La iniciativa civil Cadena de Abrigo desplegó una red de voluntarios en centros hospitalarios y refugios para levantar y verificar información sobre la situación de los niños y adolescentes afectados por los terremotos del 24 de junio en Venezuela.
El proyecto busca contrastar los reportes que se difunden en plataformas digitales de acceso abierto mediante el monitoreo directo en los puntos de atención médica y resguardo institucional.
El promotor de esta organización, el escritor Darío Ramírez, explicó en una entrevista para El Diario los hallazgos registrados por su equipo a 9 días de los movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5.
Ramírez, quien se ha desempeñado como asesor en materia de políticas públicas de infancia, señaló que el objetivo central de la red es asegurar la trazabilidad y veracidad de los datos vinculados con los derechos de los menores de edad durante la contingencia.
“Ver esta noticia desde afuera impacta mucho. Lo primero en lo que pensé fue en los niños, porque toda mi vida he trabajado para el bienestar de niños, niñas y adolescentes vulnerables. Soy papá adoptivo, he sido padre acogente, entonces también entiendo mucho esa dinámica y aparte de eso he asesorado en políticas públicas para niños y entendía muy bien que lo que empezaba a darse como esta tragedia iba a desencadenar una serie de factores de los que había que estar pendiente”, señaló.
Vacíos de data y desinformación
Uno de los principales nudos críticos identificados por la organización radica en el manejo de las plataformas digitales informales, las cuales operan sin filtros técnicos en medio de la emergencia.
Al respecto, el promotor de Cadena de Abrigo advirtió sobre los peligros de validar portales digitales que no aplican metodologías de contraste en zonas de desastre.
“La información sobre niños y adolescentes vulnerados tras los terremotos no es clara porque el país no cuenta con una institucionalidad fuerte y eso hace que no haya una data firme. Tenemos páginas web que se han creado con personas en el exilio o incluso en Venezuela que están publicando sin verificar y eso hace que sea poco fiable”, apuntó el experto.
Para subsanar estas distorsiones, el equipo de voluntarios del proyecto procedió a levantar información primaria directamente en las salas de ingreso de las clínicas, centros públicos de salud y campamentos de asistencia. Las inspecciones en campo arrojaron conclusiones que matizan las alarmas generalizadas en entornos virtuales.
“Nos hemos dado cuenta de dos cosas. La primera es que no hay niños solos, todos están con familiares. Esto no quiere decir necesariamente que sean papá y mamá, no quiere decir que no haya niños que hayan perdido a sus padres, pero están con una tía, una abuela, están con familiares”, dijo Ramírez.
El especialista agregó que, fuera de estos perímetros formales de control, existen zonas geográficas complejas de monitorizar donde es imposible determinar si se han producido extravíos aislados, pero aclaró que el desamparo masivo no es un fenómeno verificado dentro de la infraestructura oficial de atención.
Paralelamente, Ramírez enfatizó que como comunicador social le motiva comprender las causas detrás de los bulos que circulan en la opinión pública.
“Nos hemos dado cuenta también que hay mucha información falsa circulando y esto nos lleva a una desinformación muy grande del tema de la niñez. Estamos tratando de entender por qué está pasando y por qué se está promoviendo tanto y por qué se está jugando tanto con esa información”, puntualizó.
Análisis de las denuncias
La evaluación de las alertas ciudadanas publicadas en redes sociales muestra patrones técnicos recurrentes, por lo que el equipo de Cadena de Abrigo analizó los registros audiovisuales e hilos de denuncias comunitarias, en las que encontró debilidades de índole probatoria en la mayoría de los casos de presunto rapto o desaparición.
“Nos hemos dado cuenta que en lo que son niños perdidos, en la mayoría de los casos que vemos en redes sociales, al analizar esos videos, las personas muestran una foto del niño o de la niña y no muestran ninguna otra prueba, de repente una foto junto con ellos, y los testimonios suelen ser que una tercera persona vio al niño vivo montarse en un carro, vio al niño vivo irse con alguien más. No suelen ser los denunciantes quienes lo vieron”, resaltó el comunicador.
Bajo este análisis, Ramírez planteó que existe una alta probabilidad científica y logística de que muchos de los menores reportados como desaparecidos sigan tapiados en las estructuras colapsadas.
Protocolos de custodia
La respuesta del Estado frente a los escenarios de orfandad parcial o total debe ajustarse a las normativas internacionales de protección, un área en la que el entrevistado observó debilidades debido a la precarización de las instituciones locales.
En condiciones regulares, los marcos jurídicos obligan a abrir investigaciones multidisciplinarias previas a la reubicación de un menor de edad.
“Nos enfrentamos un gran problema que es la falta de institucionalidad con respecto a las políticas en estos casos. En todos los países, incluyendo Venezuela, si un niño queda solo o en situación de orfandad de padre y madre, empieza un proceso legal en donde la autoridad competente para tratar estos temas, en conjunto con el ente judicial de niñez y familia, hacen una búsqueda dentro de sus familiares directos, y se hace una investigación a través de trabajadores sociales, abogados y psicólogos, en el cual se determina si esta familia tiene la capacidad de poder quedarse con el menor. Así se hace el proceso legal de entregar la patria potestad a la familia directa”, explicó.
Ramírez añadió que únicamente cuando el entorno consanguíneo carece de capacidades materiales o psicológicas para ejercer la crianza, se procede a declarar la inhabilitación del núcleo y se activa el protocolo de colocación familiar o adopción.
Este último procedimiento avanza mediante listas de espera nacionales estructuradas según rangos etarios elegidos por los solicitantes, un trayecto administrativo largo debido a que se transfiere la custodia legal definitiva a un nuevo entorno.
Apoyo psicológico necesario
En el contexto de la emergencia sísmica, Cadena de Abrigo advirtió que el traslado masivo de niños hacia albergues estatales temporales podría desencadenar daños emocionales severos y cuadros de estrés postraumático.
En ese sentido, el especialista exhortó a implementar jornadas de regularización acelerada en lugar de recurrir a la institucionalización.
“Tanto en el caso de que van a vivir con sus familiares, como en el caso de que vayan a ser adoptados, se requiere de un acompañamiento de adaptación para el niño o niña. Y sobre todo en casos como este, que son casos muy traumáticos, un acompañamiento psicológico para que esa adaptación se haga de la mejor manera”, destacó el fundador de Cadena de Abrigo.
El estratega argumentó que se tiene que buscar la manera de no revictimizar a los niños a través de un proceso sano, con acompañamiento psicológico y sin complicaciones.
“Si el Estado ahora, por ejemplo, tomara la decisión de que todos esos niños que perdieron a papá y mamá van a ser retirados y puestos en un albergue, eso puede revictimizar a los niños, puede hacerlos pasar por una doble sensación de pérdida y abandono. Lo ideal es evitar que los niños tengan que pasar por muchos lugares antes de llegar a una situación permanente y familiar”, señaló Ramírez.
Impacto y seguridad en albergues
Las secuelas de la tragedia del 24 de junio no se limitarán a la reconstrucción de obras civiles y remoción de escombros, desde la perspectiva de Cadena de Abrigo, ya que la dimensión psicológica y civil del fenómeno moldeará la crianza y el desarrollo de la población infanto-juvenil de la región costera.
“Lo más importante es entender que esto no es un problema de una o dos semanas, esto es un problema a largo plazo, esto marca una generación en una zona del país que va a crecer con este impacto en su vida y eso ya lo vivimos en 1999 con el tema de la vaguada en La Guaira”, rememoró Ramírez en la entrevista.
A la par de la atención psicológica, el activista urgió a resolver dos problemáticas operativas inmediatas en los campamentos y comunidades afectadas: el derecho a la identidad y la prevención de delitos contra la niñez y adolescencia.
“El Estado debería generar jornadas de renovación de documentos gratuitas para todas estas personas que pudieron haber sido impactadas por el terremoto”, sentenció.
Por otra parte, Ramírez alertó sobre la vulnerabilidad extrema que experimentan los menores de edad en entornos de cohabitación comunal desregulada, donde la falta de privacidad y el hacinamiento elevan de forma crítica los factores de riesgo de abuso físico y sexual.
“Tiene que haber un acompañamiento muy estricto de fuerzas de seguridad pública para evitar abusos dentro de los refugios, porque es algo que suele pasar en los refugios, como todo el mundo está en carpas, todo el mundo se está moviendo y termina viviendo una vida como más comunal, pueden existir este tipo de casos”, denunció el estratega.
Informes de UCAB y Cecodap revelan vacíos críticos en la protección de la infancia
La Facultad de Derecho y la Clínica Jurídica de Extensión Social de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), desarrolló la “Ruta de protección para niños, niñas y adolescentes ante desastres naturales”.
El instructivo, fundamentado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), establece un triaje legal para seis circunstancias críticas, delimitando las competencias de los Consejos de Protección (CPNNA) y los Tribunales de Protección.
La guía legal exige la presencia física obligatoria de defensores y consejeros de protección en centros asistenciales para evitar pérdidas o entregas informales de menores de edad. Los seis escenarios normados por los abogados ucabistas detallan estas acciones:
– Hallazgo e ingreso hospitalario: todo menor localizado sin su núcleo familiar ingresará a un expediente de protección inmediato con evaluación médica y triaje legal en las oficinas temporales habilitadas o centros de salud.
– Urgencia y resguardo inmediato: el CPNNA dictará simultáneamente las medidas de abrigo, asistencia (suministro de alimentos y medicinas) y localización de padres. Bajo un criterio de flexibilidad por el terremoto, se automatizarán las órdenes para que todo niño ingresado reciba de manera automática una medida de acompañamiento bio/psicosocial obligatoria para tratar el trauma agudo.
– Entrega a la familia ampliada: ante la aparición de tíos o abuelos, queda estrictamente prohibida la entrega a personas que no comprueben filiación.
– Ausencia absoluta de familiares: si no existen sobrevivientes conocidos, se dictará el abrigo en una familia sustituta o entidad de atención inscrita en el Idenna, bajo el principio rector de fratría, el cual obliga a procurar mantener juntos a los hermanos.
– Confirmación de fallecimiento o desaparición de los padres: transcurridos 30 días de la medida de abrigo, el caso pasa a los Tribunales de Protección para iniciar de forma expedita el trámite de tutela definitiva o el ejercicio unilateral de la patria potestad si solo uno de los progenitores falleció.
– Impedimento médico temporal de los padres: si los progenitores sobrevivieron pero se encuentran hospitalizados o incapacitados, el tribunal otorgará una colocación familiar provisional.
Por su parte, la organización Cecodap presentó su informe titulado “Niñez y adolescencia afectada tras el sismo: categorización de reportes públicos”.
Mediante una metodología de monitoreo periodístico que procesó datos de los tres primeros días de la emergencia (del 24 al 26 de junio), la ONG construyó una base de datos de acuerdo con listas hospitalarias, reporteo en campo y registros de redes sociales.
El diagnóstico confirmó que la región centro-norte costera fue la más perjudicada, procesando reportes de menores fallecidos, heridos, evacuados o rescatados en siete estados del país: La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Falcón, Miranda y Yaracuy.
El equipo técnico de Cecodap identificó cuatro nudos críticos de desprotección estructural durante las primeras fases de la respuesta pública:
– Falta de registro y trazabilidad: la ausencia de datos consolidados oficiales sobre edad, sexo y evolución médica en los traslados dificulta el seguimiento de casos por parte de los organismos competentes.
– Riesgo de separaciones familiares prolongadas: la elevada proporción de niños no localizados eleva las probabilidades de una separación extendida, lo que los expone a redes de trata, explotación o desprotección.
– Exposición de datos sensibles en redes sociales: el informe advirtió que, si bien las plataformas digitales sirvieron para la búsqueda ciudadana, se incurrió en la difusión masiva de fotografías, nombres y direcciones de las víctimas pediátricas sin criterios de protección.
– Invisibilización del impacto emocional: Cecodap denunció que la gestión de desastres se ha concentrado casi exclusivamente en las lesiones físicas, ignorando las secuelas psicoemocionales que genera el colapso de las viviendas y la pérdida de familiares.
Para revertir estas deficiencias, Cecodap planteó recomendaciones dirigidas al Estado y a las agencias humanitarias. Entre ellas destaca la creación de sistemas interoperables que unifiquen de manera inmediata los registros de los centros de salud, Protección Civil y el Sistema Rector Nacional de Protección Integral.
Asimismo, la ONG exhortó a priorizar la reunificación familiar bajo el principio del interés superior del niño, privilegiando el cuidado familiar temporal certificado por encima de la institucionalización en albergues públicos.
De igual manera, propusieron el diseño de protocolos de comunicación segura para evitar la revictimización en medios de comunicación y la incorporación de la salud mental infantil como un componente de primera respuesta en las comunidades afectadas.
