Gricelda Sánchez, coordinadora regional del Sindicato Unitario de Magisterio (Suma Caracas), cuestionó la falta de información oficial respecto al plan de reparación de instalaciones educativas afectadas tras los terremotos del 24 de junio.
Acotó que a un mes del inicio previsto para el ciclo escolar 2026-2027, el sector educativo mantiene dudas sobre las condiciones operativas de los planteles públicos e institucionales en el país por lo que exigen la publicación del presupuesto asignado y la nómina detallada de las escuelas que serán intervenidas.
Durante una entrevista concedida al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, la dirigente sindical puntualizó que el deterioro físico de las instalaciones no se restringe únicamente a las áreas impactadas por el fenómeno telúrico.
De acuerdo con los monitoreos de campo del gremio, resaltó que 7 de cada 10 instituciones educativas inspeccionadas presentaron fallas graves de infraestructura o interrupciones en el suministro de servicios básicos como agua y electricidad.
Inicio de clases
Luego de que el Ministerio de Educación fijó el 14 de septiembre como la fecha para el inicio de las actividades académicas, anunció la recuperación de más de 1.500 planteles en el país. Sin embargo, Sánchez recordó que el convenio colectivo vigente establece el 16 de septiembre como la fecha para el retorno a las aulas.
Sánchez hizo un llamado a los directores de los planteles a visibilizar el estado real de los colegios y la situación del personal.
Enfatizó que la defensa de los derechos laborales y de la infraestructura no debe catalogarse como una acción de carácter político partidista.
“No podemos normalizarlo. Tenemos décadas hablando de lo mismo y vamos a seguir hablándolo hasta que se resuelva”, manifestó la vocera sindical.
Reivindicaciones laborales
Además de la crisis de infraestructura en planteles educativos, la vocera de Suma Caracas enfatizó la pérdida del poder adquisitivo del magisterio venezolano como otro de los problemas que enfrenta el sector.
Señaló que los trabajadores de la enseñanza acumulan más de una década exigiendo sueldos ajustados al costo de la vida, además del restablecimiento de la cobertura de pólizas de salud y servicios funerarios.
En ese sentido, planteó la necesidad de salarizar los bonos que otorga el Estado para incidir de forma directa en las prestaciones sociales y los beneficios de los docentes activos y jubilados, quienes aseguró enfrentan dificultades económicas y asistenciales.
La dirigente sindical argumentó que un ajuste salarial real permitiría frenar el déficit de profesionales y reincorporar personal calificado al sistema público.
“Vemos que es un año más de improvisación, de cero escuchar a los docentes, a los trabajadores del sector de educación”, afirmó.
Otras exigencias del sector educativo
En materia de personal, Sánchez denunció que un total de 508 trabajadores del sector educativo continúan en condición de despido o suspensión de nómina, con mayor incidencia en los estados Zulia, Falcón y Barinas.
La vocera adelantó que se gestiona la restitución salarial de entre 60 % y 70 % de este grupo para el mes de septiembre, una vez completada la entrega de expedientes administrativos.
El balance gremial incluyó peticiones dirigidas a la protección nutricional y logística de los estudiantes.
Sánchez instó a las autoridades a reestructurar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para asegurar menús balanceados que incorporen proteínas y frutas en las cantidades requeridas por la matrícula de cada plantel, debido a que las asignaciones actuales de insumos alimentarios resultan insuficientes.
“Las escuelas no les dan comida para que ellos puedan alimentarse bien, que coman su fruta, que coman su proteína, que coman pollo”, declaró la representante de Suma Caracas.
Además, propuso la reactivación de rutas de transporte estudiantil para garantizar la movilidad de los alumnos desde sus comunidades hacia las aulas de clase.
