividades de calle para exigir la verificación de las actas del CNE y demostrar la victoria de la oposición en los comicios. Han reiterado el carácter pacífico, incluso familiar de estas manifestaciones, a pesar desde las cúpulas del poder la negativa a facilitar una transición pacífica y democrática arrastra al país hacia una nueva crisis política.
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